Los trabajadores universitarios llamaron a defender los convenios colectivos de trabajo y anunciaron su adhesión a la movilización del 11 de febrero contra el proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) resolvieron continuar en estado de “alerta y movilización” tras un encuentro virtual de su Consejo Directivo Nacional. “Este 11 de febrero, desde la CGT, salimos a las calles en todo el país para decir no a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Se trata de una iniciativa que avanza sobre derechos conquistados, debilita los convenios colectivos y profundiza la precarización del trabajo” plantearon los docentes y nodocente, en un documento conjunto.
“No es modernización. Es ajuste sobre las y los trabajadores = es precarización. Defendamos el trabajo argentino, la dignidad laboral y la organización sindical. Sigamos luchando en unidad, solidaridad y organización“, resaltaron en el comunicado publicado en redes sociales. Los trabajadores nodocentes, además, advirtieron sobre la emergencia presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas por la falta de recursos previstos en el Presupuesto 2026.
Además, los gremios del sector no descartan ir a un paro en marzo en reclamo por la Ley de Financiamiento y la convocatoria a paritarias. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la titular de CONADU, Clara Chevalier. El Gobierno promulgó la ley financiamiento universitario (Ley 27.795) el 21 de octubre de 2025, luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
Congreso de la FATUN
En tanto, el Consejo Directivo Nacional de FATUN resolvió el jueves pasado continuar en “estado de alerta y movilización permanente” ante la situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas. El encuentro se realizó de manera virtual desde la Ciudad de Buenos Aires y reunió a representantes de los sindicatos no docentes de todo el país.
Uno de los puntos centrales del documento aprobado es la declaración del “estado de emergencia presupuestaria y salarial en cada universidad nacional”, en rechazo a la insuficiente asignación de recursos prevista en la Ley de Presupuesto Nacional 2026. Desde la federación advirtieron que el actual esquema de financiamiento “compromete seriamente el funcionamiento de las universidades públicas y las condiciones laborales de sus trabajadores”.
En ese marco, FATUN exigió el cumplimiento efectivo de la ley de Negociación Colectiva, con la inmediata convocatoria a la Comisión Paritaria de Nivel General. El reclamo incluye la recomposición salarial, la capacitación, la salud laboral y la mejora de las condiciones de trabajo del sector no docente, que viene denunciando una fuerte pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. Además, la federación resolvió avanzar con acciones gremiales, políticas y judiciales para exigir la reglamentación y plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad del sistema público de educación superior.
Contra la reforma
Otro eje central del pronunciamiento fue el rechazo al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno nacional. FATUN ratificó su adhesión al plan de acción que defina la CGT en su reunión del 6 de febrero y anticipó que intensificará las gestiones ante legisladores y gobernadores para frenar la iniciativa.
Desde la organización sindical alertaron que la reforma laboral “avanza sobre derechos conquistados” y se inscribe en una política de ajuste que también impacta de lleno en el sistema universitario. En el mismo sentido, manifestaron preocupación por el avance del proyecto de Ley de Libertad Educativa, al que consideran una amenaza para la universidad pública.