La realidad vuelve a chocar con una de las principales promesas del Gobierno de Javier Milei. La reforma laboral que impulsó el oficialismo como una herramienta para favorecer la contratación no se tradujo, hasta ahora, en una expansión del empleo registrado privado. Por el contrario, los datos oficiales muestran destrucción de puestos de trabajo, más informalidad y un fuerte retroceso en la cantidad de empresas.
Desde la entrada en vigencia de la Ley Bases, en julio de 2024, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El dato adquiere todavía más peso cuando se lo contrasta con la evolución del empleo informal. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026, la tasa de informalidad pasó del 41,4% al 45%, lo que representa unos 574.000 ocupados informales más en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.
Es decir, mientras el empleo privado registrado se achicó, una parte del mercado laboral encontró refugio en la informalidad, sin derechos laborales ni aportes a la seguridad social.
La segunda reforma tampoco generó el supuesto boom
La denominada Ley de Modernización Laboral, aprobada en marzo de 2026, tampoco consiguió torcer esa tendencia.
Desde su entrada en vigencia se destruyeron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según el SIPA. En el mismo período, la informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%.
Los números no permiten hablar de una explosión de empleo formal posterior a la reforma. Mucho menos de una relación automática entre flexibilización de las normas laborales y creación de puestos de trabajo.
Y ahí aparece una cuestión central que ya había quedado expuesta en un análisis anterior de Data Gremial: una ley laboral no crea trabajo registrado por sí misma. El empleo depende de que las empresas tengan actividad, vendan, produzcan y encuentren un mercado dispuesto a comprar. La reforma puede cambiar las condiciones en las que se contrata, pero no puede fabricar demanda donde no la hay.
El problema está afuera de la ley laboral
La discusión resulta particularmente relevante porque el Gobierno presentó la flexibilización laboral como una de las llaves para dinamizar el mercado de trabajo.
Pero los números muestran que, mientras se modificaron las reglas, también se deterioraron las condiciones económicas necesarias para que una empresa incorpore trabajadores.
Desde el inicio de la gestión libertaria cerraron 31.342 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas. Y hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos que todos los registrados durante 2025.
Los PPC habilitan procesos de suspensión y pueden abrir la puerta a reducciones salariales y a indemnizaciones de menor costo. En paralelo, dos causas judiciales investigan presuntas irregularidades vinculadas con firmas adulteradas en procedimientos de crisis denunciados por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada.
El escenario es, entonces, bastante más complejo que el de una legislación que supuestamente impedía contratar.
Cuando una pyme cierra, no hay reforma laboral que genere puestos de trabajo. Cuando una fábrica reduce su producción, tampoco. Y cuando el consumo se retrae, la decisión empresarial suele ser conservar la estructura existente antes que ampliar la plantilla.
La experiencia histórica también contradice la idea de que el empleo formal aparezca como consecuencia automática de una flexibilización. Entre 2003 y 2011, la Argentina atravesó una fuerte expansión del empleo privado registrado sin una reforma laboral flexibilizadora como motor de ese proceso. Lo que existió fue crecimiento económico, recuperación salarial, expansión del consumo, fortalecimiento del mercado interno y mayor actividad productiva.
Las empresas contrataban porque vendían. Y vendían porque había demanda.
Más desocupación, menos empleo formal
El deterioro del mercado laboral también aparece en la tasa de desocupación.
En diciembre de 2023, al inicio del Gobierno de Milei, la desocupación era del 5,7%. En el segundo trimestre de 2026 llegó al 7,9%, según el INDEC.
El Presidente relativizó ese número y sostuvo que se encontraba cerca de los niveles de 2023 y por debajo del promedio histórico. Sin embargo, ese promedio incluye períodos excepcionales como la hiperinflación de fines de los 80 y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.
El dato concreto del presente es otro: hay más desempleo que al comienzo de la gestión libertaria y, al mismo tiempo, menos puestos privados registrados.
Tampoco quedaron al margen los sectores que el Gobierno presenta como motores de su modelo económico. Minería e hidrocarburos perdieron 7.613 puestos de trabajo, de acuerdo con el informe citado en el material.
El nuevo fondo para financiar despidos
En este escenario aparece además el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a funcionar a partir de noviembre y que fue creado por la nueva legislación laboral para financiar indemnizaciones del sector privado.
El mecanismo se nutrirá con aportes mensuales equivalentes al 1% de la masa salarial de las grandes empresas y al 2,5% en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Los fondos quedarán administrados por un banco o una sociedad de bolsa elegida por cada empleador y podrán utilizarse para afrontar indemnizaciones.
La estimación incluida en el proyecto prevé una recaudación de entre US$3.000 y US$5.000 millones anuales.
El problema es que esos recursos saldrán de aportes vinculados al sistema previsional. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2027 citado en el material, la implementación del FAL implicaría una reducción del 7% en los recursos del SIPA, equivalente a $4.363.550.000.000.
La oposición ya presentó un proyecto para intentar derogarlo y cuestionó que los recursos de la seguridad social sean utilizados para financiar indemnizaciones por despidos del sector privado.
La actividad económica, el dato que vuelve una y otra vez
Hay una conclusión que se desprende de los números y que ya había sido planteada por Data Gremial: el problema del empleo no se resuelve simplemente modificando la legislación laboral.
La experiencia muestra que las empresas contratan cuando tienen pedidos, cuando venden, cuando producen y cuando las perspectivas económicas justifican ampliar sus estructuras.
Por eso, la pregunta no debería ser solamente qué tan barato resulta despedir o qué condiciones se fijan para contratar.
La pregunta central es por qué una empresa contrataría trabajadores si no tiene demanda suficiente para sostener esa incorporación.
Ese punto resulta especialmente relevante en una economía donde el mercado interno, los salarios y el consumo tienen un peso decisivo sobre comercios, industrias, pymes y servicios.
La columna anterior de Data Gremial lo resumía de manera directa: el empleo no se crea “por decreto” ni por una reforma laboral, sino cuando hay empresas que venden, demanda, mercado interno y salarios capaces de sostener el consumo.
Los nuevos datos vuelven a poner esa discusión sobre la mesa.
Porque después de dos reformas laborales, el mercado de trabajo no muestra el boom prometido: hay menos empleo privado registrado, más informalidad, más empresas cerradas, más procedimientos de crisis y una tasa de desocupación mayor que la que recibió el Gobierno.
La ley puede cambiar las reglas.
Pero el trabajo aparece cuando hay una economía que funciona.