La tragedia ocurrida este viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad en la prestación del servicio público de gas natural. Un gravísimo siniestro durante la realización de tareas operativas sobre la red, dentro del área de concesión de Metrogas, provocó la muerte de un trabajador, dejó al menos siete personas heridas de gravedad y obligó a evacuar a decenas de vecinos. Frente a este escenario, la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas) denunció que lo ocurrido expone las consecuencias de años de tercerización y precarización en la actividad.
En un duro comunicado, la organización que conduce Rubén Ruiz expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, pero dejó en claro que el acompañamiento no puede significar silencio frente a lo sucedido. “El respeto hacia ellos no implica silencio”, sostuvo el sindicato, que exigió el “pronto esclarecimiento” del episodio, con información transparente y una investigación que permita reconstruir la cadena de decisiones y determinar las responsabilidades en todos sus niveles.
Además, reclamó un cambio en las políticas que rigen el servicio público de distribución de gas natural, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para la entidad, la tragedia no puede analizarse como un hecho aislado ni atribuirse a una fatalidad: detrás del siniestro hay un modelo de organización de la actividad que, según denunció, viene deteriorando las condiciones de seguridad.
La tercerización, en el centro de las denuncias
APJ Gas apuntó directamente contra la estrategia de tercerización que las concesionarias de distribución de gas natural desarrollan en el AMBA desde la privatización del servicio. En ese sentido, afirmó que se trata de una política que “profundiza la precarización, fragmenta los controles del cumplimiento de la actividad, impide un código común en la aplicación de normas de seguridad y subestima la importancia de la capacitación continua y el traspaso de la experiencia acumulada por sus trabajadores”.
La organización sostuvo que viene advirtiendo sobre las consecuencias de ese esquema y recordó que denunció en varias oportunidades las irregularidades y los métodos de trabajo de las empresas contratistas. Entre ellas mencionó a Exgadet, firma contratada por Metrogas y Naturgy Ban, sobre cuyas prácticas aseguró haber realizado reclamos sin obtener respuestas.
“La APJ GAS denunció en varias oportunidades las irregularidades y los métodos de trabajo de las empresas tercerizadas como Exgadet. No fuimos escuchados por las empresas concesionarias del servicio ni por el Estado”, remarcó el gremio.
La denuncia apunta tanto a las responsabilidades empresariales como a la falta de intervención estatal frente a los cuestionamientos que, según la entidad, ya habían sido planteados. Y fue categórica al describir quiénes terminan pagando las consecuencias de ese modelo: “Las consecuencias son claras: las víctimas somos los trabajadores del gas natural y los usuarios”.
“El gas no perdona”: el reclamo por responsabilidades
Uno de los pasajes más contundentes del pronunciamiento apunta a desmontar cualquier interpretación del episodio como un accidente imprevisible. “Lo que ocurrió no fue un hecho inesperado del destino. Es la consecuencia de una sistemática estrategia de tercerización”, afirmó APJ Gas, que vinculó directamente la tragedia con las decisiones que adoptan las empresas concesionarias para organizar las tareas sobre las redes de distribución.
En esa línea, el sindicato advirtió que los riesgos propios de la actividad deben ser minimizados mediante controles, capacitación y criterios de seguridad compartidos. “Nuestras tareas llevan incluidas un riesgo permanente que debe ser minimizado”, sostuvo, antes de cuestionar que la tercerización se utilice para sostener condiciones laborales precarias y fragmentar los procedimientos de trabajo.
“Tercerizar la actividad para mantener la precarización de miles de trabajadores es un camino de ida que tiene un alto costo humano e impide unificar criterios, sostener una política única de seguridad y transmitir experiencia”, advirtió la organización.
El comunicado también dejó una definición que resume la gravedad del planteo gremial: “Lo dijimos y lo repetimos: el gas no perdona. No es un instante. Es un encadenamiento de decisiones que toman las autoridades de las empresas privadas y repercute en el servicio”.
Por último, APJ Gas volvió a señalar a las distribuidoras y reclamó una modificación urgente de las políticas que rigen la actividad. “Metrogas y las distribuidoras de gas natural lo saben. El camino es otro. Hay que recorrerlo con urgencia”, concluyó.
La muerte de un trabajador y las personas heridas en Lanús reabren así una discusión que excede el episodio: quién controla las tareas sobre una infraestructura de alto riesgo, bajo qué condiciones se realizan y quiénes deben responder cuando las decisiones empresariales y las fallas en los controles terminan en una tragedia.