La precarización en el sector pesquero y marítimo nacional sumó un nuevo capítulo bajo la excusa de la desregularización, luego de que el gobierno nacional decidió equiparar la utilización de un buque nuevo con uno reacondicionado.
A través de una presentación formal dirigida al presidente del Consejo Federal Pesquero (CFP), Juan Antonio López Cazorla, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) solicitaron la derogación inmediata de la Resolución N° 190/2026.
La norma, publicada el 5 de octubre de 2026 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, autoriza que las embarcaciones reconstruidas en el país en una proporción mayor al 60% accedan a los beneficios de reemplazo e incrementos de capacidad pesquera que la Resolución 194/2019 reservaba de manera exclusiva a los buques nuevos fabricados en astilleros nacionales.
Sin embargo, para los dirigentes Mariano Moreno y Juan Speroni, la asimilación entre una nave nueva y una reacondicionada resulta “inaceptable tanto en el plano operativo como en el legal y laboral”.
"Reconstruir no es construir", expresaron y desde la perspectiva del Centro de Patrones, aseguraron que “permitir que barcos con hasta un 40% de estructuras y sistemas originales compitan en igualdad de condiciones con unidades recién botadas compromete los estándares laborales y la seguridad en el mar”.
Asimismo, agregaron en el documento: "Un buque reconstruido conserva buena parte de su diseño de origen. La distribución de camarotes, comedores y áreas de trabajo responde a criterios de habitabilidad de hace décadas. Quienes estamos a cargo de la navegación sabemos que la seguridad no se mide por un porcentaje de obra, sino por el estado integral del buque".
En ese sentido, alertaron que dotar de mayores cuotas o volumen de captura a embarcaciones adaptadas aumenta el esfuerzo pesquero y “terminará en mareas más largas, mayores exigencias sobre plataformas que arrastran fatiga de materiales y falencias de diseño original en estabilidad y sistemas de emergencia”.
Industricidio naval
Por su parte, el SAON calificó la medida como una "estocada final" para la industria naval pesada argentina. Según la entidad obrera, el plus de capacidad pesquera por reemplazo era el incentivo determinante para que las empresas armadoras encargaran buques en gradas nacionales.
Al transferir esa ventaja a las reconstrucciones parciales, los astilleros locales corren el riesgo de quedar relegados a meros talleres de mantenimiento y reparación de cascos viejos, mientras que los contratos de buques nuevos de alto valor agregado y mano de obra calificada migrarán al exterior.
Posteriormente, apuntó que “la suma individual de incrementos de capacidad de bodega sin un estudio del INIDEP aumentará el esfuerzo pesquero sobre el caladero, derivando en cierres tempranos de temporadas, pérdida de jornales de los tripulantes y parálisis en plantas procesadoras en tierra”.
Por ello, las conducciones gremiales demandaron que el CFP “no convalide la medida y solicite su revocación formal”.