El fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral generó un cimbronazo en el movimiento obrero, y una crítica generalizada de los gremios. En primer lugar la CGT, promotor del amparo que en primera instancia logró suspender más de 80 artículos de la ley, puso la mira sobre los dos camaristas del Trabajo que habilitaron la plena vigencia de la normativa. La central obrera expresó un “duro rechazo” a la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y habló del “desamparo” de millones de trabajadores”.
A través de un comunicado, la central sindical sostuvo que el fallo “habilita la vigencia inmediata de normas que afectan gravemente las condiciones laborales”, al tiempo que expone “al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos” y atenta contra la organización sindical. Se trata de la respuesta a la decisión del tribunal de aceptar una apelación “con efecto suspensivo” del gobierno a la cautelar que frenó la reforma laboral en más de 80 de sus artículos. De ese modo quedó sin efecto la acción de amparo que había convalidado el juez Raúl Ojeda a partir de una presentación de la CGT.
“Resulta impropio de un Tribunal de trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”, señala el comunicado. Para los dirigentes, los camaristas optaron “claramente en contra del trabajador desconociendo el carácter preventivo de la cautelar para consolidar los aspectos dañosos de la ley, dejando de lado su obligación tutelar primordial”.
Inconstitucionalidad
En esa línea, el comunicado recuerda que la Ley 27802 establece que el apartamiento infundado de esos criterios por parte de los magistrados puede constituir una causal de mal desempeño en sus funciones. La central también cuestionó que la Sala VIII haya optado “claramente en contra del trabajador”, al desconocer el carácter preventivo de la cautelar y permitir la consolidación de los aspectos más perjudiciales de la normativa, dejando de lado —según señalaron— su “obligación tutelar primordial”.
Asimismo, la CGT reafirmó que los trabajadores “son sujetos de preferente atención constitucional” y subrayó que sus derechos deben ser garantizados de manera efectiva, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Finalmente, el Consejo Directivo Nacional ratificó que la organización continuará su “lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras”, con la Constitución como guía y la justicia social como bandera.
A favor de la prensa
Por otra parte, la CGT repudió la prohibición del ingreso a periodistas en Casa Rosada por orden del Poder Ejecutivo Nacional y, mediante un comunicado, aseguraron que “silencian a la prensa en este circo sin pan”. En la misma línea, remarcaron que esta medida designada por la gestión del presidente Javier Milei, es de “extrema gravedad institucional” y sostuvieron que “atenta sensiblemente contra la democracia y el derecho a informarse” de la ciudadanía en su totalidad.
“La restricción al acceso de las y los trabajadores de prensa a la sede del Poder Ejecutivo constituye un ataque directo a la libertad de expresión y socava el derecho de toda la sociedad a conocer y controlar los actos de Gobierno. Prácticas de este calibre no han sido puestas en marcha ni en los años más oscuros de la dictadura militar y configuran un retroceso preocupante”, indicó la central obrera comandada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.
Para finalizar, se solidarizaron con los trabajadores de prensa y subrayaron “la gravedad de avanzar en medidas que restringen derechos fundamentales” y que “tienden a silenciar voces críticas”, en un contexto donde el pluralismo y la circulación libre de información “resultan indispensables para la vida democrática”.