Rodolfo Dromi, ejecutor de las privatizaciones de los 90, sintetizó en una frase el espíritu de aquellos años: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. Así, muchas de las 300 empresas públicas que recibió el gobierno de Carlos Menem al iniciar su mandato pasaron a m,anos privadas. La primera de ellas fue ENTel, luego os canales de televisión 11 y 13, y luego llegó la ola fuerte de ventas: Aerolíneas Argentinas, los trenes, los peajes, SEGBA, Obras Sanitarias de la Nación, el correo, Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA y Gas del Estado. Muchas de ellas volvieron a ser controladas por el Estado a partir del 2003, pero ahora vuelven a estar en la mira para su nueva venta. Es que esta semana, la gestión libertaria avanzó con varios procesos privatizaciones y reprivatizaciones, que emparentan al gobierno menemista con el de Javier Milei, que nunca ocultó su opinión positiva a ese proceso de casi 10 años en el país. La salida de los pliegos para desprenderse de AySA fue la última de las medidas que profundizan el camino que hermana ambas gestiones. Además, hay alarma por la venta de Transaner, fuertemente criticada por el dirigente Carlos Minucci, y los intentos de desprenderse de la Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Los gremios denuncian las graves consecuencias de desmantelar de esta manera las empresas estatales.
En campaña, el presidente Milei prometió pasar a manos privadas muchas de las empresas del Estado. Primero, con motosierra en mano, desguazó gran parte de las entidades públicas, y ahora complementa con las privatizaciones. Según las versiones periodísticas, con estas ventas y licitaciones la Casa Rosada planea obtener hasta 3 mil millones de dólares para fin de año. El listado que manejan los funcionarios libertarios incluye empresas que se dedican a la energía, la logística de cargas y hasta la producción de monedas, con el doble objetivo de retirar al Estado de la gestión comercial y fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA). Uno de los sectores apuntados es el de la energía, que comenzó con el paso a manos privadas de Transener.
La falta de injerencia del Estado nacional en la producción, distribución y manejo de las distintas fuentes energéticas preocupa, ya que es considerado un abandono de la soberanía, como dijo en estos días Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). Además, se pretende pasar a privados la mayoría del paquete accionario de la Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), al que es resistido por sus trabajadores y el gremio estatal ATE.
En el sector nuclear, hay privatizaciones incluidas en la Ley Bases, como el 44 por ciento del paquete accionario de NA-SA, que opera las tres centrales nucleares que operan en la Argentina. “A la avanzada privatizadorta en el sector se suma la idea de pasar a manos privadas la explotación de minería de uranio, que se hace en Mendoza, Río Negro y Chubut”, explicó Rodolfo Kempf, investigador principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y miembro de la conducción nacional de ATE. En diálogo con Data Gremial, el referente sindical remarcó que el intento de explotar uranio “va acompañado con la extracción de otros minerales críticos”.
Además, agregó, el gobierno libertario pretende privatizar “la producción de radioisótopos ligados a la salud, a través del flamante reactor 10 que está terminado recientemente, y que es idéntico al que la Argentina exportó hace un tiempo a Australia”. “Esto, sumado al cierre del proyecto CAREM, genera una ruptura en un proyecto nuclear muy coherente y ordenado, la nuclear es un área estratégica donde el país tiene alta tecnología”, destacó Krempf. En este sentido, el país comparte con Brasil y Sudáfrica esta capacidad de producción en el hemisferio sur, lo que marca la importancia del sector.
Desde ATE están preparando un acto para el 31 de mayo, cuando se conmemore la fundación de la CNEA, para repudiar el avance privatista. “Es un desmembramiento”, sintetizó Krempf.
Concesiones viales
Esta misma semana, el gobierno avanzó con otra de sus promesas de campaña: la concesión de las rutas bajo su jurisdicción. El vaciamiento de la Dirección de Vialidad Nacional va de la mano de esta política, que es rechazada por los gremios del rubro. En este contexto, el Ministerio de Economía adjudicó hace unos días la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.
La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. El documento ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Según la decisión oficial, se adjudicó el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el Tramo Pampa y el Tramo Sur, en manos desde ahora de varia empresas que deberán realizar “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”.
Toda esta política de entrega a los privadores de las rutas nacionales es resistida desde el inicio de gestión por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que vienen realizando un largo plan de lucha contra la destrucción de la entidad, que la gestión libertaria intentó directamente cerrar, como parte de la ola privatizadora. Respecto a estas cuestiones, desde el gremio le dijeron a Data Gremial que ratifican su “rechazo a todo esquema concesional que atente contra el rol estratégico del Estado en la infraestructura vial”. “Las rutas no pueden ser tratadas como un negocio”, afirmó FEPEVINA, y subrayó que “las rutas nacionales son herramientas de integración, desarrollo y soberanía”. La entidad concluyó que esas rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados con respaldo del propio Estado”, y reafirmó su compromiso con “una Vialidad Nacional fuerte, federal y al servicio del desarrollo argentino”.
Esta semana, respecto de estas cuestiones, la FEPEVINA denunció la incorporación de la llamada Garantía FOGAR en la Licitación Pública 504-0013-LPU25 de la Red Federal de Concesiones Etapa II, al advertir que el gobierno “habilitó una herramienta pública para respaldar el financiamiento de futuras concesiones privadas”. Para FEPEVINA, esa decisión implica “trasladar herramientas públicas al financiamiento de concesiones privadas”, en un esquema que genera una fuerte señal de alerta para el sector vial y para las pymes.
Agua para pocos
El caso de AySa fue el que dejó al descubierto el avance privatizador, ya que es una empresa más visible que las eléctrica, y porque fue recuperada en el inicio de la gestión de Néstor Kirchner luego de una desastrosa concesión privada. En la semana, se publicó los pliegos para vender el 90 por ciento de las acciones de la empresa estatal, que es la encargada del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La administración libertaria espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares con la operación y destinar esos fondos al pago de deuda, en el marco del plan oficial de desprendimiento de empresas públicas, según las versiones.
El esquema previsto contempla dos etapas. Primero se venderá al menos el 51 por ciento de la compañía a un operador privado mediante licitación y luego se avanzará con la colocación del resto de las acciones estatales en bolsas y mercados. El 10 por ciento restante seguirá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El pliego exige que los interesados acrediten experiencia concreta en la operación de sistemas de agua potable y cloacas. Las primeras críticas apuntan a la posibilidad de que se corte el servicio por falta de pago. “Eligen el día del sanitarista para publicar las condiciones de venta de AySA. Más cinismo no se consigue”, dijo Malena Galmarini, ex interventora de la empresa.
En febrero de este año se privatizó IMPSA, que se convirtió en la primera empresa vendida durante la era Milei. Además, se concesionario las represas del Comahue, una operación que les permitió hacerse al Gobierno de 707 millones de dólares en diciembre del año pasado.
En la agenda hay varias en la mira libertaria. Hasta el 10 de junio, los privados que estén interesados por Intercargo podrán sumarse a la licitación. También se adelantó la privatización de Belgrano Cargas y Logística, que abarcará a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La lista también incluye a las centrales térmicas Manuel Belgrano y General San Martín, una segunda etapa de concesiones hidroeléctricas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda, que se dedica a la impresión de billetes y la acuñación de monedas. Las “joyas de la abuela”, que se salvaron de la liquidación menemista, o que fueron estatizadas pero otra vez tiene el cartel de venta.