El conflicto en la empresa Lustramax ya se convirtió en un caso testigo respecto del proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno de Javier Milei. Los despedidos mantiene la toma de la planta de la firma, y este fin de semana recibieron apoyo de distintos sectores, lo que apunta a nacionalizar el reclamo. Para muchos, la situación puede potenciarse ante el inminente comienzo del debate de los cambios en el mundo del trabajo que se desarrollarán, durante febrero, en el Senado nacional.
En ese contexto la toma de la firma proveedora de artículos de limpieza y papelería del parque industrial de la localidad de Tortuguitas en la provincia de Buenos Aires, ya dejó de ser un conflicto que se discute solo en el ámbito laboral sino que posee claras derivaciones sindicales, judiciales, económicas y políticas. Por el momento, los trabajadores inician medidas de fuerza en un costado de la fábrica sin impedir la producción.
Antes de repasar en profundidad estas derivaciones, hay que señalar la cronología del conflicto, que tiene su inicio el 10 enero pasado cuando se denunciaron: Despidos Injustificados: La empresa despide a 140 trabajadores de forma sorpresiva y incumplimiento de conciliación obligatoria. A pesar de la medida dictada por el ministerio de Trabajo bonaerense que responde al gobernador Axel Kicillof. Por ese motivo, los ejecutivos de Lustramax ratificaron los despidos.
Respaldos
Los sindicalistas decidieron desfilar por la toma y apoyar decididamente el accionar de los trabajadores. Si bien las agrupaciones de izquierda sindical lideran las protestas comenzaron a interesarse los referentes de la CGT. Ya se apersonaron delegaciones de gremios nacionales y organizaciones sindicales en el acampe permanente de los empleados para manifestar su apoyo, reforzar la coordinación gremial y visibilizar el conflicto en un momento clave.
Los representantes gremiales de La Bancaria y de la CTA Autónoma dieron el primer paso y hablaron en nombre de Sergio Palazzo, diputado nacional de Fuerza Patria e integrante del Consejo Directivo de la CGT, y Hugo "Cachorro" Godoy. Ambas figuras están siguiendo de cerca el conflicto y creen que lo que pasa en Lustramax es un caso testigo de lo que puede suceder no bien se sancione la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Pronostican despidos sorpresivos masivos, sin pago de indemnizaciones y represión de cualquier manifestación, como sucedió hace dos semanas cuando los empleados bloquearon el ingreso a la planta y la Gendameria intervino.
Los apoyos gremiales también incluyeron a la CGT Zona Norte, liderada por Octavio Argüello (Camioneros- triunvirato de la CGT), Sergio Escalante (alimentos) y Ezequiel Panizza (UOM), que emitieron un comunicado con "apoyo incondicional a los trabajadores y repudio total al accionar de Lustramax".
Vía judicial
En el ámbito judicial, los dirigentes de la empresa, Lustramax S.R.L. intentarán llevar a los responsables de la toma ante los tribunales de la justicia penal. La compañía que tiene como cara visible al empresario Ezequiel Sosa tiene a la senadora provincial y abogada, Florencia Arrieto, asesorándolo por su experiencia con el movimiento denominado, Antibloqueos que tuvo fuerte incidencia en los conflictos en Lacteos Vidal, entre otros.
Ahora bien, en el caso actual de Lustramax, hubo actuaciones de las fuerzas de seguridad nacionales que fueron denunciados por legisladores de la oposición como Myriam Bregman que señaló responsabilidades políticas detrás de los operativos. A través de sus redes sociales, acusó a la abogada y senadora provincial libertaria Florencia Arietto de estar detrás del armado y la justificación de los operativos ilegales, y de operar políticamente en favor de la patronal de Lustramax. En las últimas horas, también han comenzado a surgir derivaciones económicas y financieras de la empresa Lustramax, ya no con trabajadores sino con clientes y acreedores.