La Federación Judicial Argentina (FJA) manifestó su preocupación con relación a “la creciente presión sobre los sistemas jubilatorios”, así como alertaron sobre el retorno de las AFJP durante una reunión en la que trataron la situación previsional en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encabezado por el secretario general de la FJA, Matías Fachal, el encuentro contó con exposiciones técnicas de Luciano González Etkin, asesor del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, y de dirigentes sindicales como Federico Corteletti (AGEPJ Córdoba) y José María Segura (AJER Entre Ríos), quienes analizaron el estado de las cajas previsionales provinciales.
Además, intervinieron representantes de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Misiones, Buenos Aires, Corrientes, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros, los cuales aportaron informes sobre la situación en sus territorios.
Durante la jornada, los asistentes plantearon que el sistema previsional argentino atraviesa una “fragilidad estructural que se remonta a la década de 1990, con la implementación del régimen de capitalización individual a través de las AFJP, lo que implicó una transferencia de recursos hacia el sector financiero y debilitó el financiamiento del sistema público”, al tiempo que señalaron que “la reestatización en 2008 permitió recuperar parcialmente el principio de solidaridad, aunque las tensiones persisten”.
En este sentido, advirtieron que el actual contexto económico, bajo la gestión del presidente Javier Milei, “reconfigura esas tensiones, especialmente en la relación entre el Estado nacional y las provincias que mantienen cajas previsionales propias”.
Además, analizaron que la política de “déficit cero se traduce en la práctica en la interrupción de transferencias a las trece jurisdicciones con sistemas autónomos, lo que fue caracterizado como una retención indebida de recursos”.
Asimismo, consideraron que esta situación funciona como un mecanismo de presión para avanzar en la armonización de los regímenes provinciales con el sistema nacional, lo que implicaría, según advirtieron, pérdida de beneficios, aumento de la edad jubilatoria y reducción de haberes.
¿Cómo incide la informalidad?
Los dirigentes de la FJA abordaron el impacto de la precarización laboral en el financiamiento del sistema previsional y sostuvieron que “la proliferación de sumas no remunerativas, la falta de incorporación de personal a planta permanente y la tercerización de servicios fueron identificadas como factores que debilitan la base contributiva y proyectan jubilaciones de bajos ingresos”.
A la vez, pusieron el foco en situaciones particulares de provincias como Córdoba y Corrientes, donde se denunciaron reformas que “trasladan el peso del déficit a trabajadores activos y jubilados, así como deudas millonarias de la Nación con las cajas provinciales”. En otros casos, como Tierra del Fuego y Chaco, se expusieron modelos con características diferenciadas que reflejan las distintas realidades del sistema.
En el plano nacional, la organización sindical advirtió sobre una tendencia global hacia la sustitución de sistemas de “beneficio definido” por esquemas de “contribución definida”, lo que implicaría trasladar el riesgo fiscal a los trabajadores. En ese marco, alertaron sobre “la posibilidad de un retorno a modelos de capitalización privada, similares a las AFJP”.
A propósito, Fachal recalcó que “el desastre de las AFJP en Argentina y el modelo de las AFP en Chile son pruebas de que la privatización sólo genera déficit fiscal y perjudica a los jubilados” y apuntó la necesidad de evitar nuevas reformas regresivas en el sistema previsional.
También, se puso de sobreaviso el intento de modificar regímenes específicos como la Ley 24.018 y sobre iniciativas que podrían desfinanciar el sistema nacional, como la derivación de aportes hacia otros fondos en el marco de reformas laborales.
Ante semejante escenario, la FJA definió una serie de líneas de acción que incluyen el acompañamiento a las medidas de las filiales, la articulación con centrales sindicales, la promoción de acciones judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación gremial y multisectorial.
Las estrategias a adoptar
Entre las definiciones adoptadas, figuran la convocatoria a movilizar contra posibles reformas previsionales, la exigencia de regularización laboral para fortalecer el financiamiento del sistema, la realización de campañas de difusión y la solicitud de reuniones institucionales con organismos judiciales.
Asimismo, la Federación anunció el inicio de una agenda de encuentros con distintos espacios sindicales para unificar estrategias frente al escenario actual y advirtió sobre el riesgo de reformas estructurales que afecten el sistema previsional.
“Es imperativo actuar con premura y visión estratégica para defender el sistema previsional como un derecho y evitar que se transforme en un negocio”, concluyó Fachal.