El conflicto docente en Corrientes sumó un nuevo capítulo de alta tensión legal. La Secretaría de Trabajo y Empleo de esa provincia, bajo la conducción de Juan Rajoy, notificó formalmente a los sindicatos que la educación fue ratificada como un servicio esencial y los gremios decidieron levantar el paro previsto para este viernes. Basándose en la Ley Nº 27.802 (Ley de Modernización Laboral), el Gobierno provincial determinó que los gremios deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento de la prestación normal del servicio, según consta en el documento oficial.
A través de un comunicado conjunto, los sindicatos SUTECO, AMET y ACDP explicaron que la medida busca evitar "despidos arbitrarios" y descuentos salariales masivos bajo el Código 632, afectando especialmente a docentes interinos y suplentes que quedarían desprotegidos ante una eventual declaración de ilegalidad de la huelga.
Pese a levantar la medida de fuerza, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes ratificó su rechazo a lo que consideran normativas "inconstitucionales y antipopulares". El gremio ya presentó un Recurso de Revocatoria contra la disposición provincial y anunció que este viernes interpondrá un Amparo Judicial en los tribunales. "Decidimos posponer la concreción del paro hasta que estén dadas las condiciones legales de resguardo del derecho constitucional de huelga", señalaron desde la conducción gremial. Los sindicatos confían en que la justicia provincial o federal dicte la nulidad parcial de la reforma laboral, tal como ha sucedido en otros distritos del país.
Argumentos
El eje de la marcha atrás fue netamente económico y laboral. Con la nueva normativa vigente, los gremios advirtieron que la provincia tenía la facultad de avanzar con sanciones severas.
"El objetivo es proteger la intangibilidad del salario para todos los docentes de Corrientes", remarcaron, dejando en claro que no están dispuestos a exponer a los trabajadores a represalias administrativas mientras persista la incertidumbre legal sobre la aplicación de la Ley Bases.
Antecedentes
El documento enviado por la Secretaría de Trabajo de Corrientes a las organizaciones sindicales no solo fija el porcentaje de asistencia, sino que funciona como una advertencia legal severa. El incumplimiento de estas prestaciones mínimas podría acarrear sanciones previstas en las leyes de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Pacto Federal del Trabajo (25.212).
La normativa establece que la educación es un “servicio estratégico esencial” en todos los niveles y modalidades comprendidos dentro de la obligatoriedad escolar. Según el texto de la ley, la medida busca garantizar la “protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”. En ese marco, las organizaciones sindicales deben asegurar al menos el 75 por ciento de la prestación del servicio durante las medidas de fuerza.