Con casi una semana de diferencia, dos colectivos muy sensibles en la sociedad argentina se manifestaron contra el ajuste libertario: la comunidad educativa y la salud pública. La primera, a través de la cuarta marcha federal universitaria, que reclamó la ley de financiamiento del sector pero que además nucleó a todos los niveles en defensa de la escuela pública en general. En el caso del segundo, organizado por el Foro por el Derecho a la Salud, que se movilizó para rechazar el cierre de programas y el achicamiento a niveles impensados del sistema sanitario nacional. Ambos rubros están especialmente atacados por el modelo libertario, que busca de alguna manera retirar a la Nación de sus obligaciones, transfiriendo el peso del financiamiento a las provincias. Mucho más a partir de la Decisión Administrativa 20/2026, que se conoció hace unas semanas, que profundizó el recorte, y se ensañó con ambos sectores. Así, un análisis de esta polémica medida determinó que el superávit discal que construye el gobierno de La Libertad Avanza se basa “en derechos” de la población, en especial de los que sostienen “condiciones de vida de los sectores populares”. Además, el sistema científico también sufre los embates del recorte, y se temen nuevos despidos y que se acelere la “fuga de cerebros”.
El informe del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE analizó los detalles del brutal ajuste, que tuvo en esta decisión administrativa una profundización. Según el análisis, al que tuvo acceso Data Gremial, el recorte neto sobre la administración nacional “asciende a 2,5 billones de pesos, equivalentes al 1,6 por ciento del Presupuesto 2026”. Sumado a 565 mil millones de pesos de ingresos superiores a los previstos, “la meta de superávit fiscal se eleva a 3,2 billones de pesos anuales”. La medida se justifica en la directiva presidencial de “ajustar el 2 por ciento de los gastos discrecionales para sostener el superávit fiscal comprometido con el FMI”.
La norma reordena partidas en más de una docena de organismos y combina reasignaciones con recortes efectivos en áreas sensibles. Una de las más golpeadas fue salud pública, con un recorte de 63.021 millones de pesos, el más significativo se aplicó sobre el programa Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que perdió 20 mil millones de pesos.
Además, se achicaron los Sistemas Provinciales de Salud, con 25 mil millones de pesos menos; prevención y tratamiento del cáncer, 45 mil millones de pesos menos; Cobertura Sanitaria Compensatoria, 5 mil millones de pesos menos; Enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, 500 millones de pesos menos; INCUCAI, 831 millones de pesos menos y el Instituto Malbrán (ANLIS), que tuvo unas pérdida de 1.162 millones de pesos, comprometiendo infraestructura y proyectos de investigación en laboratorios de alta complejidad.
Ante este nuevo avance sobre el derecho a la salud, gremios de trabajadores y profesionales y entidades sanitarias marcharon esta semana, en una jornada que si bien no tuvo el impacto numérico de la universitaria, mostró el malestar creciente, ante la amenaza de que millones de personas se queden sin insumos elementales, como vacunas y medicamentos. “Nosotros vemos con preocupación que el gobierno nacional no solo busca ajustar, va mas allá, porque ataca el concepto de salud como derecho dejando a millones de personas sin atención médica ni medicamentos con tremendas consecuencias sanitarias”, sostuvo Pablo Maciel, titular de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), uno de los organizador de la jornada de lucha.
En diálogo con Data Gremial, el también secretario general de CICOP recalcó que “la movilización expresó el malestar creciente frente al deterioro de las políticas públicas de salud, el desfinanciamiento de programas nacionales y el impacto concreto que estas medidas ya tienen sobre la vida cotidiana de millones de personas”. Ese día, se denunció que comparado con el 2023, el presupuesto destinado al sector de la salud se redujo un 40 por ciento, con graves consecuencias. La declaración difundida durante la jornada alertó además sobre “el aumento de enfermedades prevenibles, el crecimiento de las internaciones por patologías crónicas y el deterioro de indicadores sanitarios sensibles como la mortalidad infantil y materna”.
Provincialización de hecho
Los ajustes vinculados a la salud y la educación tienen como complemento el drástico desplome de los recursos que deben llegar a las provincias, que son también las afectadas por este recorte millonario. Según el reporte del IDEP, esto se concreta en “más de 971 mil millones de pesos en transferencias directas recortadas”, lo que significan “menos obras, menos servicios y peores condiciones en cada territorio”.
De esta forma, las gobernaciones deben hacerse cargo doblemente de la motosierra libertaria: asumen tareas y servicios que antes brindaba Nación –en provincia de Buenos Aires el cierre del Plan Remediar obliga a llegar el programa Medicamentos Bonaerenses a los 135 municipios –pero lo hacen con menos recursos. Esto, dicen todos, es una “provincialización de hecho”, sobre todo del sistema de salud. “Hoy lo que vemos es que se quiere profundizar una línea de ajuste provincializando de forma completa la salud y los programas nacionales”, alertó Jorge Yabkowski, vicepresidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA). Este plan se completa, según le dijo a Data Gremial, con el “desguace del PAMI, pasando también a las provincias las prestaciones”.
Yabkowski recordó que en la historia hubo “dos oleadas de provincialización de la salud: en los 70 la dictadura militar pasó a jurisdicción de las provincias los hospitales creados por Ramón Carrillo, lo que fue la primera gran descentralización, una política de ajuste del Banco Mundial”. “La segunda oleada de esta política se dio en los 90, allí pasan muchos hospitales a Ciudad de Buenos Aires, como el Borda y el Moyano y el de gastroenterología”, agregó el dirigente. Ante esto, Yabkowski recalcó que “esperemos que los gobernadores, tan sumisos se pongan de pie y no acepten que les ‘tiren por la cabeza’ más responsabilidades sin ninguna transferencia de recursos”. En este sentido, el referente sanitario dijo que el único objetivo de esta política es “aliviar las cuentas de la administración nacional, para tener plata para el superávit ‘trucho’ y poder pagar la deuda externa”.
Por otra parte, Yabkowski criticó el nuevo ajuste que profundiza esta política. “La Decisión Administrativa 20/26 es criminal, como es criminal la disolución del Programa Remediar o del Instituto Nacional del Cáncer, con esta medida se cierran todas las direcciones de prevención de enfermedades trasmisibles y de salud sexual y reproductiva”, resaltó. A esto desde FESPROSA le suman la reducción de los recursos de la ANMAT, la agencia reguladora de medicamentos, que terminó con la crisis del fentanilo contaminado.
Además, recordó que la jornada del 20 de mayo se hizo en el marco de “movilizaciones nacionales muy importante, que indican una situación de alta conflictividad en el sector salud”. Como ejemplo, Yabkowski recordó que esta misma semana hubo 96 horas de paro en la provincia de Santa Cruz, además de jornadas de lucha y movilización en Chaco y Mendoza, además de otros focos de conflicto que se mantienen abiertos en distintas partes del país. “Hay que construir más unidad con mayor amplitud con todas las organizaciones de la salud pública, para tirar abajo el plan sanitario de Milei”, concluyó el dirigente.
Otros ajustes
Que la Decisión Administrativa se haya publicado a horas de la cuarta marcha federal universitaria fue considerado una provocación por los gremios y la comunidad educativa. Es que el ajuste que trae esta medida también golpea con fuerza al sector, en especial las casa de estudio. El trabajo del IDEP estableció que al sector educación se le recortaron 78.768 millones de pesos, más 48 mil millones de pesos del plan Educ.ar.
“El gobierno recortó 78.768.179.759 de pesos en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales”, resaltó el informe. De esta forma, las transferencias a las universidades nacionales “acumulan una caída real del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026”. En tanto, el financiamiento universitario “se encuentra en el 0,4 por ciento del PBI, el punto histórico más bajo del sistema”. Los hospitales universitarios, que atienden a 700 mil pacientes por año, “no recibieron los fondos operativos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026. La deuda acumulada ronda los 20 mil millones de pesos”. Además, los recortes incluyen a otros niveles educativos, a través del ajuste a programas como el Plan Nacional de Alfabetización, el Fondo de Compensación Salarial Docente y el plan de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas
En cuanto al sector científico y tecnológico, el achicamiento también genera alarma. El recorte alcanza los 19.532 millones de pesos, incluyendo la sub-jurisdicción de Innovación, Ciencia y Tecnología. El mayor impacto se da en programas de investigación aplicada. Así, el CONICET tiene un recorte de 3.263 millones de pesos, la Agencia I+D+i 857 millones de pesos y el proyecto de satélites 900 millones de pesos. Ante esto, IDEP concluye que el superávit fiscal “se construye con derechos”. “Los 3,2 billones de pesos de superávit proyectado no surgen de un crecimiento de la economía ni de una mejor recaudación, surgen de recortar medicamentos para pacientes oncológicos, eliminar fondos de compensación salarial para docentes, paralizar escuelas en construcción y reducir transferencias a provincias”, se insistió. “Estos números muestran que la Decisión Administrativa 20/2026 profundiza una tendencia sostenida de reducción del gasto social y de transferencia de recursos desde las áreas que garantizan derechos hacia las cuentas que garantizan el superávit pactado con el FMI”, cerró la entidad.