El Gobierno de Javier Milei profundiza la apertura del mercado aerocomercial y suma un nuevo frente de conflicto con los sindicatos del sector. La decisión de habilitar a JetSMART Chile para operar vuelos de cabotaje dentro de la Argentina volvió a encender las alarmas entre los trabajadores aeronáuticos y provocó una dura reacción de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que se declaró en estado de alerta y movilización.
La medida, formalizada mediante la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada el 14 de octubre, se inscribe en la política de desregulación y apertura del mercado impulsada por la administración libertaria. Durante los últimos meses, el Ejecutivo avanzó con modificaciones normativas destinadas a ampliar la participación de operadores extranjeros en el transporte aéreo doméstico.
La autorización se vincula con la denominada “novena libertad del aire”, una de las modalidades más amplias de los acuerdos de transporte aerocomercial, que permite a una aerolínea extranjera realizar vuelos íntegramente dentro del territorio de otro país.
Desde el Gobierno sostienen que estas medidas buscan incrementar la competencia, ampliar la oferta de servicios y reducir las tarifas para los pasajeros, en línea con la política de “cielos abiertos” promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, los gremios rechazan esa interpretación y advierten que la apertura puede avanzar sobre el mercado doméstico en detrimento de las empresas radicadas en el país y de los trabajadores argentinos.
APLA declaró el estado de alerta y movilización
En un duro pronunciamiento difundido este jueves a través de la red social X, APLA calificó la medida como “un ataque directo a la industria aerocomercial nacional” y responsabilizó por la decisión al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y al subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.
Según el documento sindical, la habilitación otorgada a JetSMART Chile “provocará una mayor competencia con empresas locales bajo marcos laborales diferentes, lo que, a criterio de los sindicatos, podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo, reducción de condiciones laborales y una creciente precarización del empleo aeronáutico”.
La preocupación de los representantes gremiales apunta al impacto que podría tener la incorporación de una compañía extranjera al mercado de cabotaje en un escenario de flexibilización regulatoria. Desde el sector advierten que la competencia entre empresas que operan bajo distintos marcos laborales puede generar presión sobre los puestos de trabajo y las condiciones de contratación de los trabajadores argentinos.
El comunicado también cuestionó las consecuencias que la profundización de la apertura aerocomercial podría tener sobre los pasajeros. En ese sentido, los dirigentes sostuvieron que experiencias recientes en el sector “demostraron que la expansión de modelos de bajo costo puede derivar en cancelaciones, reprogramaciones y conflictos operativos que terminan afectando a los pasajeros”.
La desregulación, en el centro de la disputa
El pronunciamiento recordó que los gremios ya habían cuestionado otras iniciativas de la administración libertaria destinadas a flexibilizar las regulaciones y ampliar el acceso de operadores extranjeros al mercado argentino.
Para los sindicatos, estas reformas “forman parte de un proceso de transformación estructural que podría afectar capacidades técnicas, operativas y laborales desarrolladas históricamente por la industria nacional”.
Uno de los principales ejes de la crítica está vinculado con la seguridad operacional. Los representantes gremiales afirmaron que “la aviación comercial no puede quedar sometida exclusivamente a una lógica de reducción de costos” y reclamaron preservar los estándares de control, capacitación e inversión necesarios para garantizar la seguridad del sistema.
En la misma línea, remarcaron que las políticas de desregulación “no deberían implicar una disminución de exigencias regulatorias ni una flexibilización de los mecanismos de supervisión estatal sobre las compañías aéreas que operan en el país”.
La discusión excede así la autorización concedida a JetSMART Chile y vuelve a poner en el centro del debate el modelo aerocomercial que impulsa el Gobierno. Mientras el Ejecutivo presenta la apertura como una vía para ampliar la conectividad y beneficiar a los consumidores, los sindicatos advierten sobre sus posibles consecuencias para el empleo, la capacidad operativa y el desarrollo de la industria nacional.
Un nuevo frente de conflicto con los aeronáuticos
La habilitación de JetSMART Chile se suma a una serie de medidas adoptadas durante los últimos meses en el marco de la estrategia oficial de apertura del mercado aerocomercial. La decisión profundiza las diferencias entre el Gobierno y los trabajadores del sector, que ya protagonizaron distintos enfrentamientos por los cambios regulatorios impulsados desde fines de 2024 y durante 2025 y 2026.
Frente a este escenario, APLA anunció que se declara en estado de alerta y movilización y anticipó que evalúa distintas acciones para intentar revertir la decisión administrativa.
La controversia adquiere especial relevancia porque la autorización constituye uno de los casos más significativos de aplicación de las nuevas políticas de apertura del mercado aerocomercial argentino. Mientras el Ejecutivo busca consolidar un esquema que considera más competitivo e integrado con la región, los sindicatos alertan sobre las consecuencias que podría tener para el empleo, las condiciones laborales, la estructura industrial y el funcionamiento del sistema aerocomercial nacional.
Con la habilitación de la compañía chilena, Milei profundiza una política que enfrenta la promesa oficial de mayor competencia con la resistencia gremial ante lo que consideran una nueva cesión de soberanía aeronáutica. El conflicto vuelve a tensar la relación con los sindicatos y anticipa otra disputa por el rumbo de la actividad.