Miles de trabajadores comenzaron a recibir intimaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) luego de que el organismo detectara supuestas inconsistencias en las deducciones informadas para el Impuesto a las Ganancias. La medida generó cuestionamientos porque contrasta con el discurso que el propio presidente Javier Milei sostuvo durante años, cuando llegó a definir a quienes evaden impuestos como "héroes" frente a un Estado al que consideraba confiscatorio.
La ofensiva fiscal se concentra especialmente en empleados en relación de dependencia que declararon gastos de indumentaria y equipamiento laboral dentro del Formulario 572 Web. Tras una serie de cruces de información, ARCA envió comunicaciones a través del domicilio fiscal electrónico para que los contribuyentes revisen los datos presentados y regularicen eventuales diferencias antes de que el organismo avance con otras instancias de fiscalización.
La situación vuelve a poner en debate quiénes soportan el peso de la presión tributaria en la Argentina de Milei. Mientras el Gobierno impulsó medidas para facilitar la exteriorización de fondos no declarados y promovió distintos mecanismos de blanqueo, ahora miles de trabajadores reciben intimaciones por deducciones cargadas en sus declaraciones juradas.
La lupa sobre los asalariados
Según confirmaron fuentes del organismo, las observaciones surgieron a partir de una acción específica de fiscalización basada en cruces de información entre las declaraciones realizadas por los empleados y otras bases de datos disponibles para el fisco.
Desde ARCA explicaron que las mayores inconsistencias detectadas estuvieron vinculadas a gastos de indumentaria, uno de los conceptos que puede deducirse bajo determinadas condiciones y que no posee un límite máximo establecido.
"Se detectaron muchas inconsistencias en las declaraciones de indumentaria. Entonces se hizo un llamado temprano a regularizar a través del domicilio fiscal", señalaron fuentes del organismo.
La estrategia elegida fue avanzar con una instancia de regularización previa. Quienes recibieron la notificación pueden calcular la diferencia de impuesto correspondiente y abonarla mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), evitando así que el caso avance hacia procedimientos más complejos.
Desde el organismo remarcaron que las inconsistencias detectadas fueron consecuencia de una acción puntual de fiscalización basada en el análisis de la información presentada por los trabajadores. El cruce de datos permitió detectar una cantidad de irregularidades superior a la habitual, especialmente en los gastos vinculados a indumentaria y equipamiento laboral.
Qué observó ARCA
El tributarista Sebastián Domínguez explicó que el organismo se encuentra revisando la información cargada por los empleados en el Formulario 572 Web correspondiente al período fiscal 2025 y las liquidaciones anuales realizadas por los empleadores.
A partir de esos datos se determina el impuesto que corresponde pagar, se compara con las retenciones efectuadas durante el año y se verifica si existe una diferencia a favor del trabajador o del fisco.
Los empleados tuvieron plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar el formulario, mediante el cual pueden informar distintas deducciones que luego son consideradas en la liquidación anual del impuesto.
De acuerdo con Domínguez, algunos conceptos concentran buena parte de las observaciones realizadas por el organismo.
"Las deducciones más comunes que aparecen en exceso son los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo, los aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y los aportes a cajas provinciales o municipales de previsión", explicó.
En el caso de las SGR, ARCA cuenta con información que le permite verificar directamente si los aportes informados efectivamente fueron realizados. Para otros conceptos, como la indumentaria, el control se basa en criterios de razonabilidad y en la información disponible en los registros del organismo.
Las observaciones también pueden alcanzar a cargas de familia declaradas por los contribuyentes. Según los especialistas, existen casos en los que se deducen familiares que no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa, situación que también puede derivar en intimaciones y requerimientos de corrección.
La contradicción del discurso oficial
La decisión de profundizar los controles sobre trabajadores aparece en tensión con una de las definiciones más conocidas de Milei respecto de la carga tributaria. Antes de llegar a la Casa Rosada, el Presidente sostuvo en reiteradas oportunidades que quienes evaden impuestos son "héroes" porque logran escapar de lo que consideraba una exacción estatal excesiva.
Sin embargo, en los hechos, la administración libertaria mantiene el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y ahora despliega mecanismos de fiscalización específicos para detectar diferencias en las deducciones declaradas por los trabajadores.
La contradicción se vuelve aún más evidente si se observa la situación que atraviesa el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez. Mientras el organismo envía intimaciones a miles de asalariados por deducciones presuntamente mal informadas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó recientemente su indagatoria por supuestas omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según la investigación judicial, Vázquez habría omitido declarar tres propiedades adquiridas en Miami valuadas en más de 2 millones de dólares y una estructura de sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que habrían sido utilizadas para canalizar esas operaciones inmobiliarias. El dictamen de la PIA también menciona sospechas vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal.
La investigación sostiene además que existirían inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y la capacidad económica necesaria para concretar esas adquisiciones. También se analizan movimientos patrimoniales realizados a través de sociedades vinculadas a su entorno familiar y operaciones inmobiliarias que los investigadores consideran llamativas.
De esta manera, el organismo encargado de controlar el cumplimiento tributario de millones de argentinos quedó atravesado por una paradoja difícil de explicar: mientras los trabajadores son intimados por gastos de indumentaria o deducciones familiares en Ganancias, el máximo responsable de la agencia enfrenta cuestionamientos judiciales por presuntas irregularidades patrimoniales de una magnitud muy superior.
Para sectores sindicales y especialistas críticos del actual esquema tributario, el episodio vuelve a mostrar una orientación donde el esfuerzo recaudatorio recae principalmente sobre quienes perciben ingresos registrados. La persecución de deducciones realizadas por asalariados contrasta con un discurso oficial históricamente indulgente hacia la evasión fiscal y con las investigaciones que involucran a funcionarios y grandes patrimonios.
Cómo regularizar las diferencias detectadas
Los trabajadores que hayan recibido una comunicación de ARCA cuentan con dos alternativas para corregir las diferencias detectadas.
La primera consiste en calcular el impuesto adeudado y abonarlo mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), una opción que permite regularizar la situación sin necesidad de presentar una declaración jurada determinativa.
La segunda alternativa es presentar una declaración jurada completa, determinar el impuesto correspondiente e ingresar el saldo resultante. Sin embargo, Domínguez advirtió que esta vía puede generar anticipos para el período fiscal siguiente, motivo por el cual muchos contribuyentes optan por la primera opción.
Mientras tanto, miles de asalariados ya comenzaron a recibir las notificaciones del organismo. Una postal que contrasta con la retórica libertaria contra los impuestos y que reabre una pregunta incómoda para el Gobierno: si los evasores son "héroes", ¿por qué la fiscalización se concentra sobre trabajadores registrados que intentaron deducir gastos laborales mientras los casos más resonantes de presuntas irregularidades involucran a funcionarios y grandes patrimonios?