La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, se refirió a la confirmación que obtuvo por parte de la Justicia sobre las multas que desde su dependencia se hicieron a tres empresas de delivery por no garantizar los derechos laborales de las personas que se encargan de los repartos y dijo que multaron porque encontraron "todas las condiciones que definen una relación de dependencia" y ningún registro de ese trabajo.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires impuso fuertes multas a Pedidos Ya, Glovo y Rappi que realizan sus entregas mediante plataformas digitales en el distrito bonaerense. La sanción económica fue por explotación laboral y abarcan al menos tres violaciones: incumplimientos a las normas laborales, de salud y seguridad en el trabajo.
"Encontramos todas las condiciones que definen una relación de dependencia y ningún registro de ese trabajo y sobre eso multamos porque esos trabajadores no están debidamente registrados", contó Malec en diálogo con FM La Patriada.
Las multas que el Ministerio de Trabajo bonaerense ordenó a las empresas de delivery fueron recurridas ante la Justicia pero obtuvieron fallos favorables de forma unánime por tres tribunales diferentes de La Plata que le dieron la derecha al Ministerio que dirige Malec.
Así las cosas, la justicia ratificó las multas de $17.690.400 que tuvo que pagar Pedidos Ya, la de $6.318.000 que debió abonar Glovo, mientras que a Rappi se le aplicó una penalización de $16.426.800.
"Cada una fue a un Tribunal de Trabajo distinto y en los tres casos de manera unánime todos los jueces fallaron a favor del Ministerio de Trabajo", resaltó la Ministra.
"Veíamos a estos chicos dando vueltas por distintos lugares de la provincia corriendo a entregar pedidos con una desprotección evidente", contó la Ministra y agregó: "No elijen los horarios, tienen que cumplir ciertos requisitos, tampoco elijen la zona, cuando cobran, no cobran en el momento y no se les entrega elementos de protección personal".
Malec instó a los trabajadores a organizarse para conseguir "una negociación de un convenio colectivo de trabajo donde se determine cómo se organiza el trabajo del sector". Además, señaló que las multas pueden funcionar como un precedente para otras dependencias y comentó que recibió "consultas de otras jurisdicciones con mucho interés para encarar procesos similares".