En una reunión que se desarrolló esta semana en el Ministerio de Economía, Sergio Massa se comprometió ante la mesa chica de la CGT en la ley de Presupuesto fondos extra para aliviar a las obras sociales sindicales.
En el mismo sentido, también se comprometió a girar 24 mil millones al Ministerio de Salud, entre septiembre y diciembre de este año, para auxiliar a las obras sociales.
Se trata de una demanda que la central obrera venía planteando hace tiempo. Una de las principales preocupaciones está relacionada con los costos extras de las prestaciones por discapacidad.
La noticia fue informada por Massa en un encuentro que mantuvo con los sindicalistas José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN).
En una reunión Massa se comprometió ante tres de los miembros del a cúpula de la CGT que se incluirán en la ley de Presupuesto una partida de fondos extra para aliviar a las obras sociales sindicales.
Alberto Fernández le había prometido hace casi un año a la CGT una solución a ese tema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que iba a permitir que las obras sociales traspasaran al Estado las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, pero la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.
Este tema fue uno de los primeros puntos que la CGT le planteó a Massa apenas asumió, pero el ministro de Economía, urgido por frenar el aumento del gasto público, pidió archivar la idea del DNU y, en cambio, propuso incorporar en el proyecto oficial “una partida dentro de los mecanismos que tiene el presupuesto para solucionar este tema”.
Además de hablar sobre las obras sociales, Massa les aseguró a los dirigentes de la CGT que se postergará para fin de año la discusión sobre el bono salarial que el Gobierno pensaba otorgar a los trabajadores de menores recursos, impulsado por Cristina Kirchner, y que tampoco está en análisis la universalización de las asignaciones familiares, reclamada por Pablo Moyano.
Un alivio que desactivaría una posible protesta
De todas formas, el alivio de los sindicalistas estaba centrado en la solución que brindó Massa a la crisis financiera de las obras sociales: la CGT estaba en alerta por el ajuste en el presupuesto del Ministerio de Salud, que iba a determinar que desde octubre no quedara dinero en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para compensar los reintegros de las prestaciones de alta complejidad y medicamentos.
Según los números que manejaban los dirigentes gremiales y que causaron preocupación, el FDS había recaudado hasta agosto unos 16.000 millones de pesos, pero 9900 millones serán para pagar las prestaciones por discapacidad en educación y transporte y otros 7300 millones de pesos para los subsidios automáticos (correspondientes a las prestaciones de los mayores de 65 años y de los monotributistas), por lo que el saldo de ese fondo es negativo.
Además, en agosto se devengaron 2200 millones de pesos provenientes de saldos presupuestarios para los reintegros por tratamientos de alta complejidad a través del SUR (Sistema Único de Reintegros) y en septiembre se prevén 1000 millones de pesos que surgen de remanentes operativos. “De acuerdo con las proyecciones, no habría más saldo para reintegros de octubre en adelante”, destaca un informe elaborado por los expertos cegetistas.
Ante la inminente quiebra del sistema de obras sociales, la mesa chica de la CGT amagó incluso con llamar a una reunión del Consejo Directivo para decidir una movilización de protesta contra el Gobierno ante los graves problemas para darles atención médica a 14 millones de personas.