En el marco de las versiones que indican un nuevo intento del gobierno para desregular la marina mercante, la CGT respaldó a los gremios del sector, que en distintos foros están denunciando las intenciones libertarias, que incluyen permitir embarcaciones extranjeras en la navegación de ríos nacionales. Mediante un comunicado dirigido a los integrantes del Senado de la Nación para exhortarlos “a rechazar cualquier proyecto de ley o medida que promueva la apertura irrestricta del cabotaje nacional a embarcaciones de bandera extranjera”.
Bajo el lema "Por una Argentina libre y soberana, el cabotaje nacional no se entrega", el Consejo Directivo Nacional alertó sobre las consecuencias de desregular las vías navegables. Desde la CGT de trabajadores remarcaron que el conflicto trasciende una disputa sectorial o corporativa, poniendo en juego el futuro de la marina mercante, la soberanía comercial y miles de puestos de trabajo locales. Según advirtieron, habilitar el transporte marítimo y fluvial a empresas extranjeras profundizaría el deterioro de la flota nacional —afectada históricamente desde los años 90— y debilitaría la capacidad logística del país para transportar su propia producción.
El comunicado enfatiza la contradicción que se vive en nodos estratégicos como el Gran Rosario, el principal polo agroexportador del país, donde la masiva salida de granos y riquezas contrasta con la baja presencia de buques con bandera argentina. "Cada buque extranjero que desplaza a uno nacional significa menos empleo argentino, menor generación de divisas y mayor dependencia de intereses externos", señalaron, advirtiendo que el impacto negativo abarcará también a la industria naval, los puertos y la economía de las provincias del Litoral.
Política integral
Frente al argumento oficial de reducir costos de transporte, la CGT sostuvo que la solución requiere de una “política integral que resuelva las desventajas tributarias y de costos sin apelar al ajuste sobre el empleo argentino”. En su lugar, reclamaron un esquema de diálogo entre el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sindicales para fomentar inversiones, recuperar la flota y generar empleo de calidad.
Finalmente, la conducción sindical apeló a la "responsabilidad histórica" de las y los senadores para defender el trabajo, la industria naval y el desarrollo federal del país. "No hay lugar para la indiferencia ni para decisiones que hipotequen el futuro del país. Defender el cabotaje nacional es defender la Patria", concluyeron.
Antecedentes
La precarización en el sector pesquero y marítimo nacional sumó un nuevo capítulo bajo la excusa de la desregularización, luego de que el gobierno nacional decidió equiparar la utilización de un buque nuevo con uno reacondicionado. La norma, publicada el 5 de octubre de 2026 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, autoriza que las embarcaciones reconstruidas en el país en una proporción mayor al 60 por ciento accedan a los beneficios de reemplazo e incrementos de capacidad pesquera que la Resolución 194/2019 reservaba de manera exclusiva a los buques nuevos fabricados en astilleros nacionales.
Los ataques del gobierno a la marina mercante comenzaron apenas llegó Milei a la presidencia, y parecen intensificarse. En estos días, el secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), Mariano Vilar, exigió “leyes que protejan nuestra soberanía y a los trabajadores”, en el la 60° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino, realizo en corrientes. Vilar, que expuso en representación de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FeSiMaF), cuestionó el proyecto de desregulación del cabotaje nacional y pidió a las autoridades provinciales que escuchen los planteos de los trabajadores y trasladen la problemática a los gobernadores y al Poder Ejecutivo.