La Justicia Laboral le dio un nuevo revés al gobierno nacional en su intención de vulnerar el derecho de los trabajadores al suspender el botón digital que estableció la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la desafiliación sindical de sus empleados: el Juzgado de 1era. Instancia Nº17 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP)
Según informó la organización gremial, la medida estableció suspender el acceso digital al Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) mediante el que se podía gestionar de modo automático la afiliación y desafiliación gremial.
Liliana Rodríguez Fernández, la magistrada que tiene a cargo el caso, consideró que el Gobierno intervino indebidamente "en un vínculo estatutario e intrasindical que le es ajeno y del cual se encuentra marginado por imperio constitucional y legal". Además, profundizó que la decisión "carecería de toda razonabilidad que el empleador asumiera para sí, y por su unilateral decisión, el acto formal de la inscripción (y eventualmente la renuncia o la desafiliación) del trabajador a cualquier entidad civil, gremio, asociación, cooperativa o club".
En su resolución, la jueza recalcó que "la entidad gremial es la que tiene la facultad – y por tanto el derecho – de afiliar o de desafiliar a los trabajadores que pueda agrupar, en las condiciones previstas por las normas vigentes y por su propio estatuto".
Los argumentos
El fallo, trascendió, remarca interrumpir "para todos los trabajadores el acceso digital a los sitios (o solapas, o funciones) de su Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona de modo automático la afiliación y la desafiliación gremial".
Rodríguez Fernández abordó el carácter intervencionista de las autoridades del ente recaudador al indicar que "no tiende tan solo a facilitar al trabajador la comunicación de descuentos que pretende o no pretende hacer o aceptar, sino antes bien a sustituir una competencia propia".
Por los puntos esgrimidos, la magistrada llegó a la conclusión de que "existen elementos suficientes para disponer de modo cautelar que la demandada suspenda para todos sus trabajadores el acceso digital a los sitios (o solapas, o funciones) de su Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona la afiliación y la desafiliación gremial".
Carente de constitucionalidad
La jueza fue contundente tras enfatizar que “la afiliación sindical es un derecho personal y voluntario del trabajador, que se ejerce directamente con la organización sindical”. “La patronal no tiene competencia legal para administrar, procesar ni gestionar decisiones de afiliación o desafiliación. Su único rol, en este sentido, es aplicar los descuentos que correspondan, una vez que el sindicato la notifique formalmente", agregó.
Finalmente, recordó: "La Constitución Nacional (art. 14 bis), la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551, y los Convenios 87 y 98 de la OIT, protegen la libertad sindical y prohíben cualquier interferencia por parte del empleador en la organización y afiliación de los trabajadores. Asimismo, advertimos que el tratamiento de datos personales sensibles, como la pertenencia a una organización sindical, está protegido por la Ley 25.326, que exige el consentimiento informado y limita su uso estrictamente a quien tenga competencia legítima".
La acción judicial se presentó contra la decisión de ARCA de incorporar una herramienta digital en su página web de recursos humanos para la desafiliación directa de los trabajadores del organismo de los sindicatos AEFIP y SUPARA (Sindicato Único del Personal Aduanero) y UPSAFIP (Unión del Personal Superior de la ex AFIP).
Tras conocer este anuncio, la AEFIP compartió un comunicado donde tildó la decisión de las autoridades de "accionar desleal, autoritario y prepotente de la patronal" y recordó que condujo a una presentación judicial el 12/05, que la justicia hizo lugar este martes.