La paritaria de los choferes de colectivos volvió a quedar empantanada y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) endureció sus cuestionamientos contra las cámaras empresarias y las autoridades del transporte. En la audiencia realizada entre el jueves 19 y este viernes 20 de noviembre, las patronales acercaron una nueva oferta que el sindicato rechazó por insuficiente y calificó de “arbitraria y mal intencionada”. La propuesta contempla tres pagos no remunerativos de $100.000, distribuidos entre noviembre y enero, y un incremento salarial del 7% recién para febrero de 2027.
La discusión volvió a exponer el mecanismo que viene denunciando la conducción de Roberto Fernández: mientras las empresas condicionan cualquier recomposición a las definiciones oficiales sobre los costos del sistema, los trabajadores siguen esperando una actualización salarial que no quede pulverizada por la inflación. El conflicto ya había tenido otro capítulo el 12 de noviembre, cuando la UTA rechazó una oferta de $60.000 y aumentos acumulativos de apenas 1,7%, 1,6% y 1,5%.
En esta oportunidad, las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA propusieron pagar $100.000 no remunerativos correspondientes a octubre el 30 de noviembre; otros $100.000 imputables a noviembre el 28 de diciembre; y una tercera suma de $100.000 por diciembre, que se abonaría el 20 de enero de 2027. Los montos corresponden al personal de conducción y son proporcionales para las restantes categorías. Además, los pagos estarán sujetos a los días efectivamente trabajados.
La oferta incluye un incremento remunerativo del 7% en febrero de 2027, calculado sobre los salarios básicos de septiembre de 2026. También contempla elevar los viáticos o reintegros de gastos de $22.000 a $25.000 por cada día efectivamente trabajado, pero recién a partir del 1° de febrero. A eso se suma una contribución empresaria extraordinaria de $15.000 por trabajador a favor de la organización sindical, cuyo pago se realizaría en dos cuotas y en una fecha todavía por definir.
La UTA cruzó a las patronales: “Esto no es una paritaria, es una imposición del patrón”
La respuesta de la representación sindical fue contundente. La UTA rechazó íntegramente el ofrecimiento y sostuvo que las cámaras vuelven a presentar una propuesta que no contempla “la dignidad y las necesidades de los trabajadores y sus familias”.
“Esto no es una paritaria, es una imposición del patrón. No lo vamos a permitir”, advirtió el sindicato en el acta. Y agregó que los trabajadores no aceptarán que sus ingresos pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y el techo que, según denuncian, se pretende imponer a las negociaciones salariales.
Uno de los puntos más duros de la intervención de Fernández y su equipo estuvo dirigido a cuestionar el argumento empresario de que el autotransporte atraviesa una profunda crisis económica y financiera. Para la UTA, ese diagnóstico no se corresponde con lo que sucede en el sector.
“Nosotros vemos que mes a mes renuevan las flotas, compran vehículos 0KM, eléctricos y con GNC, lo cual dista mucho de un sector acuciado por una profunda crisis como indican. Está bien que tengan todo esto, pero reconozcan los salarios de los trabajadores”, planteó la organización.
El gremio cuestionó así que las empresas presenten dificultades financieras como argumento para limitar la recomposición de los choferes, mientras continúan realizando inversiones en material rodante. La renovación de unidades, sostuvo la representación sindical, no puede convertirse en una excusa para postergar los salarios.
Menos servicios, incumplimientos y falta de controles: las críticas también apuntan al Gobierno
La UTA también aprovechó la audiencia para poner sobre la mesa otro aspecto del conflicto: las deficiencias en la prestación del transporte público y la falta de controles de las autoridades nacionales y jurisdiccionales.
El sindicato denunció que las empresas utilizan distintas maniobras para garantizar su rentabilidad, incluso incumpliendo las obligaciones vinculadas con las frecuencias y la prestación de los servicios. En particular, cuestionó que se presenten como actividades esenciales o trascendentales, pero después no garanticen los recorridos nocturnos.
“Abandonan a los pasajeros durante la noche, y la autoridad de transporte no hace nada por garantizar los servicios”, señaló la representación gremial. También advirtió sobre incumplimientos de los servicios mínimos declarados, especialmente durante domingos y feriados, sin que las autoridades intervengan para corregir esas situaciones.
En ese marco, reclamó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y los organismos correspondientes asuman sus responsabilidades y verifiquen las condiciones en las que se presta el servicio. Incluso puso en duda que las empresas cuenten con el promedio de 2,8 trabajadores por unidad que se utiliza como referencia en el sistema.
La organización también cuestionó el funcionamiento del esquema de subsidios a la demanda y advirtió que, desde su implementación, observa menos unidades circulando y trabajadores prestando servicios, mientras algunas empresas mantienen colectivos nuevos en sus galpones.
“Antes, cuando el servicio era por kilómetro, los servicios circulaban al minuto. Hoy que el subsidio es a la demanda vemos cada vez menos servicios en la calle, las empresas con unidades nuevas en los galpones, y menos trabajadores brindando servicios. Lamentamos que el Estado no lo quiera o no lo pueda ver”, sostuvo la UTA.
El planteo sindical apunta directamente a la responsabilidad del Estado: las dificultades financieras que invocan las empresas, las demoras en las compensaciones y los problemas de funcionamiento del sistema no pueden resolverse a costa de los ingresos de los trabajadores.
Las empresas ratificaron su oferta y la negociación pasó al 24 de noviembre
Tras el rechazo sindical, las cámaras insistieron en que la propuesta representa “el máximo esfuerzo posible” dentro de la situación económica y financiera que atraviesa el sector. También argumentaron que un eventual reconocimiento de mayores compensaciones tarifarias no solucionaría inmediatamente sus problemas de financiamiento, debido a las demoras entre la aprobación de los recursos y su efectiva percepción.
Por su parte, AAETA manifestó que continúa evaluando la última propuesta presentada por el sindicato y que mantiene conversaciones con las autoridades de Transporte de las tres jurisdicciones. También dejó asentado que considerará válido todo acuerdo que resulte debidamente homologado.
La UTA volvió a rechazar los argumentos empresarios y ratificó que los problemas financieros, las demoras en las compensaciones y los incumplimientos en las frecuencias deben ser abordados por las autoridades competentes, sin trasladar sus consecuencias a los trabajadores. En ese sentido, exigió a las cámaras una propuesta superadora.
“La preservación de las fuentes de trabajo es el interés exclusivo de esta entidad sindical, sin compartirlo con las empresas, que en cada oportunidad que pueden, no dudan en disminuir las nóminas en favor de su mayor utilidad”, remarcaron desde el gremio.
La próxima audiencia quedó fijada para el martes 24 de noviembre a las 14, en una negociación que continúa sin acuerdo y con posiciones todavía distantes. Mientras las empresas insisten en que no pueden mejorar su oferta, los choferes reclaman que no se utilicen los problemas del sistema como argumento para deteriorar sus salarios.