En las horas previas a que se iniciara la discusión en el Senado de la reforma laboral, que terminó con la media sanción gracias al respaldo de gobernadores aliados al proyecto libertario, el gobierno nacional avanzó en silencio con uno de los puntos que contiene uno de los cambios trascendentales en el mundo del trabajo. A través de una iniciativa enviada al Congreso, se busca trasladar el fuero laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo para transferir de manera gradual la Justicia Nacional del Trabajo con sede en CABA al ámbito local es una propuesta que tiene varios años, y establece “un traspaso progresivo de la competencia material y funcional de los Juzgados Nacionales del fuero Laboral y, en esta etapa, a la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”. El acuerdo mantiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los casos previstos por la Constitución Nacional, al tiempo que asigna al Tribunal Superior de Justicia de la CABA la función revisora en las causas del fuero laboral local. La iniciativa genera diversas opiniones entre los especialistas y gremios.
Según el texto del acuerdo que difundió el oficialismo, el traspaso se limita a conflictos laborales en el territorio porteño, con una nómina detallada de órganos judiciales, “evitando una absorción inmediata para garantizar el funcionamiento regular del servicio de justicia y prevenir disrupciones en las causas en trámite”. Este esquema respeta los límites constitucionales del federalismo judicial, excluyendo materias que permanecen bajo órbita nacional. Entre ellas, se destacan las causas donde interviene el Estado Nacional -ya sea a través de sus poderes u organismos descentralizados-, los litigios relacionados con asociaciones sindicales, seguridad social y aquellos con competencia federal por materia o partes involucradas.
Un aspecto central del acuerdo es el régimen transitorio diseñado para asegurar la continuidad. Las causas iniciadas antes de la vigencia del convenio seguirán su curso en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución final, mientras que los nuevos procesos se radicarán en el Fuero del Trabajo de la CABA una vez operativo el traspaso. En cuanto al personal, el convenio prioriza la protección de derechos adquiridos. Se garantiza la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad laboral y la preservación de los regímenes previsionales y de carrera para magistrados, funcionarios y empleados.
Perspectivas
La decisión de avanzar con esta propuesta ya fue criticada por la CGT y otros sectores sindicales, mientras otros están mirando cómo se implementará, más allá de la discusión legal por la constitucionalidad de avanzar con esta propuesta. En este sentido, desde la Federación Judicial Argentina (FJA) se mostraron expectantes respecto de esta medida. “En la medida que le den fondos, y se aprueben los presupuestos, estamos de acuerdo”, dijo el titular de la entidad, Matías Fachal, quien además es dirigente de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA). De esta forma, los trabajadores judiciales pondrán su esfuerzo si este nuevo instrumento se materializa. En diálogo con Data Gremial, Fachal, recalcó que esta mirada se basa en que el foro laboral porteño “no absorbe una estructura heredada, sino que crea una nueva, bastante más chica en comparación”.
Como titular de la Federación Judicial Argentina (FJA), el dirigente dijo que en la entidad “hay distintas miradas, a nadie se le escapa la utilización política de todo esto, ni el fin último que tienen representantes empresariales dentro de los gobiernos, pero a su vez también era una deuda de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”. Por su parte, Daniel Ghiraldo, especialista en derecho laboral, le dijo a Data Gremial sobre este cambio: “Buscan la destrucción del fuero nacional del trabajo al pasarlo a la órbita de CABA”. Para el abogado laboralista, esta es “una estrategia de colonización del fuero del trabajo, por sectores más afines al empresariado y las grandes corporaciones económicas”.
Compromiso
En tanto, en el acuerdo anunciado el Estado Nacional se compromete a transferir los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios, mientras que la CABA deberá implementar las medidas organizativas y normativas para la puesta en marcha del nuevo fuero. El acuerdo mantiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los casos previstos por la Constitución, al tiempo que asigna al Tribunal Superior de Justicia de la CABA la función revisora en las causas del fuero laboral local.
El traspaso queda condicionado a la aprobación del Congreso Nacional, la ratificación por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la emisión de actos administrativos para su implementación efectiva. Hasta entonces, el régimen actual se mantiene sin cambios, permitiendo un período de transición ordenado.