En el marco de las denuncias internacionales contra el gobierno de Javier Milei por sus políticas laborales, esta semana se confirmó que la gestión libertaria deberá dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su reforma laboral. Se trata de una audiencia convocada para el 4 de agosto, cuando la entidad reciba a la Argentina en Washington para que argumente por qué impulsó y puso en marcha una “regresiva reforma laboral” que, como denunció el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. La convocatoria al Estado nacional es a una audiencia presencial, ante una denuncia del FreSU y otros grupos sindicales.
Además, al detallar las políticas que desarrolló el gobierno nacional hasta lograr la sanción de la regresiva reforma laboral la denuncia precisó: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión. Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.
“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en el segundo párrafo de la presentación conjunta realizada el 24 de abril pasado.
Multas irregulares
De la audiencia, que se realizará durante el 196° período de sesiones de la CIDH, participarán representantes de las organizaciones denunciantes. Estas políticas denunciadas continuaron profundizándose en la Argentina, con casos como la multimillonaria multa por más de 21 mil millones de pesos al sindicato ferroviario de La Fraternidad, o la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La denuncia, firmada por el FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), precisa que las represiones a las movilizaciones tuvieron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.
Agregó: “El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2024, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico”.
Otros reclamos
El FreSU reúne a más de 100 asociaciones gremiales entre las que se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros), la Central de Trabajadores de la Argentina, el Sindicato de Trabajadores Viales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, entre otros.
Este mes, en el marco de la asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el FreSU cuestionó la actuación del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en relación con las organizaciones sindicales en la Argentina. "El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM", afirmó el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, encargado de hacer la presentación en Suiza.
En ese contexto, Aguiar sostuvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe intervenir en el conflicto y resolver la situación planteada. "La Corte Suprema tiene que abordar el caso de la UOM y expedirse. Estamos frente a uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia. La sentencia de intervención es una aberración jurídica que tiene que ser inmediatamente subsanada", expresó. El referente sindical también denunció una presunta coordinación entre distintos estamentos del Estado para afectar la actividad gremial. "Está claro que existe una articulación entre los distintos poderes del Estado para perseguir y disciplinar a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes", señaló.