Hace unas semanas, cuando el frío polar se instaló en buena parte del país, en varias provincias los responsables del sistema público de salud alertaron sobre “situaciones de colapso” por el aumento de las consultas por enfermedades respiratorias. Las bajas temperaturas generan brotes como la gripe o la neumonía, que cada invierno disparan los contagios y los cuadros severos, que requieren incluso intervención. Esto tensiona el sistema de atención, pero este año fue mucho peor. Es que hospitales y centros asistenciales públicos debieron afrontar un aumento de la demanda, por la crisis de la seguridad social. Es que en los últimos años la cobertura de obras sociales sindicales y prepagas viene en baja, producto de los altos costos y los despidos, dejando a mucha gente sin cobertura, y desfinanciando el sistema solidario. Al punto es compleja la realidad del sector, que según un reciente informe más de 1.200.000 de afiliados a ambas entidades se dieron de baja, un número que alarma a especialistas.
Esta masa de pacientes presiona a los distintos sistemas estatales, que deben afrontar esta demanda en un contexto de brutal ajuste. Esta situación podría empeorar en breve, si se confirman una serie de reformas que está pensando el gobierno libertario, que tendría un fuerte impacto en la salud de los argentinos.
El informe del Instituto Argentina Grande se conoció esta semana, y fue elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Según el mismo, más de 1.200.000 de personas “quedaron sin obra social ni cobertura de medicina prepaga desde el comienzo del gobierno de Javier Milei”. El relevamiento, al que tuvo acceso Data Gremial, estimó que “la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud pasó de 9.428.131 en el cuarto trimestre de 2023 a 10.674.416 durante los primeros tres meses de 2026”.
La diferencia entre ambos períodos es de 1.246.285 personas. De acuerdo con el estudio, “el 35,6 por ciento de la población considerada en el análisis cuenta actualmente solo con hospitales y centros sanitarios públicos para recibir atención médica”. El deterioro también se observó al comparar los dos períodos más recientes incluidos en el informe. En el cuarto trimestre de 2025 había 10.443.275 personas sin obra social ni prepaga. Durante el primer trimestre de 2026, la cifra llegó a 10.674.416. Esto representa un incremento de 231.141 personas, equivalente a una suba del 2,2 por ciento en apenas tres meses.
El Instituto Argentina Grande vinculó la pérdida de cobertura con el encarecimiento de los planes de medicina privada. Además, otro factor señalado es la reducción del empleo privado formal. En el primero de los casos, las cuotas de las prepagas “acumularon un aumento del 460 por ciento durante la gestión actual, mientras que la inflación del período fue estimada en el 320 por ciento”. La diferencia entre ambas variables “habría dificultado la permanencia de numerosos afiliados, especialmente en los hogares que debieron destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago mensual de los planes”. Ante los incrementos, “algunas familias optan por cambiarse a planes más económicos, reducir prestaciones o abandonar completamente la cobertura privada”.
En el segundo de los casos, el estudio indicó que durante el período analizado “se perdieron 235 mil puestos de trabajo privados registrados”. La desvinculación laboral puede provocar “la interrupción de la obra social del trabajador y también afectar la cobertura de los familiares que se encontraban incorporados al mismo régimen”. Esta relación permite explicar “por qué la pérdida de un empleo puede tener un impacto sanitario más amplio que el número individual de puestos eliminados”. Cuando no existe otra cobertura disponible o los ingresos no permiten contratar una prepaga, el trabajador y su grupo familiar “pasan a utilizar exclusivamente el sistema público”.
Afectos directos
El informe de Instituto Argentina Grande sostiene que el avance de la población que depende exclusivamente de la atención estatal “incrementa la demanda sobre hospitales y centros de salud públicos”. El crecimiento implica que más personas deben recurrir a un sistema que afronta “mayores necesidades de atención, recursos humanos, medicamentos, insumos y capacidad operativa”. En la provincia de Buenos Aires, este diagnóstico es compartido por CICOP, el gremio de los profesionales de la salud pública.
Según su titular, Pablo Maciel, en los hospitales bonaerenses “se nota el aumento de la demanda”. Según le confirmó a Data Gremial, “en este tiempo la demanda de consultas y la atención de guardias y urgencias aumentó un 35 por ciento”. Lo mismo puede verse en otras provincias, marcando que el problema es trasversal y no distingue gobiernos ni jurisdicciones, ya que esta realidad “derrama” hasta los municipios.
Por su parte, coincidiendo con esta lectura, desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) vienen denunciando esta realidad, producto de la motosierra en el Ministerio de Salud nacional. “Este ajuste tiene consecuencias y las vemos en vidas, las vemos en muertes porque son consecuencia de enfermedades que con buen tratamiento podrían haberse evitado”, denuncio María Fernanda Boriotti, presidenta de la entidad. La entidad viene trabajando especialmente en la situación de los jubilados y la crisis del PAMI, una de las caras más dramáticas del estado de situación de la salud pública.
“El reclamo de los jubilados no es aislado: es una cuestión de salud pública”, agregó. “El recorte previsional y el corte de medicamentos gratuitos de PAMI tienen un correlato brutal: 22.977 muertes en exceso en Argentina en 2024, 21.276 de ellas en mayores de 65 años”, denunció mediante un informe FESPROSA, como contó en su momento Data Gremial.
Nueva amenaza
En este escenario descripto por especialistas y trabajadores y profesionales de la salud, el gobierno vive un verdadero vendaval en el Ministerio de Salud nacional. En las últimas horas, los rumores sobre la salida de Mario Lugones de la cartera sanitaria crecieron, de la mano de la intensificación de la interna libertaria. Lugones, cuyo hijo es socio de Santiago Caputo, pagaría los platos rotos de la crisis sectorial, vinculados al ajuste y las disputas intestinas. Pese a esto, en la órbita de la cartera sanitaria insisten en que irán por varios cambios, para avanzar en la reforma planteada por la gestión.
En mayo pasado, desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) confirmaron que el gobierno analiza cambios en el Programa Médico Obligatorio (PMO), que define las prestaciones que deben cumplir prepagas y obras sociales. Según las versiones de aquellos días, se habló de una actualización que incluiría “criterios más estrictos” para definir qué tecnologías y terapias formarán parte de la canasta básica de salud. Es que en medio de la crisis que golpea a la seguridad social, las entidades están desde hace años al borde del colapso.
En este contexto, desde hace años piden medidas para frenar las coberturas de terapias experimentales, por ejemplo, pero no logran que haya consenso político para dar ese paso. Fuentes del sector salud le adelantaron a Data Gremial que la idea es “ir por la reforma del PMO luego de la reelección presidencial”. Pero las elecciones son en 2027, y si bien Milei frenó el retroceso en su imagen positiva, nada garantiza que podrá tener un segundo mandato. Por esos las fuentes aseguran que la reforma “puede darse antes de eso, bastante antes”. El problema es que las obras sociales “están todas fundidas”, por la caída de aportantes –trabajadores formales –y el aumento del empleo informal. Por eso no puede tolerar más la actual situación, que refleja el informe de Instituto Argentina Grande.