La Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) impugnó ante la Justicia Nacional del Trabajo los DNU 340/25 y 341/25 firmados por el presidente Javier Milei, que declara la educación esencial, al considerar que “vulneran derechos fundamentales de las y los trabajadores de la educación”. La acción fue encabezada por la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, y apunta directamente contra las medidas del oficialismo, con el objetivo de limitar el derecho a huelga, y que eliminan la participación del Estado en la Paritaria Nacional Docente.
"Este nuevo DNU es una copia del 70/23, ya declarado inconstitucional por la Justicia. Insistir con un acto nulo es una conducta nunca vista en la historia institucional de nuestra patria", expresó la conducción de CTERA en el comunicado oficial difundido este 28 de mayo. En ese marco, el sindicato sostuvo que la decisión del Gobierno Nacional representa "un notorio desprecio hacia el Poder Judicial de la Nación en el ejercicio de sus atribuciones legales".
La impugnación también alcanza al DNU 341/25, que elimina la obligación del Estado Nacional de participar en la negociación colectiva docente a nivel federal. Para CTERA, esta medida desconoce que la paritaria no es una concesión del poder ejecutivo, sino "una obligación para garantizar un salario justo y condiciones dignas a lo largo y ancho del país".
Ofensiva
En ese sentido, el gremio advirtió que este accionar se enmarca en una ofensiva más amplia de desfinanciamiento y vaciamiento de la educación pública. Mencionaron como ejemplos el brutal ajuste presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la paralización de obras de infraestructura escolar y la falta de inversión en formación docente.
"El desprecio hacia los docentes, hacia nuestras niñas, niños y adolescentes, es evidente", remarcó el texto de CTERA, que concluye con una frase contundente: "La democracia, la libertad sindical, la dignidad y los derechos de las y los trabajadores de la educación jamás serán avasallados". Desde el gremio nacional indicaron que continuarán apelando “a las vías judiciales y de movilización en defensa de la educación pública, la paritaria nacional y los derechos laborales conquistados”.
Respaldo
Por su parte, la Internacional de la Educación (IE) con sede en Bélgica “condenó” el decreto 340/25 del Gobierno argentino, que “limita el derecho de huelga del profesorado y otros sectores públicos” al considerarlo actividad esencial con la obligación de garantizar un servicio mínimo de entre el 50 y el 75 por ciento. La entidad también rechazó una propuesta de modificación del artículo 10 de la Ley 26.075 sobre financiación de la educación que, “de ser aprobada, pondría fin a la participación del Gobierno nacional en las negociaciones sobre el salario mínimo docente”. Fundada en 1993 y presidida por el sudafricano Mugwena Maluleke, la IE es la entidad que reúne a sindicatos de docentes y otros trabajadores de la educación de todo el mundo, con 375 organizaciones adheridas en alrededor de 180 países.
En un comunicado en su página web, la organización gremial lanzó un “llamamiento a la solidaridad con los y las docentes y sindicalistas de la educación en argentina, quienes enfrentan importantes ataques contra sus derechos de huelga y de negociación colectiva”. “La IE se solidariza plenamente con nuestras organizaciones afiliadas en el país: la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)”, indicó el escrito.
Respecto del decreto 340/25 publicado el 21 de mayo de 2025 en el Boletín Oficial, la IE sostiene que declara a la educación como un "servicio esencial", pero "sólo con el propósito específico de restringir la acción gremial”. “Los sindicatos docentes han denunciado unánimemente este decreto como inconstitucional e injusto, así como una grotesca violación de su derecho a la huelga”, expresa el texto. Además, recuerda que “intentos similares de limitar el derecho de huelga del profesorado argentino han sido previamente declarados inconstitucionales por tribunales nacionales y condenados por organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.