La justicia le puso un freno a la persecución gremial en el Hospital Garrahan, cuyas autoridades intentar desaforar y despedir a dirigentes que se pusieron al frente de la lucha por mejores salarios y más presupuesto para el centro pediátrico de referencia nacional. Los sumarios abiertos contra trabajadores que protagonizaron protestas y la amenaza del gobierno fueron evaluados por el juez laboral Herman Mendel como un “obstáculo” para la libertad sindical. Al conceder una medida cautelar a pedido de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), agregó que se puede presumir la existencia de “persecución y hostigamiento”.
Según se supo esta semana, el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 dictó una medida cautelar que ordena suspender “de inmediato” los sumarios administrativos que, de manera masiva, la dirección del centro de salud pediátrico había abierto contra trabajadores que impulsaron o participaron de medidas sindicales. Los sumarios abiertos por Mariano Pirozzo, el interventor designado por el gobierno nacional en el hospital, y el Consejo de Administración pretendía ser el paso previo para el despido justificado de 11 trabajadores y la suspensión de otros 29.
Los sumarios abiertos contra trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan que protagonizaron protestas y la amenaza del gobierno con el desafuero de representantes gremiales para despedirlos (cuando la investigación recién empezaba), fueron evaluados por el juez laboral Herman Mendel como un “obstáculo” para la libertad sindical y un “antecedente claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”. Al conceder una medida cautelar a pedido de la APyT de la institución, el magistrado ordenó suspender el trámite de esas actuaciones administrativas y dijo que las asumirá el propio juzgado. Sostuvo que se puede presumir la existencia de “persecución y hostigamiento”.
Detalles del fallo
El dictamen judicial es fuertemente crítico respecto al accionar oficial ante los sindicalistas. Entre sus puntos principales, reconoce que existió un cuadro de “persecución y hostigamiento” contra delegados y referentes gremiales por el solo hecho de ejercer su derecho a la protesta. Uno de los argumentos más fuertes del fallo apunta directamente a la cúpula del Ejecutivo: señaló que tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el ministro de Salud, Mario Lugones, “anticiparon las sanciones” antes de que concluyera el proceso administrativo.
Al anunciar despidos de antemano, según la Justicia, el Gobierno “vulneró garantías constitucionales básicas, dejando en evidencia que las sanciones fueron una decisión política y no un proceso jurídico transparente”. También se advierte que el accionar del hospital “busca coartar el derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar mejoras salariales”.
Triunfo de la lucha
Desde APyT y ATE Garrahan consideraron que el fallo surge como un triunfo de la “gran huelga” que logró conquistar un 61 por ciento de recomposición salarial en 2025 para que los trabajadores del hospital recuperaran gran parte de lo que habían perdido contra la inflación. Esa medida de fuerza, que incluyó la ocupación de oficinas de personal del Consejo de Administración -en un contexto en el que sus integrantes se ausentaban sistemáticamente de las reuniones oficialmente convocadas para negociar-, fue la que desencadenó, según denuncian, la represalia del Gobierno.
Pese al éxito judicial, las organizaciones mantienen el estado de alerta para lograr la anulación definitiva de los expedientes. En ese marco, ratificaron la convocatoria a un nuevo “Abrazo al Garrahan” para este jueves 26 a las 13. “Debemos redoblar la lucha para terminar definitivamente con este ataque. La medida cautelar es un paso clave, pero la movilización debe ser masiva para confirmar este freno a la criminalización de la protesta”, señalaron referentes de la pelea sanitaria que comenzó desde el mismo 10 de diciembre de 2023 en que Javier Milei asumió la presidencia y el Gobierno nacional comenzó con un proceso de ajuste presupuestario inédito en el hospital.
Por otro lado, recordaron que, al margen del tema de los sumarios, aún hay una importante cantidad de situaciones conflictivas que no han tenido ninguna respuesta de las autoridades, incluyendo el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica. “Precarizaron mediante a extorsiones a 70 profesionales y técnicos, que fueron pasados arbitrariamente al monotributo, sin aguinaldo ni cobertura de riesgos de trabajo”, detalló, por caso, Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el Garrahan.