La lluvia, que en otras jornadas similares le dio un marco de épica a la movilización popular, esta tarde jugó un poco en contra. La decisión del oficialismo de no tratar la posibilidad de vender sin límites tierras a extranjeros generó por un lado el festejo de un amplio sector que militó el rechazo bajo un slogan simple y efectivo: “la Patria no se vende”. Pero también le quito algo de potencia a la marcha. Pese a esto, y al clima, las tres centrales obreras y los movimientos sociales dieron continuidad al plan de lucha iniciado a fines de julio, y junto a un importante apoyo social marcaron el malestar creciente.
Pese a esto, dentro del Congreso la baja del artículo funcionó para alinear a los gobernadores díscolos por un rato, y se aprobaron el resto de las iniciativas. En las inmediaciones del Congreso, la sensación es que la amenaza se mantiene, y que sólo “estar en la calle” es la forma de evitar como posibles triunfo terminen en retroceso, mientras se sigue analizando el impacto político y sindical de estas agitadas jornadas –que terminaron con una violenta represión contra los manifestantes –los datos muestran que la venta de territorio tendrá un amplio impacto, en especial para los pueblos originarios, casi no escuchados en este debate.
Las fuerzas de seguridad hicieron correr la versión de unos 15 mil manifestantes en las inmediaciones del Congreso, un número que no logra dimensionar la marcha de este jueves. Primero porque hubo un vaivén de manifestantes, que fueron y vinieron por el clima y las complicaciones para llegar. Más allá de los números, las tres centrales obreras pusieron el músculo para mostrar el rechazo de a la propuesta particular de venta de tierras y a toda la normativa, que finalmente se aprobó en general.
En la previa las versiones apuntaban a una presencia “testimonial” de los gremios, en especial los cegetistas, luego de la decisión del oficialismo de bajar el artículo más polémico. Todos los dirigentes consultados por Data Gremial desestimaron esta idea, y marcaron la presencia de la plana mayor de la entidad en la Plaza de los dos Congresos. La presencia de muchos ciudadanos “sueltos” pareció ser una de las novedades.
“Se sumaron diferentes variables, no sólo la idea de la extranjerización de las tierras y los recursos nacionales, sino también lo que significó durante el Mundial de Fútbol el despliegue de la bandera con la frase ‘Las Malvinas son argentinas’ por parte de la Selección Nacional tras su partido con Inglaterra”, reflexionó Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA Autónoma sobre el componente de la marcha.
Ante la consulta de Data Gremial, el referente sindical destacó que este tipo de luchas “están en el consciente y en el inconsciente en la historia, una historia cultural, de luchas, de sentimientos de nuestro pueblo”. “Hubo una chispa que indudablemente impactó y quizás es una imagen que provocó todas estas cuestiones. Porque al otro día, tuvieron que suspender la sesión”, reflexionó Peidro en la previa a la jornada de lucha. Si bien el dirigente destacó el avance que se logró en la previa, con la baja del proyecto, pese a otros triunfos libertarios: “Hubo retrocesos importantes con decretos y leyes debido a que en ciertos momentos no existió el músculo gremial político de consenso suficiente como para doblegarlo”. Sin embargo, destacó que en diversas oportunidades, “este Gobierno no pudo hacer todo lo que quiso más allá que se vea que prácticamente todos los días tiene una iniciativa en contra de la Argentina y del pueblo”.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores emitió un comunicado donde dijo que “la marcha es inmensa”. “Más allá de la convocatoria de las organizaciones sindicales, sociales y políticas, la sociedad salió a la calle para rechazar la ley. A pesar del triunfo a medias que ya se obtuvo de que quiten el capítulo de extranjerización de la tierra, el pueblo está colmando la plaza frente al Congreso”, resaltó la entidad sindical.
Malestar y represión
El clima de la plaza frente al Congreso fue variando de acuerdo al correr del día. Las centrales obreras prepararon un escenario donde la dirigencia expresó varias veces el carácter trascendental de la unidad conseguida, que incluye a los movimientos sociales, que entre muchos reclamos piden la vuelta del ex Potenciar Trabajo.
Mientras dentro del Congreso el oficialismo se preparaba para aprobar la norma modificada unas 20 veces –terminó excluyendo la reforma de la Ley del manejo del Fuego –afuera las críticas al gobierno y sus aliados crecieron. En su discurso, titular de la Federación Judicial Argentina (FJA) Matías Fachal destacó justamente el carácter “histórico y trascendental” de la protesta: “Lo que suceda en el Congreso va a comprometer a las generaciones futuras porque está involucrada nuestra soberanía. Más allá de que hayan sacado el capítulo de extranjerización, quedan aspectos muy nefastos. Por eso la CTA Autónoma está movilizada junto a todo el pueblo”.
En tanto, desde la columna del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) los dirigentes también convocaron a profundizar las medidas de lucha contra las políticas de ajuste del gobierno nacional y reclamaron la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. La convocatoria reunió a organizaciones sindicales de distintos sectores, cuyos referentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero frente a las políticas oficiales.
Con la tarde cayendo, y con la lluvia como telón de fondo, se desató la violenta represión, que comenzó cuando un grupo de personas derribó una de las vallas de seguridad, a esta altura un clásico de este tipo de movilizaciones. Eso dio pie al accionar de las fuerzas de seguridad, que activaron el “protocolo anti piquetes”.
Los camiones hidrantes y los gases lacrimógenos dijeron presente bajo la lluvia en medio de un fuerte operativo que movilizó a más de dos mil policías. La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio. La también ya famosa “cacería” que denunciaron varias organizaciones y dirigentes.
Impacto
En la previa a la manifestación, cuando se buscaban argumentos para evitar la venta de tierras a extranjeros, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) difundió un estudio donde analiza el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su impacto entre los pueblos originarios, considerado “un nuevo capítulo del despojo territorial”. “El proyecto de Sturzenegger no los menciona en ninguno de sus 53 artículos. Pero tres de sus capítulos los alcanzan de lleno y profundizan décadas de despojo territorial”, resaltó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
El desalojo exprés “puede ejecutarse sobre cualquier ocupante sin título formal, independientemente de si esa ocupación tiene décadas o de si existe un conflicto territorial en curso”. Las comunidades que el Estado todavía no relevó ni tituló quedan expuestas al mismo procedimiento sumarísimo que una familia inquilina en mora. Según el último censo de 2022, en la Argentina 1.306.730 de personas que se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas en Argentina, agrupadas en 58 pueblos con derechos territoriales reconocidos en la Constitución desde 1994.
El IEF apunta al capítulo de expropiaciones, que quedó dentro en la propuesta oficial, y que cierra “la vía por la que el Estado podría titular esos territorios cuando hay propietarios privados de por medio”. Y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego habilita el cambio de uso del suelo en zonas patagónicas y del norte donde los incendios de 2025 y 2026 afectaron áreas con conflictos territoriales activos.
El gobierno “había despejado el terreno antes de que el proyecto llegara al Congreso”, cuando el 10 de diciembre de 2024, el DNU 1083/2024 derogó la prórroga de la Ley 26.160, la norma que desde 2006 suspendía los desalojos de comunidades indígenas mientras el Estado relevaba y titulaba sus territorios. Además, denunció la entidad de la CTA Autónoma, se levantó la suspensión sobre miles de comunidades que todavía no habían sido reconocidas formalmente, y lo justificó en nombre del artículo 17 de la Constitución: “la emergencia territorial indígena afectaba, decía el decreto, el derecho de propiedad de ’los legítimos dueños’”.