Durante este año, varias veces la CGT alertó sobre la dura realidad que viven las obras sociales sindicales, jaqueadas por la baja de los recursos y el aumento del valor de las prestaciones. El fin de semana, un informe de la central sindical alertó que el 78,5 por ciento de los beneficiarios de las entidades genera “aportes insuficientes” para cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO). Se trata de 11 millones de afiliados que están en esa situación. Tras tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, los gremios reclaman medidas para afrontar el aumento de los costos y los problemas en las prestaciones.
Esta realidad financiera aumenta las dificultades para pagar a los prestadores y garantizar la continuidad de los servicios. El diagnóstico surge de un informe elaborado por la central obrera, que describe un deterioro de los ingresos del sistema de salud sindical frente al incremento de los costos médicos, los medicamentos y las prestaciones de alta complejidad. Uno de los datos centrales del informe de la CGT indica que el 78,5 por ciento de los beneficiarios de las obras sociales nacionales, equivalente a más de 11 millones de personas, no genera recursos suficientes para financiar las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). El sistema se sostiene principalmente con aportes de trabajadores y contribuciones patronales, que representan en conjunto el 9 por ciento del salario.
Sin embargo, la central sindical calcula que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ronda el 30 por ciento, mientras que los costos de los servicios médicos aumentaron por encima de la inflación general. Esta diferencia entre ingresos y gastos afecta la capacidad de las obras sociales para afrontar sus obligaciones. En el documento, la CGT describió una situación económica y financiera grave que, para numerosas entidades, resulta “casi terminal” debido a las dificultades para garantizar prestaciones asistenciales básicas.
Respuesta
La falta de financiamiento también repercute sobre las organizaciones sindicales que administran las obras sociales. Según el informe, numerosos gremios deben transferir recursos de sus propias estructuras para evitar la interrupción de pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores de medicamentos.
El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo advirtió sobre esta situación y la comparó con la crisis que atravesaron los sindicatos durante la década de 1990. Barrionuevo señaló que el financiamiento de las obras sociales con fondos gremiales puede terminar afectando otras actividades que desarrollan los sindicatos, como establecimientos educativos, servicios recreativos y programas destinados a sus afiliados. La CGT sostiene que los problemas financieros también repercuten en los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y en la continuidad de determinadas prestaciones. De acuerdo con el relevamiento sindical, la capacidad de compra de medicamentos de las obras sociales se redujo, en promedio, un 40 por ciento.
Encuentros reservados
Según informó Infobae, representantes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Sin embargo, los dirigentes sindicales aseguran que todavía no recibieron respuestas concretas a sus propuestas. El último encuentro se realizó a fines de septiembre y, desde entonces, las organizaciones gremiales sostienen que las dificultades financieras se agravaron. Según los dirigentes sindicales citados por Infobae, las tres reuniones realizadas con Mario Lugones todavía no derivaron en un acuerdo sobre las medidas reclamadas por las obras sociales.
El ex superintendente de Servicios de Salud Luis Scervino, actualmente vinculado con la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, señaló que el sistema enfrenta una combinación de caída de ingresos y aumento sostenido de los gastos médicos. “Estamos en una encerrona”, afirmó, al explicar que el financiamiento basado en salarios pierde capacidad para sostener prestaciones cuyos costos continúan creciendo. Scervino también advirtió que las dificultades para afrontar determinados tratamientos terminan generando reclamos judiciales.
Otro de los principales reclamos de la central obrera está relacionado con la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este mecanismo se financia con aportes y contribuciones y permite efectuar reintegros a las obras sociales por determinadas prestaciones. Según los datos difundidos por la CGT, cerca del 90por ciento de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones por discapacidad, que representan un gasto aproximado de 160 mil millones de pesos mensuales.