La quiebra de Algodonera Avellaneda, empresa del grupo Vicentin, sumó un nuevo capítulo con un fuerte impacto sobre el empleo: el juez de Primera Instancia y Comercial de Segunda Denominación de Rafaela, Fabián Lorenzini, resolvió suspender “gradual y paulatinamente” las actividades de las tres plantas de la compañía y avanzar con la desvinculación de 243 trabajadores.
La resolución, publicada este martes 17 de noviembre, alcanza a la hilandera de Reconquista, en Santa Fe, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. El magistrado fundamentó la decisión en la necesidad de evitar que la continuidad de las operaciones siga generando nuevas deudas que comprometan el pago a los acreedores y a los propios trabajadores.
El fallo establece que la sindicatura deberá terminar la producción que ya se encuentra en proceso, sin incorporar nueva materia prima, y ejecutar una secuencia ordenada de cierre. Sin embargo, Lorenzini aclaró que la medida “no importa el cierre definitivo de los establecimientos, que se resolverá oportunamente”.
243 trabajadores quedan desvinculados por la quiebra
El juez también ordenó finalizar de manera inmediata los contratos comerciales vigentes con las dos empresas que realizaban trabajos a fasón y declaró “extinguidos por causa de la quiebra” los vínculos laborales con el personal.
Las desvinculaciones se concretarán a medida que finalicen los trabajos de producción que ya fueron iniciados. Mientras tanto, se mantendrán guardias mínimas en los establecimientos.
El impacto alcanza a 203 trabajadores de la hilandera de Reconquista, 21 de la desmotadora de Bandera y otros 18 de General Pinedo. En total, son 243 puestos de trabajo que se pierden en tres localidades de distintas provincias.
La resolución habilita, además, el acceso inmediato de los empleados a las prestaciones por desempleo y a los mecanismos de verificación de sus créditos laborales. La sindicatura había remarcado la importancia de resolver esta situación para evitar demoras en el acceso a esos derechos.
La sindicatura sostuvo que mantener la producción genera más deuda
La decisión de Lorenzini se apoyó en el informe presentado por los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, quienes recomendaron detener la explotación de las tres unidades productivas y desvincular al personal.
El argumento central es que los ingresos obtenidos por los trabajos a fasón no alcanzan para cubrir los costos de funcionamiento. Según el relevamiento, apenas permiten afrontar los salarios y las cargas sociales, pero dejan sin financiamiento gastos indispensables como la energía eléctrica, los insumos y los servicios necesarios para sostener la producción.
“Adelantamos que el dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida”, señalaron los especialistas.
En el informe también explicaron que “la única actividad que desarrolla la fallida es a través de contratos de fasón” y que “con los ingresos que generan los mismos no es posible mantener la actividad sin contraer nuevos pasivos”.
La situación de la hilandera de Reconquista fue utilizada como ejemplo de ese desequilibrio. Durante octubre, los ingresos por trabajos a fasón alcanzaron los $424,8 millones, mientras que los costos de producción llegaron a $1.239,5 millones. La diferencia representó un déficit mensual de $814,7 millones, equivalente a unos US$538.800.
Los síndicos detallaron que los ingresos por los contratos a fasón “se agotan en la masa salarial y sus cargas ($355 millones), mientras la energía eléctrica posterior a la quiebra cuesta entre $533 y $782 millones mensuales, a lo que se suman insumos y servicios”.
En ese contexto, concluyeron que “el cese de la explotación es, en este caso, la decisión que mejor protege ese producido, porque detiene la generación de gastos del concurso que se pagarían con preferencia”.
Una deuda de US$260 millones y un pasivo que sigue creciendo
Algodonera Avellaneda fue declarada en quiebra por Lorenzini el 16 de octubre de este año. Al momento de la decisión judicial, la compañía acumulaba una deuda de aproximadamente US$260 millones, principalmente con el Banco Nación, además de un pasivo posconcursal superior a los $6.000 millones.
De acuerdo con el informe de la sindicatura, esa deuda continuó incrementándose durante las semanas posteriores a la quiebra, debido a los costos que demanda sostener las instalaciones y mantener la actividad.
La interrupción de la producción apunta, precisamente, a frenar esa acumulación de obligaciones. Sin embargo, la decisión tiene como consecuencia inmediata la desvinculación de más de 240 trabajadores y deja en suspenso el futuro productivo de tres establecimientos industriales.
La venta de las plantas, una posible salida para preservar la producción
La resolución sobre la suspensión de actividades llegó una semana después de que el juzgado pusiera en marcha el proceso de venta de los activos de Algodonera Avellaneda y estableciera los valores de referencia para las unidades que integran la liquidación.
En aquella oportunidad, Lorenzini manifestó su preferencia por una oferta que contemple todos los activos en conjunto y que incluya un proyecto de continuidad productiva y conservación de puestos de trabajo, especialmente en la hilandería de Reconquista.
Aunque el pliego fue dividido en cinco lotes, el juzgado expresó su expectativa de recibir una propuesta integral “con un plan para seguir produciendo y conservar puestos de trabajo, sobre todo en la hilandería”.
Los valores de referencia establecidos son de US$4 millones para la planta de Bandera, US$3,5 millones para la de General Pinedo y US$1,75 millones para el inmueble de Buenos Aires. En el caso de la hilandería de Reconquista, el precio se determinará de acuerdo con la tasación del Banco de la Nación Argentina.
Las ofertas comenzarán a recibirse este viernes 20 de noviembre y la apertura de sobres está prevista para el lunes 30.
Así, mientras avanza la liquidación judicial de los activos, 243 trabajadores quedan alcanzados por la decisión de extinguir sus vínculos laborales. La posibilidad de que las plantas vuelvan a producir dependerá ahora del resultado del proceso de venta y de que aparezca una propuesta que permita recuperar la actividad y preservar parte de los puestos de trabajo.