Luego de la pausa mundialista, el país recupera su ritmo habitual, tanto en materia política como sindical. Este miércoles, las centrales obreras volverán a la calle para iniciar un plan de lucha junto a movimientos sociales y otros espacios, en reclamo de diversas mejoras. El comienzo estará vinculado a los jubilados y pensionado, que todas las semanas vienen reclamando desde el inicio de la gestión libertaria por una mejora en los haberes. A partir de esta marcha, se plantea un cronograma de medidas que incluirá distintos niveles de protesta, y que con el correr de los días fue sumando sectores, que le dan músculo al inicio del plan de lucha. Uno de los espacios que se sumó a la jornada es el Frente de Gremios Estatales Nacionales, que coordina los esfuerzos de entidades de trabajadores públicos de todos los rubros, que quedaron bajo el ajuste de la motosierra del presidente Javier Milei.
La adhesión del espacio marca el descontento del rubro de las políticas libertarias, en momentos que el estado nacional sigue achicando su estructura, a fuerza de despidos y salarios cada vez más deprimidos. “El gobierno desguaza el rol social del Estado”, se quejaron desde el frente, que hace unos días tuvo una importante cumbre, donde acordó comenzar una agenda federal de reclamos, apuntando a los gobernadores, que ensayan su propio ajuste.
El Frente de Gremios Estatales será parte de la primera de las jornadas de lucha de este plan de acción acordado por la CGT y las dos fracciones de la CTA, que junto a movimientos sociales y otros colectivos preparan una serie de protestas “que ganen la calle”.
El espacio nacido a los pocos meses que Milei llegara a Casa Rosada para frenar su plan motosierra quiere sumarse a las entidades, e imponer su propia agenda de cuestiones, vinculadas a la destrucción del Estado, tanto a nivel nacional como en muchas provincias donde bajo la escusa de la política libertaria, se están tomando medidas similares. “El Frente de Gremios Estatales y tres centrales sindicales nos sumamos a la movilización de los y las jubilados de este miércoles no sólo para acompañar su justo reclamo, que también abarca a los trabajadores activos, sino también como reanudación del plan de lucha en unidad de acción entre la CGT y ambas CTA”, le explicó a Data Gremial el titular de la Federación Judicial Argentina (FJA), Matías Fachal.
El dirigente recordó que los trabajadores “seremos los próximos jubilados”, y marcó que la unidad de las centrales obreras “lo venimos planteando se continuara luego de la aprobación legislativa de la reforma laboral que destruyen nuestros derechos conquistados como trabajadores”.
La movilización, que tendrá su epicentro a las 15 horas frente al Congreso de la Nación, se presenta bajo la consigna de “defender la seguridad social como un derecho inalienable”. El foco principal está puesto en la situación crítica que atraviesan los jubilados, quienes, según denuncian las organizaciones, representan el sector más castigado por la licuación de haberes y el ajuste fiscal que impulsa la administración de La Libertad Avanza.
Ante esto, Fachal recalcó que “resulta sumamente imperioso y necesario retomar este plan de lucha, y así lo venimos discutiendo en nuestra Federación Judicial Argentina, en el Frente de Gremios Estatales y en la CTA Autónoma”. Además, como parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), tendrán una próxima reunión, en el marco de “los distintos ámbitos en los que participamos para reconstruir esta unidad de la clase trabajadora, para derrotar el plan económico y político del Gobierno de Milei, que desguaza el rol social del Estado, despidiendo trabajadores, cerrando establecimientos y empobrece al extremo a nuestro pueblo, dejando sin medicamentos a los viejos, encarcelado a los pibes, reprimiendo a los que luchamos”.
Plan de ajuste
Uno de los ejes por los cuales nación el Frente de Gremios Estatales es la defensa del empleo público ante el inicio de la motosierra libertaria, que a dos años de gestión se mantiene activa. Así lo demuestran los datos recientemente informados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la dinámica de empleo del sector público nacional. “Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados”, recalcó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
En ese marco, el gobierno sostiene “la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores”. Ello puede confirmarse en el siguiente gráfico donde se observa un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria. “Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la dotación de personal se redujo en 69.992 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 20,4 por ciento”, firmaron.
Analizando por sector, el Centro CEPA observó que, en términos absolutos, “la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera)”; en segundo y tercer lugar las empresas y sociedades y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente. En términos porcentuales, la mayor parte del recorte “recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente”.
Adhesión de ATE
Por su parte, como integrante fundador del Frente de Gremios estatales, la dirigencia nacional de ATE adhirió a la jornada de protesta convocada para este miércoles. La decisión de la entidad conducida por Rodolfo Aguiar no solo robustece la convocatoria, sino que “sella una unidad de acción con las dos vertientes de la CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), lo que evidencia un cierre de filas casi total en el arco sindical y social”, según informaron. Desde ATE, el diagnóstico sobre la gestión de Milei es lapidario.
Aguiar fue contundente al señalar que la tregua social que pudo haber brindado el calendario deportivo se terminó. “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo”, afirmó el dirigente estatal.
El reclamo gremial se sustenta en datos alarmantes proporcionados por la Defensoría de la Tercera Edad. Mientras que la jubilación mínima actual se ubica en 411.989 pesos, la Canasta Básica de los Jubilados —que incluye vivienda y medicamentos— ya asciende a 1.824.682 pesos. Esta brecha de más de un millón de pesos es la que motiva la exigencia de un aumento inmediato de haberes y la restitución de la cobertura total de medicamentos gratuitos.
Según Aguiar, “hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer”. Para las centrales obreras, esta marcha no es un hecho aislado, sino el eslabón inicial de un "plan de lucha escalonado". La falta de canales de diálogo con la Casa Rosada y la profundidad de las reformas por decreto empujaron al sindicalismo a considerar seriamente la convocatoria a un nuevo paro general, una alternativa que ya se admite abiertamente en las mesas de conducción.