El Ministerio de Capital Humano confirmó este viernes que sancionará con fuertes multas a los gremios de los choferes de colectivos y maquinistas de trenes, por adherirse al paro general del 19 de febrero, cuando la CGT rechazó la reforma laboral que finalmente aprobó el gobierno nacional. El argumento para la sanción fue “incumplir las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente”, durante la protesta. La decisión fue considerada un “grave antecedente” contra el derecho a huelga por la dirigencia de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que repudió la sanción impuesta y se solidarizó con las entidades.
La CATT expresó su “enérgico repudio” a la decisión de iniciar sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad, en el marco de su participación en el último paro de la CGT. Desde la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
Al respecto de la sanción Schmid sostuvo que “el derecho a huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT. Pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”.
Compromiso
Por su parte, el secretario Gremial de la CATT, Juan Pablo Brey, afirmó que “el transporte argentino ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad. Pero también tiene el derecho de defender las condiciones de trabajo y las conquistas laborales. La judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”.
Finalmente, desde la CATT expresaron su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas, y denunciamos cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga, pilares fundamentales de la democracia y de la organización de los trabajadores”.
Sanciones
Esta semana, el Ministerio de Capital Humano adelantó que instrumentará a través de la Secretaría de Trabajo sanciones para la UTA y La Fraternidad luego de que la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria por parte de cada sindicato fue “verificada y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la fecha en la que se detectó el incumplimiento”. A partir de los sumarios, a los dos gremios se les aplicarían fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.
En el comunicado de Capital Humano, se afirma que “en función de la fecha en la que se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria, y a los fines de la graduación de la sanción, se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley 25.212, conllevan una sanción de multa del 50 al 2 mil por ciento del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado". “El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, concluye el comunicado oficial.
La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, adhirió al paro de la CGT del 19 de febrero pasado aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, pero el gremio argumentó que esa medida no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial. En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.