Desde hace un tiempo, los gremios vienen alertando sobre el desfinanciamiento de sus obras sociales. Incluso un reciente informe de la CGT aseguró que casi el 80 por ciento de los afiliados no generan los aportes necesarios para cubrir la canasta básica de prestaciones, denominada PMO. Ante esto, un grupo de 50 sindicatos formalizarán una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, para exigir la liberación de 688mil millones de pesos que se encuentran bajo control estatal. El grupo está encabezado por Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), y acusa al titular de la cartera económica del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Ante esto, solicitarán el reintegro urgente de los activos al sistema de la seguridad social. La iniciativa, acordada en una cumbre en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), cuenta con la participación de la UOM Capital de Roberto Bonetti y el respaldo estratégico del Sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, gremio que administra OSECAC, la obra social más grande del país por cantidad de beneficiarios. De acuerdo con el planteo elaborado por los asesores legales de los gremios, la multimillonaria cifra que se le exige a la administración central se compone de dos partidas principales. Por un lado, 288mil millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución.
Estos corresponden a remanentes de una partida presupuestaria de 148 mil millones de pesos aprobada en 2023 para prestaciones críticas (como discapacidad) que no fue ejecutada en su totalidad y cuyos montos crecieron tras quedar depositados en plazos fijos en el Banco Nación. Por otro lado, reclaman 400 mil millones de pesos del Fondo de Emergencia y Asistencia. Se trata de recursos derivados de un histórico acuerdo de pago alcanzado en 2017 con la prepaga OSDE tras una controversia por aportes no ingresados, los cuales fueron derivados a la órbita estatal mediante el Decreto 251/19 y permanecen congelados.
Actualización
En forma paralela, la presentación exigirá la actualización inmediata del nomenclador oficial de medicamentos, cuyos valores se encuentran frizados desde hace casi tres años. Según la dirigencia sindical, esta brecha provoca que las obras sociales apenas logren recuperar el 10 por ciento de los desembolsos reales que realizan en farmacia y tratamientos de alta complejidad.
El movimiento liderado por Barrionuevo expone además las fisuras tácticas dentro de la CGT. Mientras que la cúpula de la central obrera mantiene reuniones reservadas sin resultados concretos con el ministro de Salud, Mario Lugones, el sector gastronómico presiona por endurecer la postura en las calles. En ese marco, UTHGRA ratificó la convocatoria a una huelga nacional con movilización al Ministerio de Capital Humano para el próximo 16 de noviembre, reclamando la homologación de acuerdos paritarios y la certificación de sus autoridades electas, al tiempo que insiste con llamar a un paro general de 36 horas contra las medidas económicas del presidente Javier Milei.
Financiamiento
El ex director de la Superintendencia de Servicios de Salud y actual asesor de la CGT, Luis Scervino, advirtió sobre la gravedad del cuadro de situación, definiéndolo como una "encerrona financiera". "La caída del poder adquisitivo de los salarios, sumada al aumento exponencial de los costos médicos, genera una presión insostenible. El 90 por ciento de los fondos de redistribución se los consumen las prestaciones por discapacidad, dejando sin margen el auxilio para alta complejidad. Es una olla a presión", graficó.
La falta de financiamiento también repercute sobre las organizaciones sindicales que administran las obras sociales. Según el informe, numerosos gremios deben transferir recursos de sus propias estructuras para evitar la interrupción de pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores de medicamentos.