Mediante una comunicación oficial, el titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) Roberto Fernández le alertó al ministro de Salud nacional Mario Lugones sobre la realidad que viven las obras sociales sindicales. En su rol de presidente de la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, el experimentado dirigente expuso ante el funcionario la situación de la entidad y planteó que la crisis afecta al conjunto de las entidades sindicales.
“Las obras sociales son los agentes naturales y principales actores del sistema. Sin embargo, dichas entidades se encuentran en un estado económico sumamente crítico que compromete su existencia y amenaza con un cambio radical en la cobertura de salud para más de la mitad de la población de nuestro país”, sostuvo el documento, uno de los primeros que puso en la agenda la muy compleja situación que se vive en materia de atención.
Por estos días, muchas de estas organizaciones están en una situación similar a la descripta por el titular de la UTA. El aumento de los valores de los insumos, y la baja en la cantidad de aportantes –productos de los despidos –están dejando a la seguridad social en “una crisis terminal”, como alertó Fernández y el resto de la dirigencia.
La realidad de la seguridad social –que forman las obras sociales y las prepagas –viene ocupando parte de la agenda de los dirigentes de los principales gremios. Para muchos, el retiro del Estado nacional de sus obligaciones en materia de salud es la primera movida contra la atención de los trabajadores. El brutal ajuste en la estructura del Ministerio de Salud nacional, que este año se cristalizó en uno 70 mil millones de pesos, fue el inicio de una maniobra que derivó en el desfinanciaminto del sector. “Le tiran la pelota de la salud a las provincias”, dijo un dirigente a Data Gremial respecto de la situación de la atención.
Esto repercute en las obras sociales, que tienen que asumir tareas que antes no estaban en su agenda. “El deterioro del sector público sobrecarga clínicas y sanatorios, y pone en evidencia la debilidad de un sistema que debe complementarse”, agregó el mismo dirigente consultado, que aseguró que muchas de las cuestiones se hacen sentir en localidades como Mar del Plata, donde la atención en clínicas y sanitarias está “desbordada”.
El reclamo de Fernández apuntó directo a Lugones porque la superintendencia está en pleno proceso de reestructuración, luego de la salida de su titular. Mediante el decreto 1152/2026, se confirmó la salida de Claudio Stivelman, y se estableció que Guevara asuma ese cargo. El comunicado oficial dijo que el funcionario dejó el cargo “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”, pero no mencionó motivos concretos. Guevara es ingeniero y viene del sistema privado, donde se desempeñó durante más de una década como director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Se lo identifica como un dirigente cercano al cuestionado ministro, lo que refuerza su influencia sobre el organismo que controla a las obras sociales y las prepagas. Según el Gobierno, tendrá la tarea de “impulsar la libertad de elección de los beneficiarios” y “promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, es decir, de profundizar el rumbo que ya traía la gestión anterior. Stivelman había asumido el 28 de junio de 2025, en reemplazo de Gabriel Oriolo, y estuvo al frente de la SSS poco más de un año.
Estado de alerta
En este contexto, una reciente medida del gobierno nacional preocupa a las obras sociales, porque puede aumentar el valor de un insumo clave para el sector: Los medicamentos. En las entidades se encendieron las alarmas por una medida de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) vinculada a tratamientos de alto costo que podría terminar con un aumento de su valor, y por ende de lo que deben pagar mediante la cobertura.
Se trata de la disposición 5461/2026, que establece una tasa “sobre el despacho a plaza calculada sobre el valor FOB de la mercadería, con una alícuota general del 1,5 por ciento y una reducida del 1,25 por ciento para operaciones de mayor volumen”. Esto pude encarecer los tratamientos, fuente de mayores gastos de las entidades. Sin pagar esa tasa, informaron fuentes consultadas por Data Gremial, no se autorizará la entrega de los medicamentos. Esto puso en alerta a los pacientes, en especial con alguna discapacidad, y a los gremios.
Ante el malestar generalizado, la propia ANMAT salió a aclarar los alcances de la iniciativa, y desmintió “una suba arancelaria”. Según la información suministrada a la misma agencia, la norma “no creó ni aumentó tasas, sino que fijó un tope máximo a las alícuotas existentes con el objetivo de corregir distorsiones en operaciones de importación de gran volumen y brindar previsibilidad al sector”. La aclaración indicó además que el esquema arancelario de la ANMAT históricamente no contempla exenciones para los sujetos obligados al pago de tasas por operaciones de comercio exterior.
Derrame
Una de las consecuencias de esta crisis es la sobrecarga en el sector público, que empezó a absorber una mayor demanda. Es que por los despidos y la falta de atención de muchas entidades, que dejaron ir profesionales por los bajos ingresos, sobrecarga el efector estatal, que según las fuentes consultadas tuvo un aumento “del 30 al 35 por ciento”, sobre todo en provincias como Buenos Aires.
Esto podría hacer colapsar un sistema que está en crisis desde hace mucho tiempo, y que el proyecto de presupuesto 2027 profundiza. En un análisis firmado por su presidenta, María Fernanda Boriotti, la Federación de Profesionales de la Salud (FESPROSA) sostuvo que el incremento presupuestario presentado por el Ejecutivo “está distorsionado por modificaciones administrativas que dificultan comparar las partidas entre distintos años”. Según el proyecto oficial, el Ministerio de Salud pasaría de los 3,10 billones de pesos aprobados originalmente para 2026 a 10,46 billones en 2027, lo que representa un aumento nominal del 237,4 por ciento.
Sin embargo, FESPROSA señaló que buena parte de esa diferencia responde a la incorporación de programas de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que anteriormente contaba con presupuesto propio. De acuerdo con los cálculos citados por la federación, al incorporar esos fondos a la base de comparación de 2026, el incremento nominal se reduce al 25,9 por ciento. El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estimó, además, que el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes dispondrían en 2027 de recursos reales un 20,3 por ciento inferiores a los ejecutados en 2023.
La organización aclaró que la función presupuestaria Salud presenta una evolución diferente, en parte por las transferencias al PAMI, pero advirtió que ese indicador no debe confundirse con el financiamiento destinado directamente a hospitales y programas nacionales. Entre los establecimientos más afectados, el informe identifica al Hospital Posadas, cuyo presupuesto real proyectado sería un 33,4 por ciento inferior al de 2023, y al Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental, con una reducción del 45,3 por ciento. Los hospitales Sommer y Carrillo también continuarían con recursos cercanos al 30 por ciento por debajo de los niveles registrados cuatro años antes.