Luego de una batería de denuncias y presentaciones contra las políticas laborales del gobierno de Javier Milei, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un duro documento donde insta a la gestión libertaria a dar respuesta a los reclamos sindicales. El caso argentino fue analizado en varias instancias de la Asamblea Anual de la entidad, que tiene lugar en Ginebra, Suiza, y se determinó que el Ejecutivo debe tomar “medidas concretas para fortalecer la administración laboral, garantizar el diálogo social y mejorar los mecanismos de inspección del trabajo”. Estas son parte de las conclusiones alcanzadas por la entidad nacional, ante las presentaciones realizadas por la delegación sindical del país, que incluyó a dirigentes de la CGT y las dos CTA. Además, hubo otras presentaciones ante los órganos de control de la OIT, como las realizadas por ATE.
A partir de las presentaciones de los gremios, la Argentina fue incorporada este año al listado de casos individuales analizados por la Comisión de Aplicación de Normas debido a observaciones relacionadas con los Convenios 81, 129 y 150 de la OIT, vinculados a la inspección del trabajo, la inspección laboral en la agricultura y la administración laboral. Tras escuchar a trabajadores, empleadores y representantes gubernamentales, la Comisión de Aplicación de Normas emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Estado argentino. Entre los principales puntos, el organismo reclamó “fortalecer los mecanismos de diálogo social y garantizar consultas efectivas con las organizaciones sindicales y empresariales sobre las políticas laborales que impulsa el gobierno”.
También expresó “preocupación” por las observaciones vinculadas a la reducción de recursos humanos, operativos y financieros destinados a la inspección laboral y solicitó “información detallada sobre el funcionamiento de los servicios de fiscalización, la cantidad de inspectores disponibles y las herramientas con las que cuentan para desarrollar sus tareas”. Asimismo, la Comisión instó al gobierno a “reforzar las capacidades institucionales de la administración laboral y recomendó recurrir a asistencia técnica de la propia OIT en caso de resultar necesario”.
Más evaluaciones
Otro de los puntos centrales de las conclusiones fue el pedido de una evaluación integral del sistema nacional de inspección del trabajo. La Comisión reclamó “información precisa sobre la cantidad de inspectores disponibles, su distribución territorial, los recursos asignados para desarrollar las tareas de fiscalización y las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa laboral”. El planteo apunta a determinar si las estructuras actuales “cuentan con capacidad suficiente para controlar las condiciones de trabajo en todo el territorio argentino”.
Las conclusiones también pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas autoridades competentes en materia laboral. La OIT recomendó “avanzar en mecanismos que permitan una mejor articulación entre los organismos nacionales y provinciales encargados de la inspección y administración del trabajo, con el objetivo de asegurar una aplicación homogénea de la legislación laboral y una mayor protección de los trabajadores”. La Comisión recordó además que el diálogo social constituye “una herramienta fundamental para el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Argentina”. Por ese motivo, instó al Gobierno a garantizar consultas efectivas y sustantivas con las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores antes de impulsar modificaciones relevantes en materia laboral. El señalamiento adquiere “especial relevancia en medio de las controversias generadas por la reglamentación de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei”.
Asistencia técnica
En un punto poco habitual, la comisión incluso sugirió que el Estado argentino “evalúe recurrir a la asistencia técnica de la propia Organización Internacional del Trabajo para fortalecer los mecanismos de administración laboral y los sistemas de inspección”. La recomendación refleja “la preocupación existente dentro del organismo sobre el funcionamiento de las estructuras encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales”.
Las denuncias contra el gobierno argentino cobraron todavía más relevancia luego de que la Casa Rosada reglamentara aspectos centrales de la reforma laboral mediante los decretos 406, 407, 408 y 409 apenas horas antes del inicio de la Conferencia Internacional del Trabajo, una decisión interpretada por amplios sectores sindicales como una señal política dirigida tanto a los gremios como a los organismos internacionales. El tratamiento del caso argentino estuvo además atravesado por una situación que generó repercusiones dentro de la propia conferencia: la ausencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La Comisión fijó el 1° de septiembre de 2026 como fecha límite para que el Gobierno argentino informe las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas. Hasta entonces, el caso argentino continuará bajo seguimiento de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo.