“Un mecanismo de persecución” así consideró la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte a la denuncia penal contra el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegados), Néstor Segovia, a quien le expresó su “total solidaridad” al igual que a los demás trabajadores del sector “frente a la difícil situación que se encuentran atravesando”.
Al respecto, en un documento firmado por el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, y el secretario gremial, Juan Pablo Brey, remarcaron que el avance de acciones judiciales contra trabajadores del subte constituye un grave precedente en el camino de la criminalización de la protesta social.
“Lo que se intenta presentar como una causa penal no es más que un mecanismo de persecución hacia quienes ejercen legítimamente sus derechos sindicales”, sostuvieron los dirigentes.
“Profunda preocupación”
Así, destacaron que las acciones gremiales llevadas adelante en defensa de las condiciones de trabajo y de la seguridad del servicio forman parte del ejercicio pleno de derechos constitucionales, como la libertad sindical, el derecho de huelga y la organización colectiva.
También, advirtieron “con profunda preocupación este tipo de medidas que buscan disciplinar al movimiento obrero, amedrentar a sus dirigentes y debilitar la representación sindical” y agregaron: “No se trata de un hecho aislado, sino de un ataque sistemático contra los trabajadores organizados”.
Además, reafirmaron que “la defensa de los derechos laborales no puede ser considerada un delito”. “La protesta es una herramienta legítima del movimiento obrero y un pilar fundamental de la vida democrática”, enfatizaron.
Finalmente, concluyeron que “acompañamos el estado de alerta y movilización declarado por la AGTSyP y nos ponemos a disposición para impulsar, en unidad con el conjunto del movimiento obrero, todas las acciones necesarias en defensa de los compañeros y compañeras”.
De esta manera, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ratificó su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores.
Hace días ya los representantes repudiaron la denuncia penal que realizó el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, contra miembros y afiliados de la organización sindical Metrodelegados que derivó en la imputación de 160 trabajadores del subte, al calificar las medidas de fuerza que realizaron durante el año 2024 como “extorsivas” y equipararlas a una supuesta toma de rehenes. “Es un ataque más a la libertad sindical”, sentenciaron.
La acusación
La causa penal fue impulsada por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal dependiente del Gobierno de la Ciudad, que apunta contra trabajadores por su participación en medidas de fuerza realizadas en los últimos años.
Esta causa judicial, que los metrodelegados calificaron como “un intento de criminalizar la protesta y limitar los derechos constitucionales”, es tramitada ante la Fiscalía PCyF nro. 35 e imputó a los trabajadores por el delito de asociación ilícita, cuando “en realidad se trata de acciones gremiales llevadas adelante durante el 2024 y 2025, convocadas por nuestro sindicato y también por las convocadas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CATT, de la que somos parte”, indicaron.