El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su cruzada contra los derechos laborales: la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) aprobó los lineamientos para los contratos de los llamados “seguros de cese laboral”, mediante la resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida reglamenta uno de los artículos más controvertidos del capítulo laboral de la Ley Bases, aprobado y reglamentado por decreto en septiembre de 2024.
A partir de ahora, las empresas y sus empleados podrán acordar reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo por un esquema privado de ahorro administrado por compañías de seguros. La medida genera preocupación entre sindicatos y especialistas, que advierten que el modelo apunta a debilitar la estabilidad laboral, facilitar despidos sin causa y desalentar la organización sindical, además de evocar el fallido sistema de las AFJP.
Cómo funcionará el seguro de cese laboral
Hasta ahora, la ley contemplaba que ante un despido sin causa, las empresas debían pagar un sueldo mensual por cada año trabajado —o fracción mayor a tres meses— según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva normativa permite sustituir esa obligación por un seguro contratado en compañías habilitadas.
Según la asociación de aseguradoras Avira, los empleadores aportarán periódicamente fondos a cuentas especiales a nombre de cada trabajador en las aseguradoras, que se acumularán para cubrir una eventual desvinculación. Los propios trabajadores también podrán realizar aportes voluntarios a cuentas individuales, de libre disponibilidad. Por otro lado, las aseguradoras podrán invertir esos fondos para obtener rendimientos, en un esquema que recuerda a las AFJP.
El fondo será inembargable, pero solo podrá retirarse en caso de despido o desvinculación por las causas contempladas en el contrato y de acuerdo con lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo.
Riesgos para la estabilidad laboral y la organización sindical
Más allá del esquema financiero, lo que está en juego es el sentido de la indemnización como una herramienta de protección contra los despidos arbitrarios. La indemnización no solo permite al trabajador cubrir sus necesidades mientras busca un nuevo empleo, sino que también tiene una función disuasoria: hace económicamente costoso para las empresas despedir sin causa, contribuyendo así a garantizar estabilidad en el puesto de trabajo.
El nuevo seguro, sin embargo, al funcionar como un fondo ya preconstituido y separado de los recursos de la empresa, reduce drásticamente ese costo y podría facilitar despidos sin justificación. “Nada impediría ahora que un empleador despida a un operario con el que no acuerda políticamente, que se sindicalice o que reclame la aplicación de un convenio colectivo”, señalan dirigentes sindicales.
Desde el movimiento obrero advierten que este mecanismo, junto con otras reformas del Gobierno, forma parte de un proyecto más amplio para debilitar la capacidad de organización de los trabajadores, desalentar la agremiación, disciplinar a quienes reclaman y avanzar hacia un mercado laboral desindicalizado, en línea con los objetivos del oficialismo.
Un paso más hacia la flexibilización
El seguro de cese laboral, junto con el “fondo de cese” ya previsto en algunos convenios colectivos, se presenta como una “modernización” del régimen de indemnizaciones. Pero para las organizaciones sindicales y para muchos especialistas es, en realidad, una avanzada más en la flexibilización laboral, que busca destruir las barreras que hoy protegen a los trabajadores frente a los abusos del poder empresario.
Además, el esquema trae recuerdos del sistema de las AFJP, cuyas inversiones en el mercado financiero terminaron perjudicando a millones de jubilados y fueron desmanteladas tras años de resultados negativos y denuncias de malversación.
La reglamentación del seguro de cese laboral confirma que el Gobierno sigue decidido a desarmar las conquistas históricas del movimiento obrero argentino, pese a las advertencias y el rechazo de los sindicatos, que ya se preparan para dar pelea en los lugares de trabajo y en la calle.