El próximo jueves, cuando en Senado intente convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la propuesta del gobierno para habilitar la venta indiscriminada a extranjeros, el plan de lucha de las centrales obreras tendrán un nuevo capítulo, empujado por el malestar que genera la propuesta del oficialismo. Originalmente, la fecha no era parte del cronograma de protestas acordado por la CGT, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales, pero el malestar por el impacto que tendrá esta iniciativa la fue metiendo en el armado del plan de lucha del movimiento obrero. La idea de hacer esa jornada una gran movilización “por la soberanía” fue ganando terreno en los últimos días, al punto que a esta altura ese jueves aparece como “el kilómetro cero” de la resistencia al modelo libertario.
Por estas horas, la idea es que en las inmediaciones del Congreso haya una verdadera multitud, al estilo de las marchas universitarias o las protestas contra la reforma previsional durante el macrismo. La idea de confirmar una multisectorial que articule la oposición a las medidas de la gestión libertaria entusiasma a la dirigencia, que destacó la aparición e distintas voces contrarias a estas y otras propuestas de la Casa Rosada. Un informe alerta como este proyecto impacta en la soberanía territorial.
La llamada Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, popularmente conocida como Ley de tierras o Ley de extranjerización de tierras, está en carpeta para ser debatía en principio en la próxima sesión prevista, para el jueves 6 de agosto. El extenso proyecto oficial consta de siete capítulos y abarca temas tan diversos como los cambios para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, manejo del fuego, desalojos y expropiaciones.
En líneas generales, la iniciativa enviada el 27 de marzo por el presidente Javier Milei al Senado, impulsada por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado Federico Sturzenegger, busca "fortalecer la propiedad privada" y reducir la inseguridad jurídica para atraer inversiones. Los planteos opositores al proyecto de ley provienen de distintos bloques y estamentos. Uno de ellos es el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, que estimó que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino se encuentran en manos de propietarios extranjeros, un argumento que varios legisladores opositores utilizan para fundamentar su rechazo.
Para los gremios, la jornada en el Senado sirve para aumentar la presión contra el gobierno, luego e participar de la jornada de protesta de los jubilados, el 22 de julio, que es entendido como un puntapié inicial del nuevo plan de lucha al que adhieren las tres centrales obreras, y que los sectores más combativos de los gremios fomentan para enfrentar al modelo libertario “en la calle”. “Vamos a participar de la movilización del 6 de agosto, junto a una gran cantidad de gremios”, adelantó Rubén Ruiz, titular de la Asociación del personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas), que forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), uno de los promotores de la jornada. Según le comentó el dirigente a Data Gremial, “tenemos información de que no está garantizada la sesión, porque aparentemente al día de hoy no tienen los votos necesarios, de todas maneras vamos a convocar a movilizarnos ese día”.
La participación de los principales espacios del movimiento obrero, más sectores sociales y políticos, hacen pensar en una gran jornada opositora. Al respecto, Ruiz analizó que “no sabemos si esto va a ser un antes y un después, o un punto de partida para frenar las políticas laborales y económicas del gobierno. Lo que si entendemos nosotros es que sin territorio no hay Nación, y eso va más allá de una reivindicación salarial o una cuestión particular”. “Este es el kilómetro cero, si no podemos defender lo que somos difícilmente podamos tener un país mejor, esta es nuestra impresión, nuestros recursos naturales son apetecidos por los poderosos del mundo, no nos podemos hacer los tontos sobre eso”, insistió el titular de APJ-Gas.
En todo el país
En la previa al tratamiento, se plantearon varias acciones para visibilizar el rechazo a la propuesta, que fue creciendo con el tiempo. El viernes pasado, por ejemplo, sindicatos, agrupaciones gremiales, movimientos populares y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) realizaron un encuentro en defensa de la función social de la propiedad y en rechazo al proyecto de ley que tramita en el Senado, ante la evidencia de sus “graves implicancias en materia de expropiaciones y desalojos, acceso a la vivienda, propiedad comunitaria de tierras indígenas, extranjerización del suelo rural, deterioro del ambiente y perjuicio de la soberanía nacional”.
Este tipo de medidas se extendieron en todo el país, y marcha el rechazo que quieren exponer desde las centrales obreras la semana próxima, que tendrá impacto en todo el país.
En Sana Fe, por ejemplo, habrá un banderazo en la capital provincial y en la localidad de Rosario, donde el movimiento obrero expondrá su rechazo al proyecto, que tiene especial impacto en esa provincia. “Esta convocatoria se hace a partir de una nueva multisectorial, que venimos trabajando desde que se formó para resistir la reforma previsional del gobierno provincial, y que realizó varias acciones en los últimos tiempos”, explicó Claudia Baigorria, titular de la CTA Autónoma de Santa Fe.
En ese espacio participan las tres centrales obreras, los referentes locales de la UTEP, además de espacios feministas y organizaciones estudiantiles, entre muchos otros. Además de estos dos puntos, habrá una olla popular en Reconquista, en el marco de la conmemoración del Día de San Cayetano, que será un día antes del tratamiento de la norma en el senado, pero que se adelantará para expresar el rechazo.
“Va a estar movida la jornada”, le adelantó a Data Gremial Baigorria, que recordó que en la capital provincial se prepara una vigilia para el propio 6 de agosto, esperando la jornada que recuerda al patrono del trabajo, cuando todo el movimiento obrero se movilice por “tierra, techo y trabajo”. “Además en santa Fe marchamos especialmente para que se apruebe el proyecto de ley de cocineras comunitarias, y para repudiar la baja del programa Potenciar Trabajo”, explicó Baigorria. En este contexto, desde la CTA Autónoma les pidieron a los senadores de la provincia “que rechacen esta ley, que hasta ahora sólo un senador (Marcelo Lewandowski) no estaría dando su aprobación”.
Impacto
En tanto, en la previa al tratamiento el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) presentó un extenso documento en el que rechaza el proyecto oficial de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al considerar que implica “un profundo retroceso para la soberanía nacional, la protección ambiental y las capacidades del Estado para planificar el desarrollo”.
El trabajo, titulado “Una reforma para entregar el territorio”, afirma que el núcleo de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo pasa por una modificación sustancial de la Ley de Tierras Rurales. Según el análisis, aunque la norma vigente no sería derogada formalmente, se eliminarían los principales límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y se reducirían los mecanismos de control estatal. Para el IPyPP, la propuesta promueve un cambio de paradigma en la relación entre Estado, propiedad y territorio, otorgando prioridad a la protección patrimonial de los propietarios y los inversores por encima de otros principios constitucionales como la función social de la propiedad, la protección ambiental y el interés público.
Uno de los principales cuestionamientos del instituto que lidera Claudio Lozano apunta a la eliminación de los límites nacionales establecidos por la Ley 26.737 para la titularidad extranjera de tierras rurales. El informe recuerda que la norma vigente fija un tope del 15 por ciento a nivel nacional, provincial y departamental, y señala que actualmente la propiedad extranjera representa alrededor del 5 por ciento de las tierras rurales del país. Sin embargo, advierte que existen más de treinta departamentos que ya superan ese porcentaje debido a adquisiciones realizadas antes de la sanción de la ley.
El documento menciona entre las zonas con mayores niveles de extranjerización a departamentos como San Carlos y Molinos, en Salta; Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; e Iguazú, en Misiones, todos considerados territorios de relevancia productiva, ambiental o geopolítica. Otro punto que genera preocupación en el instituto es la derogación de disposiciones que actualmente excluyen a la compra de tierras rurales de los mecanismos de protección previstos en tratados bilaterales de inversión. Según el análisis, ese cambio podría habilitar controversias ante tribunales arbitrales internacionales, reduciendo la capacidad regulatoria del Estado argentino sobre esos recursos estratégicos.
El informe también cuestiona los cambios proyectados en la Ley de Manejo del Fuego. Sostiene que la iniciativa reduce las restricciones para modificar el uso del suelo después de incendios y limita las protecciones principalmente a determinadas categorías de bosques, dejando fuera a humedales, pastizales y otros ecosistemas que actualmente cuentan con resguardos específicos.