La publicación de la reglamentación de la reforma laboral profundizó el rechazo de distintos sectores sindicales. Uno de los dirigentes que salió a cuestionar con dureza el nuevo marco normativo fue Rubén Crosta, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora (CEC Lomas), quien aseguró que las medidas impulsadas por el Gobierno nacional implican un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.
“Llaman modernización a un retroceso brutal. Nos quieren convencer de que flexibilizar y precarizar es progreso, cuando en realidad están borrando de un plumazo derechos que costaron sangre, como la jornada de ocho horas, que ahora queda sujeta al criterio arbitrario de los empleadores, que encima pueden despedir sin costo a quien no acepte esas condiciones”, sostuvo el dirigente mercantil.
Para Crosta, la reglamentación no busca generar empleo ni mejorar las condiciones de trabajo, sino modificar de manera estructural el vínculo entre trabajadores y empleadores, debilitando las herramientas de protección conquistadas a lo largo de décadas.
Restricciones al derecho de huelga
Uno de los puntos más cuestionados por el dirigente sindical es el alcance de las limitaciones que la reglamentación impone sobre las medidas de fuerza y la protesta gremial.
“Se trata de un disciplinamiento feroz: el trabajador que se atreva a reclamar puede terminar no sólo en la calle, sino también frente a un juez penal”, advirtió.
Según explicó, el nuevo esquema genera un escenario de persecución hacia quienes intenten ejercer el derecho constitucional de huelga y abre la puerta a conflictos judiciales de gran magnitud.
En ese sentido, recordó que la Confederación General del Trabajo (CGT) ya anticipó que avanzará con distintas presentaciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad de varios aspectos de la reglamentación.
“La reglamentación choca de frente con los tratados internacionales. Pretenden limitar un derecho que la comunidad internacional reconoce como esencial. Esto no sólo es injusto, es inconstitucional”, afirmó.
Asimismo, recordó que recientemente la Corte Internacional de Justicia, a pedido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificó que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio Nº 87 de libertad sindical, instrumento que posee jerarquía constitucional en la Argentina.
La indemnización, convertida en un mecanismo financiero
Otro de los aspectos cuestionados por Crosta fue el nuevo esquema de fondos de cese laboral impulsado por la reforma, que busca reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones.
“El dinero que antes representaba una garantía para el trabajador despedido ahora se convierte en una timba de mercado”, sostuvo.
Para el dirigente, el mecanismo traslada recursos vinculados a la protección laboral hacia circuitos financieros sin ofrecer garantías suficientes para quienes eventualmente deban percibir esos fondos.
“Lo que antes era un resguardo para el trabajador despedido ahora se convierte en una apuesta financiera. El dinero que debía ir a las cajas jubilatorias se desvía a la bolsa, con cero riesgo para los empleadores. Si las inversiones son rentables, la sociedad de bolsa se queda con las ganancias; si el mercado se desploma, como ocurrió en 2008 en Estados Unidos, nadie garantiza la integridad del fondo. Es un mecanismo perverso que convierte la indemnización en una ruleta financiera”, cuestionó.
Avance sobre la representación sindical
Crosta también advirtió sobre las consecuencias que la reglamentación podría tener sobre la organización gremial y la negociación colectiva.
Según explicó, el nuevo esquema promueve la fragmentación de la representación de los trabajadores, limita la acción de los delegados sindicales y debilita los convenios colectivos de trabajo.
“Todo esto demuestra que el principal objetivo de lo que llaman modernización es en realidad el debilitamiento y la destrucción de las estructuras de defensa de los trabajadores, rompiendo definitivamente el modelo tripartito de organización de los sistemas laborales que prima en todos los países desarrollados del mundo”, señaló.
Para el dirigente mercantil, el conjunto de medidas forma parte de una estrategia destinada a reducir el poder de negociación de los sindicatos y a individualizar las relaciones laborales.
“Esta ley no genera trabajo, genera miedo”
Finalmente, Crosta ratificó las críticas que ya había formulado cuando la reforma laboral fue aprobada por el Congreso y aseguró que la reglamentación profundiza las consecuencias negativas que, a su entender, tendrá la normativa sobre el mundo del trabajo.
“Esta ley no genera trabajo, genera miedo. Y ahora, con la reglamentación, ese miedo se institucionaliza”, concluyó.