Con un despliegue policial que fue calificado como “desproporcionado” e “injustificado”, el secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, se presentó este miércoles a prestar declaración indagatoria en los Tribunales Federales, en el marco de una causa que el propio dirigente encuadra como parte de una persecución política y judicial contra el sindicalismo combativo.
El episodio no es aislado: se inscribe en una serie de hechos que el dirigente viene denunciando desde 2023, cuando comenzó a ser imputado en distintas causas ligadas a protestas gremiales. En ese sentido, desde el entorno sindical remarcan que se trata de una continuidad de la criminalización de la protesta social en la provincia de Córdoba.
Fuerte operativo y denuncia de amedrentamiento
La jornada estuvo atravesada por un importante operativo de seguridad, pese a que la convocatoria original era a una conferencia de prensa. Desde ATE y la CTA Autónoma señalaron que la presencia policial fue excesiva y respondía a una lógica de intimidación.
“El Estado responde con semejante operativo ante una actividad pública, lo que constituye una clara señal de disciplinamiento hacia quienes denuncian el ajuste”, indicaron en un comunicado difundido tras la declaración.
Para el espacio sindical, este tipo de despliegues buscan instalar un mensaje hacia el conjunto de las organizaciones gremiales en un contexto de creciente conflictividad social, marcado por despidos en el sector público, caída del poder adquisitivo y ajuste sobre las políticas sociales.
Nueva imputación por la protesta contra Milei
Tras su paso por Tribunales, Giuliani confirmó que fue notificado de una nueva imputación vinculada a la visita del presidente Javier Milei a Córdoba el 25 de mayo de 2024, uno de los episodios más tensos entre el Gobierno nacional y el sindicalismo provincial.
“Me comunicaron una nueva imputación por la visita de Milei a nuestra provincia hace casi dos años. Esto demuestra la planificación en nuestra persecución por el Partido Judicial cordobés que criminaliza la protesta social y judicializa a quienes luchamos contra el ajuste”, afirmó.
La causa está relacionada con el supuesto delito de “incitación a la violencia” en el marco de una protesta que incluyó un corte en la zona del aeropuerto, así como también con las movilizaciones que rechazaron la firma del denominado Pacto de Mayo.
En esa línea, el dirigente apuntó contra el accionar del Poder Judicial: “Sea en el ámbito Provincial o en el Federal, la Justicia actúa de acuerdo a los intereses de los grupos económicos o del poder político de turno”.
“Soy el único dirigente imputado desde 2023”
Giuliani también denunció un esquema de hostigamiento sostenido en su contra, en un escenario donde —según remarcó— es el único dirigente sindical que viene siendo imputado de manera reiterada.
“Con el nivel de conflictividad gremial y social que hay en Córdoba, soy el único dirigente que viene siendo imputado desde el año 2023, que sufrió la cárcel y ahora por primera vez tengo que venir a la Justicia Federal. Esto muestra un hostigamiento permanente”, resaltó.
Y reforzó el carácter político de las causas judiciales: “No nos perdonan que seamos autónomos del poder”.
Críticas a los grupos económicos y al poder político
El titular de ATE Córdoba vinculó la persecución con intereses de sectores empresarios y con la estructura de poder provincial, a la que acusó de responder a agendas económicas concentradas.
“Esta persecución tiene que ver con una manera de cancelar a aquellos que no somos obsecuentes con el poder y que hicimos acciones que a los grupos económicos les dolieron mucho”, sostuvo.
Entre esas acciones, mencionó los escraches realizados contra la Fundación Mediterránea y la Unión Industrial Argentina, organizaciones a las que responsabilizó de influir en las decisiones políticas y económicas en Córdoba.
Denuncian un “show de fuerza” para criminalizar la protesta
Desde el gremio, finalmente, insistieron en que el operativo desplegado en los Tribunales Federales fue parte de una estrategia más amplia de judicialización de la protesta social.
“Mientras la Justicia Federal montaba ese ‘show’ de fuerza para recibir a un dirigente sindical que siempre estuvo a derecho, seguimos exponiendo la farsa de una causa que solo busca criminalizar la protesta social. Basta de persecución judicial y política”, concluye el comunicado.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre el Poder Judicial, el Gobierno y las organizaciones sindicales, en un contexto de alta conflictividad donde Córdoba aparece como uno de los principales focos de resistencia a las políticas de ajuste.