En el marco de la última Asamblea Mundial de la Salud, que se realizó en mayo pasado, el gobierno argentino decidió concretar la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida muy criticada, que se dio en el contexto del alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, que tomó el mismo camino. Para intentar revertir esto, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) llevó su campaña contra la renuncia del país a la entidad, que fue apoyado por miles de firmas. En la cumbre, la propia OMS no aceptó la salida argentina, en parte por la presión que hizo la federación.
Esto se consideró “un fiasco diplomático” de la gestión libertaria, y un triunfo de la mirada sanitaria de trabajadores y profesionales. Esto no pudo evitar que el gobierno insista con la motosierra en el sector de la salud pública. Luego del enorme ajuste que generó la decisión administrativa 20/2026, que achicó los recursos en más de 63 mil millones de pesos, en estos días se suma un nuevo sub-ejecución de los recursos ya destinados a los distintos organismos públicos, que afecta el normal funcionamiento de un sistema cada vez más chico, que además de dejar a millones de pacientes indefensos sobrecarga los sistemas provinciales, que deben hacerse cargo de la crisis de acceso a la salud.
Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la dinámica de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) y de sus distintas jurisdicciones, organismos y programas, en este caso en los primeros meses del año, que viene sufriendo la motosierra libertaria. En primer lugar, marcó el reporte al que tuvo acceso Data Gremial, se observa que, al mes de mayo de 2026, la ejecución registra “una caída real del 31 por ciento en comparación con el mismo mes de 2023, expresado a valores constantes”.
Asimismo, respecto de mayo de 2025, “el gasto total registra un leve aumento interanual real del 0,50 por ciento”. Al analizar la ejecución por jurisdicciones, el Centro CEPA observa “una reducción real generalizada respecto de mayo de 2023 en la mayoría de los casos”. Por su peso en el gasto total, se destaca la contracción del Ministerio de Capital Humano, donde la Secretaría de Educación presenta una caída real del 55 por ciento y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia una disminución del 75 por ciento. En materia de salud pública, el análisis al mes de mayo muestra “un escenario heterogéneo, condicionado por el inicio del ejercicio presupuestario y la ejecución aún parcial en diversos organismos”.
Entre aquellos organismos del sistema sanitaria con información comparable respecto de 2023, se observan “caídas reales significativas en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (-33 por ciento), en la ANMAT (-41 por ciento) y en la Superintendencia de Servicios de Salud (-64 por ciento)”. Asimismo, la ex Agencia Nacional de Discapacidad, actualmente denominada Secretaría Nacional de Discapacidad “registra una reducción del 41,2 por ciento”.
En el caso de los hospitales nacionales, se evidencian caídas generalizadas en su ejecución, destacándose el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer (-50 por ciento), el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte (-51 por ciento), el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (-33 por ciento) y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo (-45 por ciento). En contraste, el INCUCAI registra un incremento real del 85 por ciento en comparación con el mismo período del año 2023, y es la única entidad vinculada al sistema de salud que logró evitar ser alcanzado por el ajuste libertario.
Consecuencias
Este “ajuste sobre ajuste” que viene sufriendo el sector sanitario está cambiando de raíz el sistema de atención en el país, retirando a Nación de sus obligaciones y “provincializando” la salud pública. Eso fue a denunciar la FESPROSA a la Asamblea Anual de la OMS el mes pasado, además de remarcar que la salida de la Argentina de su estructura es una decisión exclusiva del gobierno, rechazada por los trabajadores y profesionales y las diversas entidades sanitarias del país.
Así se lo dijo a Data Gremial la presidenta de la entidad, María Fernanda Boriotto, la encargada de llevar el reclamo a Ginebra, Suiza. “La asamblea de la OMS fue un fracaso absoluto para la diplomacia argentina, porque nos e aceptó la salida del país, tan solo se tomó conocimiento de lo planteado, pero de ninguna manera figura en el documento final que se acepta esta idea”, explicó. En este contexto, hubo “una discusión muy trabada que duró tres jornadas, y la verdad el gobierno no esperaba esta discusión, pero eso no ocurrió”, resaltó Boriotti. Parte de esto tuvo que ver con la campaña de FESPROSA contra la salida del país, que incluyó la entrega de una carta al director de la OMS, planteando la clara oposición a la salida, que se planteó “sin debate, ni pasar por el Congreso nacional”. “No hay una justificación sanitaria a la salida de la OMS”, insistió.
Respecto a la crisis sanitaria que se vive por el ajuste y otras medidas que atacan el sistema de salud, Boriotti apuntó a la figura de Mario Lugones, ministro de Salud nacional: “Es un empresario que no tiene la más mínima formación en salud pública, ni en el acceso a la salud como derecho humano”.
Respecto a la sub-ejecución de los recursos, alertó que está generando “un desmantelamiento de programas y políticas públicas sanitarias, que buscaban llevar equidad a las provincias y su población”. Como ejemplo de esto, Boriotti recordó la eliminación del plan de prevención del embarazo adolescente o el Programa Remediar, que en su momento “dieron un resultado impresionante”. “Las consecuencias que esto tiene es una baja de vacunación histórica, el aumento de la mortalidad infantil o un pico de sífilis, por nombrar algunas cosas que pasan por el desmantelamiento de las políticas sanitarias, que había que mejorarlas no eliminarlas”, subrayó Boriotti, que dijo que el impacto en la población “será altísimo, ahora y en el mediano plazo”. La combinación de ajuste y sub-ejecución generan “políticas criminales”, y denunció que el ministro Lugones “ya tiene 200 muertes sobre sus espaldas”, por la falta de entrega de medicamentos de alto costo o la crisis del fentanilo.
Otros ajustes
En cuanto a los recursos que se siguen recortando, no sólo se ven afectado el sistema de salud. Entidades públicas de la ciencia y la tecnología lo sufren. Según el reporte de CEPA, estos organismos “registran caídas significativas en la ejecución presupuestaria”. En el caso del programa de Promoción de la Investigación y la Innovación “estamos ante una virtual paralización con una caída del 85 por ciento del gasto”. Asimismo, se observan reducciones relevantes en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-65 por ciento), el CONICET (-32 por ciento), la Fundación Miguel Lillo (-32 por ciento), el Servicio Geológico Minero Argentino (-29 por ciento), la CONEAU (-27 por ciento), y el Servicio Meteorológico Nacional (-27 por ciento).
En el caso de los organismos de Educación y Cultura, los mismos sufren “severos ajustes”. La Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno cae en 43 por ciento, mientras el Instituto Nacional del Teatro lo hace en 61 por ciento, y el Fondo Nacional de las Artes lo hace en 21 por ciento. La Biblioteca del Congreso de la Nación registra una caída del 41 por ciento, mientras que el Teatro Nacional Cervantes reduce su ejecución en 16 por ciento.
El CEPA no sólo realizó un análisis del gasto por función presupuestaria y por jurisdicción, así como también se incorporan organismos y programas seleccionados, sino que también realizó un reporte comparativo con la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2025, 2024 y 2023. “Es pertinente aclarar que la comparación con ejercicios anteriores se encuentra con la dificultad de que la dinámica inflacionaria imposibilita trabajar con montos nominales”, explicaron. Por ello, se deflactan “los montos ejecutados de ejercicios anteriores, para así darles comparabilidad con la nominalidad del ejercicio actual”. “Dado el ajuste ejecutado por el gobierno nacional en 2024, se genera un efecto de base que puede afectar la correcta comprensión de la dinámica del gasto público, por lo cual se incorpora la comparación con 2023”, concluyó la entidad.