Una empresa creada apenas meses antes, sin empleados registrados, sin antecedentes comerciales y sin siquiera una página web cuando fue contratada terminó cobrando $247.836.858,63 de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Detrás de esos pagos aparecen Sergio Andrés Aguirre, socio comercial de Martín Menem; dos exinterventores de la obra social; reuniones en Casa Rosada con “Lule” Menem y una serie de decisiones sobre contrataciones que ahora forman parte de una causa penal.
La trama había sido revelada por El Disenso y el juez federal Sebastián Casanello acaba de procesar a los principales involucrados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El caso tiene como eje a HTech Innovation SA, una firma constituida en abril de 2024 por Aguirre y Stefano Zanetti que prácticamente no tenía recorrido empresarial antes de desembarcar en OSPRERA. Apenas unos meses después de su creación, modificó su objeto social para incorporar “Consultorías”.
El 5 de julio de 2024, Aguirre ingresó a Casa Rosada junto a Virginia Montero, quien posteriormente sería designada interventora de OSPRERA, para mantener una reunión de casi dos horas con Eduardo “Lule” Menem.
Poco después llegó el contrato. El 6 de noviembre de 2024, HTech emitió su primera factura a OSPRERA por más de $40 millones. Ese mismo día, Montero dejó la intervención y fue reemplazada por Marcelo Petroni, quien continuó con los pagos.
Una empresa sin estructura que terminó cobrando millones
La investigación judicial puso bajo la lupa las condiciones en las que HTech comenzó a prestar servicios para OSPRERA.
Según la documentación incorporada al expediente, la empresa no tenía empleados registrados, bienes registrables ni infraestructura propia acorde con las tareas contratadas. Su domicilio declarado coincidía con un consultorio privado de Aguirre y el dominio de su página web recién fue registrado en enero de 2025.
Pese a ese cuadro, HTech terminó recibiendo $247,8 millones de la obra social durante el período investigado.
La Justicia ahora busca determinar si la contratación y los pagos formaron parte de un esquema de direccionamiento de fondos y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
El “interventor de hecho”
Uno de los puntos más comprometedores del expediente es el rol que habría desempeñado Aguirre dentro de OSPRERA.
Aunque no tenía un cargo formal, la resolución judicial señala que tenía influencia directa sobre gerentes y participaba de decisiones vinculadas con contrataciones.
En el grupo de WhatsApp “Rurales” aparecen mensajes en los que se impartían instrucciones sobre prestadores de medicamentos.
El 13 de noviembre de 2024, Aguirre habría ordenado frenar la selección de proveedores. El 22 de noviembre habría indicado cancelar el contrato con Vors —Admifarm— y avanzar con Gerenciar Salud.
El 26 de diciembre, Petroni formalizó la cancelación mediante la Resolución 15/24.
La secuencia es uno de los elementos que sostienen la hipótesis de que Aguirre actuaba como un “interventor de hecho” de la obra social.
Los mensajes que llegan hasta los Menem
Las comunicaciones secuestradas también muestran contactos frecuentes entre los protagonistas de la intervención y el entorno del Gobierno.
El 18 de diciembre de 2024, Petroni escribió: “Hola Edu. Me tengo que reunir con Martín Menem y Lule a las 9,30”.
El 9 de enero de 2025 informó que se había reunido con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el ministro de Salud, Mario Lugones, y luego agregó: “después con Martín Menem en Casa Rosada”.
En otros mensajes aparecen instrucciones como “avisale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”.
Y en una conversación con un contacto de prensa aparece otra frase que quedó incorporada a la investigación: “Nosotros somos Lule y Karina”.
La caja sindical detrás de la pelea
La dimensión política del caso aparece cuando se observa qué es OSPRERA y por qué su intervención fue tan relevante.
OSPRERA es la obra social del sindicato de los peones rurales UATRE y una de las principales entidades del sistema gremial de salud. El Gobierno de Javier Milei la intervino en 2024, en medio de la disputa con José Voytenco por el control del gremio.
La pelea también alcanzó a la conducción de la UATRE. El Ejecutivo intentó desplazar a sus autoridades y el conflicto terminó en los tribunales, donde la Justicia llegó a ordenó la continuidad de Voytenco antes de que nuevas decisiones judiciales modificaran el escenario.
Por eso, el expediente sobre los contratos de OSPRERA se desarrolla sobre un trasfondo mucho más amplio: la disputa por el control de una de las principales obras sociales sindicales del país y de una estructura económica de enorme peso dentro de la UATRE.
De la denuncia periodística al procesamiento
El Disenso había expuesto previamente los vínculos entre Aguirre, HTech, los interventores y el entorno de los Menem. La investigación periodística reconstruyó reuniones, movimientos societarios, contratos y comunicaciones que luego fueron incorporados al expediente.
Ahora Casanello procesó a Aguirre, Virginia Montero, Marcelo Petroni y María Casandra Mirabelli, presidenta de HTech Innovation.
El procesamiento no implica una condena y la investigación continuará para determinar las responsabilidades penales de cada involucrado. Pero la resolución judicial le dio una nueva dimensión a una trama que había sido denunciada públicamente: una empresa prácticamente recién creada terminó cobrando casi $248 millones de una obra social intervenida por el Gobierno, mientras su principal vínculo comercial aparecía conectado con Martín Menem y los mensajes del expediente conducían una y otra vez hacia Casa Rosada.