En el marco de las medidas recientes lanzadas por el gobierno nacional para apurar su plan privatizador, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) Maximiliano Voss, por “presuntas irregularidades” en el proceso de valuación y licitación de la empresa estatal Intercargo, que presta servicios de rampa en aeropuertos. La presentación quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en la causa.
Los delitos imputados a los funcionarios por la dirigencia de APA son “defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica”, todos vinculados a la determinación del precio base de venta de la compañía.
El eje del cuestionamiento es la resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo, que fijó ese precio base en torno a los 45 millones de dólares. Para APA, esa cifra resulta “cuanto menos inentendible”, ya que la empresa registró en su último balance un superávit superior a los 20 millones de dólares, y el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció ante el Congreso que Intercargo posee 55 millones de dólares en activos corrientes. Que el precio base de venta sea inferior al valor de los activos corrientes declarado por el mismo gobierno que impulsa la privatización es el dato central que sostiene la denuncia.
Tasación polémica
El sindicato cuestionó además que la tasación haya sido encargada al BICE mediante el método de flujo de fondos descontados, en lugar de a organismos con mayor tradición y especialización en valuaciones públicas, como el Tribunal de Tasaciones de la Nación o el Banco Nación. Esa elección, sostiene APA, forma parte del proceso irregular que derivó en un valor base que no refleja la realidad patrimonial y operativa de la empresa, lo que podría implicar una venta “a precio vil” del patrimonio estatal.
Intercargo es una compañía estratégica del sistema aerocomercial argentino, que presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. La privatización, habilitada originalmente por la Ley Bases, contempla la transferencia del 100 por ciento del paquete accionario sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, unos 1.500 trabajadores del sector aeronáutico dependen de la continuidad de la empresa, lo que convierte el proceso en una amenaza directa sobre el empleo y sobre el futuro del sistema aerocomercial nacional.
Estafa al Pueblo
Desde APA afirmaron que la denuncia busca “frenar una posible estafa al pueblo argentino” y anticiparon que sostendrán la presión tanto en el ámbito judicial como en el plano gremial. El caso se suma a la serie de cuestionamientos que rodean el programa de privatizaciones del gobierno, respecto del que ya se denunciaron valuaciones por debajo del valor real, organismos de tasación no especializados y procesos administrativos opacos que, en este como en otros casos, terminan beneficiando a los compradores privados a expensas del patrimonio público.
La ola de privatizaciones se aceleró en los últimos días, donde se vio que el gobierno tiene en la mira varias empresas públicas. En estos días se adelantó la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que abarcará a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La lista también incluye a las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín, una segunda etapa de concesiones hidroeléctricas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda, que se dedica a la impresión de billetes y la acuñación de monedas. Las “joyas de la abuela”, que se salvaron de la liquidación menemista, o que fueron estatizadas pero otra vez tiene el cartel de venta.