El dirigente camionero absuelto por la Justicia remarcó que Florencia Arietto usó su caso “como un trampolín” para llegar al poder

Maximiliano Cabaleyro, que estuvo cuatro años y medio privado de su libertad hasta ser absuelto en la causa por el conflicto con Rey Distribución, sostuvo que fue víctima de un “lawfare” y acusó a la legisladora libertaria de aprovechar el expediente para construir su carrera política.

Lunes, 16 de noviembre de 2026 12:21


El secretario general del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, San Pedro y Ramallo, Maximiliano Cabaleyro, descargó contra la diputada provincial bonaerense por la Libertad Avanza e integrante del Movimiento Empresarial Antibloqueos, Florencia Arietto, al señalar que la misma usó el caso judicial que derivó en su detención “como un trampolín” para llegar al poder.

Cabaleyro fue detenido en 2022. Este año fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL y exigirles dinero a sus propietarios. El sindicalista fue declarado inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas,

Para el dirigente gremial, el proceso en su contra resultó ser “un lawfare claro, un armado judicial, mediático y político” y recalcó que “cuando empezó el juicio, Arietto no tenía partido político, no era nada, y hoy es senadora provincial por La Libertad Avanza”.

El titular de Camioneros de San Nicolás repasó que estuvo “setenta días en la Dirección Departamental de Investigaciones, un año y dos meses en el penal de San Nicolás y después con prisión domiciliaria”. 

“En total, cuatro años y medio”, resumió y reveló: “Mi abogado pidió la excarcelación infinidad de veces, pero siempre me fue negada, con el pretexto de que estaba acusado de delitos graves. Y eso que yo me había entregado por mis propios medios, porque cuando salió la orden de detención me presenté. Pero ya la orden de detención decía que había peligro de fuga... Después, los abogados de la empresa y la fiscalía hasta apelaron la prisión domiciliaria, trataron de que volviera al penal”.

Asimismo, en diálogo con Página 12, repasó que “nos acusaron de turbación de la posesión y extorsión” y argumentó que “lo que hicimos fueron retenciones de tareas que estaban debidamente conformadas y acreditadas en el Ministerio de Trabajo”. A lo que sumó: “La retención de tareas, los paros, se hicieron en distintos días. Uno duró dos días y otro duró cuatro”.

El inicio


Consultado por el origen del conflicto, sostuvo que “era la época del covid, y a los chicos no les daban los elementos para protegerse”, al tiempo que apuntó que “una de las gotas que rebalsó el vaso fue que un trabajador que vivía con su padre se contagió”.

“Empezó a haber contagiados, y en lugar de aislar a la gente que había estado en contacto, tanto en depósito como en el camión, los seguían haciendo trabajar. Faltaban condiciones de seguridad, la distribuidora tenía un solo baño, pagaban las horas extras con latas de durazno”, describió. 

Posteriormente , informó que “suspendieron a un delegado gremial, la justicia ordenó que lo reincorporaran y el dueño de la empresa, Rey, el concejal Rey, delante del juez dijo que él no iba a acatar ninguna orden”. Luego, aportó una perlita y es que el dueño de la empresa “ahora es concejal de La Libertad Avanza”.

En la decisión absolutoria, el juez Alejandro Gabriel López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, consideró que está probado que los bloqueos existieron, ya que el sindicato, junto a un grupo de trabajadores, los realizó en la puerta de la distribuidora, lo que impidió el ingreso y salida de sus camiones, un día con un cordón humano y otros tres días con un motorhome. No obstante, el magistrado señaló que esas protestas fueron parte del derecho de huelga.

“Este es un conflicto laboral”, calificó López, así como argumentó que quienes realizaron los bloqueos “protestaban por mejoras en sus condiciones de trabajo”, como parte de unas negociaciones en las que participó el Ministerio de Trabajo y que finalizaron con la firma de un acuerdo. 

Esa resolución contempló que la compañía dejaba sin efecto la suspensión al delegado que había sancionado, y que pasara a un grupo de trabajadores del convenio de comercio al de camioneros, por lo que debió pagar diferencias salariales, tanto a los trabajadores como al sindicato.

Igualmente, la fiscalía había planteado que con los bloqueos “se ejerció un derecho, pero de manera ilegítima”, ya que “el derecho de huelga no puede soslayar al derecho de propiedad”. Su argumento es que “se trata de derechos de igual rango” que colisionaron.

No obstante el titular del TOC 2 de San Nicolás contragolpeó: “Colocar en igualdad a los derechos de propiedad y de huelga solo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. Es que no hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”.

Asimismo, descartó que Cabaleyro haya pedido o cobrado coimas (lo habían acusado de cobrar coimas para no bloquear a la distribuidora, y que los piquetes comenzaron cuando la empresa “dejó de pagarle al sindicato”), dado que dijo que no había pruebas de que el dirigente haya recibido dinero y que distintos montos que la empresa acreditó haber pagado al sindicato fueron por deudas salariales y de cargas sociales.

A raíz de este asunto, el gremialista señaló que “el pedido de dinero, la extorsión, fue una mentira” porque “está todo documentado con pagos, con facturas, con recibos de cobro”.

También, enfatizó: “Se cobró con cheques, y en una pericia judicial, contable, se acreditó que los cheques se depositaron en las cuentas del sindicato, la plata también. Se acreditó que la deuda estaba bien reclamada, que era por diferencias salariales, las deudas eran por el mismo motivo. Ellos estuvieron en todas las instancias del Ministerio de Trabajo. Cuando se firmaron y se cobraron las deudas pudieron impugnar o no lo hicieron”.

Más tarde, profundizo que “el propio contador de la empresa dijo que la plata que pagaron no era una coima, que la plata que se entregó en la famosa caja de Chocolinas era plata del pago de aportes y diferencias salariales, que tenían que pagarlo y que se le entregaron los recibos de los cobros”.

Mientras tanto, sobre la participación de otro integrante del sindicato, de apellido Espíndola, quien llegó a un acuerdo mediante un juicio abreviado, Cabaleyro respondió: “Él tenía una relación comercial con la distribuidora. Tenía un comercio y, si le hicieron pagos, calculo que fue por eso. Sí existieron, porque a esos pagos mensuales no los pudieron constatar. El fallo dice que Rey, en alguna de todas las instancias que declaró, mintió. O cuando declaró en sede fiscal, o cuando amplió la denuncia, o cuando declaró en el juicio”.

"Un avance empresarial"

Ante el anticipo de Arietto de que va a apelar la Corte Suprema, manifestó: “No sé qué va a apelar si fue al juicio dos días nada más. Y los dos días se la pasó dentro del baño; no salía al baño, iba cada rato al baño. No sé cómo puede apelar algo en lo que ni siquiera participó”.

En el último tramo de la entrevista el líder camionero de San Nicolás, fundamentó que “hubo un avance empresarial en contra de los derechos de los trabajadores, impresionante”, por lo que contó que “hay lugares de trabajo donde los choferes no tienen ni siquiera un baño”.

Bajo esa línea, expresó que “la semana pasada, un camión de carga se quedó encajado dentro de una planta”. Y concluyó: “Las condiciones que brindan las empresas, los abusos… el miedo que tiene el trabajador. Porque si me pasó a mí lo que me pasó, que soy el secretario general de la regional, ¿qué le puede pasar a un trabajador?”.
 

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