La senadora nacional Flavia Royón presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes de la reciente reforma laboral, al advertir que su implementación generaría efectos negativos tanto en el sistema previsional como en la estabilidad del empleo.
La iniciativa propone la eliminación integral del Título II de la Ley 27.802, bajo el argumento de que el FAL no constituye un verdadero esquema de seguridad social, sino un modelo de capitalización privada que se financia indirectamente con recursos públicos destinados a sostener jubilaciones y prestaciones sociales.
Impacto fiscal y previsional
Según los fundamentos del proyecto, el esquema implicaría una reducción significativa de las contribuciones patronales, lo que derivaría en una caída estimada de 3,28 billones de pesos en la recaudación. Esa cifra representa alrededor del 0,32% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos 2.200 millones de dólares.
Para Royón, este mecanismo no solo afecta el financiamiento del sistema previsional, sino que también altera el equilibrio del mercado laboral al trasladar costos desde el sector privado hacia el Estado.
Indemnizaciones en riesgo
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento apunta al impacto del FAL sobre el régimen de despidos. La senadora advirtió que el nuevo esquema “debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, al convertir ese costo en un aporte mensual que, en la práctica, termina siendo subsidiado.
De esta manera, sostuvo, se diluye la responsabilidad empresaria frente a desvinculaciones sin causa y se incentiva una mayor rotación de personal en detrimento de la estabilidad laboral.
Desigualdad entre empresas
El proyecto también pone el foco en las asimetrías que el sistema generaría entre empresas de distinto tamaño. De acuerdo con las simulaciones incluidas, una microempresa con 10 trabajadores necesitaría casi siete años para reunir el equivalente a la indemnización de un empleado con 20 años de antigüedad.
En contraste, una gran empresa podría alcanzar ese mismo monto en apenas dos meses, lo que evidencia —según Royón— un esquema profundamente desigual que termina perjudicando a las PyMES.
Crítica al modelo laboral
“La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, afirmó la legisladora.
En ese marco, el proyecto se suma al creciente cuestionamiento político y sindical sobre los alcances de la reforma laboral, especialmente en lo referido a mecanismos que podrían modificar de manera estructural las condiciones de contratación y despido en el país.