En octubre, Mario Lugones cumple dos años al frente del Ministerio de Salud nacional. Su gestión está atravesada por varios escándalos, como el del fentanilo contaminado que mató a más de 100 personas, y por el ajuste presupuestario, que dejó al sistema sanitario nacional en una situación de parálisis. Pese a que las versiones indicaron varias veces que se buscaba un reemplazante, por el momento seguirá en el cargo para estar al frente de la cartera durante el último año de gestión de Javier Milei, al menos durante este período. Para 2027 no se esperan demasiados cambios en la política libertaria en materia de salud, ya que los números presentados al Congreso en el marco del proyecto de presupuesto muestran que la mayoría de los programas con los que el Ministerio de Salud interviene en el sistema —la atención sanitaria está bajo jurisdicción de las provincias— tienen aumentos por debajo de la inflación. Si bien el peso del sector en el PBI mejora, un informe explica que esto está vinculado a que la cartera absorbe el área de discapacidad, envuelta en una fuerte polémica por el incumplimiento de la ley de emergencia y los constantes recortes. Gremios médicos alertan sobre esta realidad y piden movilizarse para evitar un nuevo ajuste.
El análisis del presupuesto de 2027 pone la lupa en áreas sensibles, como ciencia y tecnología, que sufre un recorte que hace que muchas dependencias estén condenadas a una “virtual parálisis”. En el rubro salud, hay una suba de los recursos, pero vinculada a un cambio en la estructura presupuestaria. Según un análisis del portal El Auditor, el proyecto de presupuesto 2027 asigna al Ministerio de Salud “un crédito de 10.460.900 millones de pesos, frente a los 3.101.450 millones de pesos de 2026”. “Este importante aumento del 237,4 por ciento se explica fundamentalmente por una modificación en la estructura de la cartera ministerial al incorporar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y no por un salto significativo de los programas originales”, destacó el reporte al que tuvo acceso Data Gremial. En 2026, la ANDIS era una entidad descentralizada, autónoma y con presupuesto propio, pero luego de los escándalos por las presuntas coimas se la transformó en secretaría y se la incorporó a la cartera que comanda Lugones. Con este cambio, solo el programa de pensiones no contributivas por invalidez laborativa aporta 6.093.984 millones de pesos, “lo que representa el 58 por ciento de todo el crédito 2027 de la cartera de salud”. Por eso, el Ministerio de Salud “aparecería triplicando su presupuesto”.
Pero si se toma como base 2026 el crédito real que esos mismos programas tenían dentro de ANDIS, “el total comparable de 2026 asciende a 8.312.609 millones de pesos y el crecimiento nominal efectivo se reduce a 25,9 por ciento para 2027”. Más allá de la cuestión técnica, el reporte encuentra una tendencia al ajuste que se viene profundizando en estos tiempos. De los 30 programas presupuestados para Salud de cara a 2027, agregó el portal, “siete tienen variación nominal negativa y 10 crecen por debajo del umbral”. “El aumento agregado de 25,9 por ciento está, por sí solo, debajo de la línea”, resaltaron. En este contexto, el ítem Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud cae 27 por ciento, con transferencias a provincias y municipios; el Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica se reduce 17 por ciento; y Cobertura de Emergencias Sanitarias, programa clave para el abordaje de situaciones de emergencias y desastres, cae 6,2 por ciento. En el programa de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, que aborda infecciones como el dengue y el Chagas, se observa una caída del 4,6 por ciento.
Ajuste generalizado
El tono del presupuesto sanitario no escapa al que tiene la proyección general de gastos para el cuarto año de gestión libertaria. Un análisis del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma alertó que la propuesta oficialista “queda así atrapada en dos circuitos que se retroalimentan: una austeridad que reproduce la necesidad de nuevos ajustes y un sistema de deuda que exige volúmenes extraordinarios de financiamiento y divisas sin traducirse en una expansión equivalente de la inversión y de las capacidades de desarrollo”. Aun con superávit, marcó el informe al que tuvo acceso Data Gremial, el Estado prevé “aumentar su endeudamiento y enfrenta necesidades de divisas equivalentes a más del 80 por ciento del saldo comercial proyectado”. Sobre ese entramado “deben leerse las decisiones particulares del presupuesto en materia de jubilaciones, políticas sociales, salud, educación, infraestructura, organismos públicos, sistema tributario y deuda”.
Menos técnica, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) criticó abiertamente la postura del Gobierno en materia de recursos y políticas para el sistema sanitario. “Nosotros tenemos como dato que hay una importante disminución en todas las partidas del presupuesto destinado a salud, más allá de estos movimientos estructurales”, le dijo a Data Gremial una fuente de la entidad consultada. Esto incluye, según la organización sindical, “hospitales y programas”, aunque aclararon que no harán declaraciones específicas hasta que terminen el análisis detallado de la propuesta. Una de las versiones que circula habla de recortes específicos de hasta el 50 por ciento en algunos nosocomios, como el Claudia Bonaparte de salud mental, que la gestión libertaria intentó cerrar.
Discapacidad
Uno de los focos de mayor polémica en el manejo del sistema sanitario tiene que ver con el área de discapacidad. Luego del escándalo por el pedido de coimas, el Ministerio de Salud absorberá la vieja estructura de ANDIS, que pasará a ser una secretaría. Las revelaciones sobre presuntas irregularidades, coimas y sobreprecios generaron una fuerte crisis y derivaron en este cambio estructural. Según el análisis presupuestario, la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral “es el principal programa en cuanto a volumen de recursos y alcance a la población”, una política de asistencia económica cuyo monto representa un haber mensual equivalente al 70 por ciento de una jubilación mínima. De los más de 5 millones de personas en esas condiciones, solamente 1,1 millones accedieron, según el mismo reporte. Actualmente, en el Congreso Nacional existen proyectos de ley pendientes de debate que buscan que el INDEC elabore un indicador específico que contemple gastos en salud, transporte, terapias y cuidados, con el objetivo de orientar políticas públicas y actualizar aranceles. El objetivo: crear una “canasta de discapacidad”.
Hace unos días, el Gobierno nacional nombró a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad. El mismo día, la Justicia confirmó el procesamiento del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y otras 18 personas por el desvío de 180 mil millones de pesos que debían llegar a las prestaciones de discapacidad. “En medio de estas maniobras nombran a un funcionario de pergaminos dudosos, que ya dijo que su prioridad no va a ser asegurar las prestaciones ni brindar una atención digna”, sostuvo al respecto la FESPROSA al conocerse el nombramiento. Además, la entidad gremial reclamó que “trabajadores de la salud, colectivo de discapacidad, universitarios, el pueblo, todos, para movilizarnos en las calles e impedir este nuevo atropello”.