La conducción de la CGT realizó esta semana una serie de reuniones preparatorias de lo que será el Consejo Directivo pautado para la semana entrante. Las conversaciones se dan en el marco de lo acordado la semana pasada con la dirigencia de ambas CTA, que consensuaron la idea de un “plan de lucha unificado”. Además, el triunvirato se entrevistó con dirigentes de las tres confederaciones sectoriales más importantes que integran su estructura –transporte, industriales y energéticos –para buscar apoyo a una nueva estrategia para enfrentar la política laboral del gobierno de Javier Milei. Sobre la mesa hay distintos modos de protesta, desde una marcha federal hasta el cuarto paro general de la era libertaria.
Según las versiones que circulan, en estas nuevas reuniones se analizará la situación de las diversas actividades y su impacto en el empleo y coordinaron una estrategia frente al embate del gobierno luego de la reglamentación de la ley de modernización laboral que, entre otros puntos, acelera la revisión de centenares de convenios colectivos. Por el momento se descarta un quintó paro luego del realizado el ya lejano 19 de febrero. Las medidas de orden general, además, se realizarían finalizado el mundial de fútbol. El ritmo y la cautela de la CGT contrastan con la avanzada oficial que en la reglamentación de la ley de modernización laboral le puso fecha al inicio de la vigencia del Fondo de Asistencia Laboral para el 1 de noviembre y fijó un plazo de 30 días que expiran el 29 de este mes para activar la renegociación de los convenios a partir del fin de la ultraactividad. Una vez conocido el DNU reglamentador, las versiones preliminares indicaban que serían 150 los convenios que debían ser revisados.
Días después el anunció 446 convenios vencidos. Fuentes de la Secretaría de Trabajo confiaron el viernes que, en realidad, ya se sustanciaron “800 convocatorias que incluyen convenios por actividad y por empresa”. La convocatoria a nivel de empresa que reconoció haber promovido Trabajo resume la intención del gobierno: atomizar la negociación hasta su mínima expresión bajo el amparo de la vulneración del orden de prelación de los acuerdos y la promoción de representaciones gremiales (de ambas partes) a nivel de la unidad productiva. La ley y su reglamentación debilitan el poderío sindical a la hora de negociar en tanto limitan el derecho a huelga y de representación y participación gremial. Además, la Secretaría de Trabajo se reserva el derecho a veto porque la norma le confiere el derecho de suspender la homologación de cualquier acuerdo.
Reforma laboral
El ejecutivo aspira a lograr una transformación de fondo en los convenios incluyendo el banco de horas que habilita jornadas de hasta 12 horas y la inclusión del criterio de salario dinámico. En ambos casos se trata de una vulneración de derechos en favor de maximizar la productividad del trabajo y las ganancias empresarias. Sin medidas concretas a la vista, la conducción de la CGT sigue pendiente de una resolución judicial de fondo e incluso apuesta a la cautela de las empresas a la hora de acelerar la implementación de la norma.
Jorge Sola en declaraciones periodísticas resaltó que “la inseguridad jurídica es lo que está reinando en el ámbito de las relaciones contractuales porque la Justicia todavía no resolvió nuestro pedido de inconstitucionalidad de muchos artículos”. En detalle, infirió que “un empleador que quiera llevar adelante algún artículo corre el riesgo de que la Justicia le diga que es inconstitucional. Cualquier abogado sabe que ‘el que paga mal paga dos veces’, eso dicen los de las cámaras con los que hablamos, por eso nadie avanza”. Con el antecedente de los recientes fallos judiciales, prender una vela a la “inseguridad jurídica” no parece ser la estrategia más robusta.
Conversaciones
En la previa, la CGT busco respaldo de sus entidades sectoriales, y habló de medidas de fuerza escalonadas, llamadas “a la francesa”. Del cónclave participaron los dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), la de Trabajadores del Transporte (CATT) y la de Trabajadores de Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA). Entre ellos se encuentran algunos de los gremios más golpeados por la crisis y, a la vez, dirigentes identificados con el opositor Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
Según comunicaron, la reunión llegó a buen puerto y se crearon las condiciones para que, tal como estaba pautado, se convocara a una reunión de Consejo Directivo en la que se buscará aprobar un plan de lucha escalonado que consistirá en acompañar algunos conflictos puntuales y dispersos para “seguramente definir una medida de tipo nacional”, según adelantó a Sola, cosecretario general de la entidad. La reunión emitió un comunicado en el que anuncian la intención de “avanzar en una agenda común frente al deterioro de las condiciones de trabajo, el retroceso de la actividad económica y el avance sobre derechos históricos del movimiento obrero” a la vez que prometieron “construir respuestas que estén a la altura del momento histórico”.
Para eso, dijeron, corresponde “evitar respuestas aisladas y consolidar mecanismos de coordinación” que culminen en un “plan de lucha sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones”. Por último, pusieron la mirada en 2027 señalando que “la resolución de la crisis es esencialmente política” aunque, aclaran, “esa alternativa no será espontánea: deberá construirse desde la representación del conflicto social”. El jueves fue el turno de los dirigentes de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky y de la CTA Autónoma Hugo “Cachorro” Godoy. Allí se fijó el rumbo de “construir un plan de acción común”.