Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena por crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Martín dispuso la detención del ex jerarca de Ford Motor, Pedro Müller, quien permanecerá en arresto domiciliario en Córdoba hasta que se defina su situación.
El ex representante de la compañía, de 95 años, recibió la confirmación por parte del máximo tribunal de la nación, que lo hizo con una composición especial que ratificó la condena que el TOF 1 había dictado en diciembre de 2018, el representó el primer fallo en el que se reconocía que las empresas multinacionales se articularon con las Fuerzas Armadas para llevar adelante un plan criminal.
Müller entró a la firma a principios de los años ’60 y, en 1976, ostentaba el cargo de gerente de Manufactura de una fábrica en la que trabajaban aproximadamente 7200 personas.
Según se reconstruyó durante el juicio a partir de los testimonios que ofrecieron distintos empleados de la empresa, Müller era el reemplazante natural de Nicolás Courard, presidente de Ford, cuando este no estaba. De hecho, participó en prácticamente todas las reuniones de directorio que se hicieron en 1976.
En ese contexto, Courard mostraba públicamente su adhesión a la dictadura, como surge de la causa. Fue tan así que en 1980, cuando se inauguraron las obras para la construcción de la planta de camiones, Courard afirmó ante José Alfredo Martínez de Hoz que “Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino”.
Asimismo, en febrero de 1976, Courard le había concedido una entrevista al New York Times en el que declaró: “Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día”.
La dictadura en la fábrica
De acuerdo a lo que informó Página 12, las detenciones de obreros de Ford comenzaron desde el mismo día del golpe de Estado, ya que el 24 de marzo de 1976 hombres armados ingresaron a la planta de General Pacheco para secuestrar a operarios. Al día siguiente, el gerente de Relaciones Laborales informó que toda actividad gremial quedaba prohibida.
Por eso, el TOF 1 de San Martín sostuvo la “intervención” de la empresa quedó acreditada de distintas maneras: señalar a los obreros conflictivos, permitir la instalación militar en la fábrica, habilitar el montaje de un centro clandestino de detención y tortura en el quincho del predio, proveer camionetas para los secuestros y aumentar los niveles de exigencia y explotación.
Bajo ese contexto, 24 trabajadores fueron secuestrados, de los cuales 17 fueron privados de su libertad en sus propios puestos de trabajo, mientras que 9 terminaron llevados al quincho y torturados. Luego fueron conducidos a otros centros clandestinos.
Debido a los hechos mencionados, el TOF 1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros (comandante de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo), Héctor Sibilla (militar retirado y jefe de seguridad de Ford) y Müller, que recibió la pena de diez años de prisión.
En 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. Alejandro Slokar y Carlos Mahiques ratificaron la sentencia contra Sibilla y Müller.
En tanto, a fines de marzo de 2022, sus colegas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci le concedieron un recurso a Müller para ir a la Corte bajo el argumento de que se había afectado el principio de inocencia
Cabe destacar que Müller es representado por Nicolás Corletto y Mariano Grondona, con el patrocinio de Alberto Garay, quienes argumentaron que Müller fue condenado por haber sido gerente de Ford, pero que no se le puede endilgar el rol que tuvo la empresa.
Controversia en la CSJN
El tema generó divisiones en la Corte, dado que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no se pusieron de acuerdo, por el cual tuvieron que convocar conjueces: Fernando Poviña (Cámara Federal de Tucumán) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de San Martín). Lorenzetti después optó por no pronunciarse.
Poviña y Pérez Curci conformaron la mayoría junto con Rosatti, presidente del máximo tribunal, dado que ratificaron que los civiles pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y que debe ser considerado el contexto en el que los crímenes fueron cometidos.
En ese sentido, destacaron que la represión dictatorial se había enfocado en el mundo del trabajo. Citaron, por ejemplo, que el informe Nunca Más sostenía que más del 30 por ciento de los desaparecidos eran obreros y que en ese trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) se había destacado la represión contra los operarios de Ford.
Rosenkrantz, por su parte, sostuvo que no había pruebas para condenar a Müller y que, en todo caso, la responsabilidad de la empresa por los crímenes de la dictadura debía ceñirse al rol que desplegó el fallecido Sibilla, que era quien tenía trato directo con los militares. Asimismo, tomó una durísima postura al considerar que los jueces no debían funcionar como historiadores, sociólogos o politólogos.
En los organismos de derechos humanos remarcaban que Rosenkrantz suele mostrar estos posicionamientos cuando se trata de evaluar el rol de los empresarios en casos de lesa humanidad.
El viernes, la defensa de Müller se presentó rápidamente ante el TOF 1 de San Martín para pedir que se le otorgara el arresto domiciliario en función de su avanzada edad.
Por lo que sus defensores debían moverse rápido porque el TOF 1 había establecido que, una vez que quedara firme, la sentencia debería cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Hasta tanto el TOF 1 resuelva el planteo, Müller estará detenido en su casa de Córdoba.
Al respecto, la abogada querellante, Elizabeth Gómez Alcorta, manifestó: “Como los tiempos del Poder Judicial son muy extensos, es muy triste que muchos de los compañeros que batallaron por este juicio, y pongo en cabeza de Pedro Troiani, no hayan llegado con vida a ver la sentencia firme y que se ordenara la detención de Pedro Müller. Es una injusticia que se suma a todo lo que han tenido que atravesar, no solo por ser víctimas del terrorismo de Estado, sino también por padecer un Poder Judicial que no asume sus responsabilidades para una vida democrática”.
“Es muy importante porque hoy se están juzgando dos causas por responsabilidad empresarial, como son Molinos Río de la Plata y Mercedes-Benz, y estamos a la espera de La Fronterita y Ledesma”, finalizó.