Este miércoles al mediodía vence el plazo para preinscribirse como comprador de los activos de Algodonera Avellaneda, la textil de la familia Vicentin que la Justicia de Reconquista declaró en quiebra el pasado 14 de octubre. Hasta el momento hay cinco empresas anotadas: Algoservicios S.A., Vicentin Cereales S.A., Tipoiti Satic, Enod S.A. y Bolton S.A.. Sin embargo, la inscripción no implica un compromiso de compra, sino que habilita a los interesados a visitar las plantas, acceder a información económica, financiera y laboral y, posteriormente, presentar una oferta.
El proceso se desarrolla en medio de una profunda crisis productiva y social. De los 350 trabajadores que llegó a tener la empresa, alrededor de un centenar quedó en la calle y no cobró un peso de indemnización. Otros 200 operarios sostienen la actividad mediante contratos de fazón —producción por encargo para terceros—, aunque desde abril trabajan apenas unos 75, distribuidos entre las secciones Open End y convencional.
La situación laboral también está atravesada por incumplimientos salariales y previsionales. Según denunció el gremio, la empresa acumula salarios adeudados, no canceló el formulario 931 —una situación que dejó a varios trabajadores sin percibir asignaciones familiares— y tampoco depositó los aportes sociales ni previsionales. La mayoría de los despedidos tiene más de 45 años y entre 15 y 20 años de antigüedad, lo que agrava las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.
En la resolución del 23 de octubre, el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, describió la “crítica situación financiera” de la compañía y advirtió sobre la “vulnerabilidad económica, social y sanitaria” que atraviesan las familias de los trabajadores.
El Banco Nación, en el centro de la quiebra
La caída de Algodonera Avellaneda no llegó por sorpresa. La firma llevaba dos años concursada y el mecanismo de salvataje conocido como cramdown venció sin que aparecieran interesados capaces de presentar una propuesta superadora. El principal obstáculo fue el Banco de la Nación Argentina, que concentra más del 80% del pasivo de la textil y no aceptó la propuesta de acuerdo.
De esta manera, el Estado, a través de su principal entidad financiera, terminó ocupando un lugar determinante en el desenlace de una empresa industrial que ahora enfrenta la posibilidad de perder sus instalaciones y puestos de trabajo. El contraste es evidente: mientras el Gobierno sostiene que no hay recursos para rescatar industrias, el Banco Nación fue el acreedor que rechazó el acuerdo que podía evitar la liquidación.
La semana pasada, el magistrado otorgó a la sindicatura una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles para evaluar si las plantas pueden venderse en funcionamiento y conservar parte de los puestos de trabajo. La intención es evitar que la quiebra termine convirtiéndose en una liquidación fragmentada de los establecimientos.
En paralelo, el juzgado también puso en marcha el remate del edificio que la compañía posee en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban oficinas de Vicentin y de la propia Algodonera Avellaneda. La base de la subasta se fijó en 1,75 millones de dólares, tomando como referencia una oferta anterior de Electroluz SRL.
El procedimiento, sin embargo, tiene condiciones particulares. El juez aclaró que las ofertas son no vinculantes, que presentar el precio más alto no garantiza la adjudicación y que cualquier operación estará sujeta a una autorización judicial posterior y a eventuales mejoras de las propuestas.
La última oportunidad para sostener las plantas
La sindicatura propone mantener la producción en los establecimientos de Reconquista, Bandera y General Pinedo, mientras que la desmotadora de El Colorado permanece paralizada. El objetivo es preservar el valor de las instalaciones y, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de puestos de trabajo.
La dimensión del deterioro también queda expuesta en la documentación del concurso: en noviembre de 2024, la compañía registraba 562 trabajadores en relación de dependencia y otros 92 temporarios durante la campaña de desmote. Los informes judiciales, además, señalan que la deuda supera el valor de los activos.
Algodonera Avellaneda cuenta con una hilandería en Reconquista y dos desmotadoras de algodón en Chaco y Santiago del Estero. Su actividad representa el último eslabón industrial de la cadena algodonera del norte santafesino, una región central para la producción de fibra en el país.
El desenlace se produce, además, en un contexto especialmente adverso para la industria textil. Según la Fundación Pro Tejer, la producción del sector acumuló una caída del 22,6% entre enero y julio, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 45,3%. En tanto, las prendas de vestir, el cuero y el calzado registraron una contracción interanual del 15,9% en julio.
El propio sector contabiliza 28.322 puestos de trabajo destruidos y 770 fábricas cerradas desde diciembre de 2023, un panorama que expone el impacto de la recesión, la apertura de importaciones y el retroceso del consumo interno sobre una de las actividades industriales más golpeadas.
La sombra de la causa Vicentin
La quiebra de Algodonera Avellaneda también vuelve a poner sobre la mesa las denuncias vinculadas al entramado empresario de la familia Vicentin. En la Legislatura santafesina, el caso tuvo un capítulo particular hace un año, cuando los trabajadores realizaron un acampe frente a la planta para reclamar por la continuidad laboral.
En aquella oportunidad, el diputado provincial Carlos del Frade vinculó la situación de la textil con la causa Vicentin y denunció una presunta fuga de 788 millones de dólares, a través del Banco Nación de Reconquista y de más de 1.400 transferencias hacia paraísos fiscales. Ese expediente continúa sin condenados.
Ahora, mientras se cierra el registro de potenciales compradores, el futuro de la compañía vuelve a quedar en manos de una definición judicial y de la posibilidad de que aparezca un interesado dispuesto a quedarse con las plantas en funcionamiento.
Si no surge una propuesta que permita preservar los establecimientos como unidades productivas, la liquidación podría avanzar por partes. En ese escenario, los fondos para afrontar salarios e indemnizaciones dependerán de la venta de los bienes de la compañía, incluidos aquellos que permanecen ociosos. Para los trabajadores, el riesgo es que la quiebra termine de convertir en desocupación y deuda salarial el derrumbe de una empresa que supo ser un eslabón central de la industria algodonera argentina.
Observación editorial: mantuve los datos y las denuncias del material original. Antes de publicar, revisaría especialmente la cifra de 200 operarios frente a los 75 que actualmente trabajan, para precisar que se trata de dotación vinculada a la producción y personal efectivamente activo, respectivamente. También convendría confirmar el alcance de las denuncias sobre el Banco Nación y las transferencias, para evitar presentar como hechos judicialmente probados cuestiones que corresponden a declaraciones del diputado.