Esta semana, el aeropuerto de San Luis tuvo que cancelar sus operaciones comerciales, porque las dos autobombas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) estaban inoperables. Algo similar sucedió en Formosa, según denunció la coordinación nacional de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el organismo estatal encargado de la seguridad aerocomercial. El caso del Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda es el ejemplo más extremo de un proceso de ajuste en la ANAC que el gremio estatal viene denunciando. De hecho, si bien la entidad genera ingresos para el Tesoro Nacional por 220 mil millones de pesos al año en concepto de tasas, “solamente le vuelve un tercio de ese monto generado, mientras que al SSEI le llega menos del 10 por ciento”. Por esta razón, desde hace tiempo, “la crisis ya estructural se agudizó en diferentes niveles dependiendo del aeropuerto”. La maniobra no es nueva ni se limita a este sector. Desde hace tiempo, se viene denunciando que la gestión libertaria utiliza fondos destinados a acciones concretas dentro de la estructura estatal para garantizar el equilibrio fiscal.
Lo hace desde hace tiempo en la Dirección de Vialidad Nacional, con el porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos que debe ir al mantenimiento de rutas y no se sabe dónde está, o incluso en el Hospital Garrahan, donde trabajadores y profesionales aseguran que millones de pesos se desvían a la compra de recursos financieros. “Es una ficción”, dicen los gremios.
El manejo de destinar fondos de diversos organismos del Estado para garantizar el superávit fiscal viene creciendo en los últimos tiempos, según denuncian los estatales. Los casos más notorios son los de Vialidad Nacional y el Garrahan, por la sensibilidad de los hechos, pero puede verse en toda la administración pública nacional. El caso de los aeropuertos de San Luis y Formosa se suma a la larga lista y, según las denuncias, incluso pone al Gobierno en situación de violar leyes, ya que muchos de los recursos que se están desviando fueron establecidos por el Congreso, como ocurre con el Impuesto a los Combustibles.
En el caso de la ANAC, se trata de una tasa que paga cada pasajero que vuela en el país y que debe servir para financiar el SSEI, pero que se está utilizando para otros fines. “Para que nos demos una idea de esta maniobra, ANAC está recaudando actualmente 224 mil millones de pesos anuales, de los cuales sólo vuelven 80 mil millones; es decir que sólo se utiliza un 30 por ciento de esos recursos”, explicó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en el organismo. El resto, le dijo a Data Gremial, “va a financiar el equilibrio fiscal, y lo que hace es mantener un esquema financiero ordenado sin cubrir las necesidades básicas del Estado”.
Esta decisión macroeconómica tiene serias consecuencias. Como confirmó Belelli, en la ANAC “estamos con siete u ocho aeropuertos con una merma en su capacidad operativa”. Esto incluye la retención de tareas que realiza el personal, sostenida por el respaldo jurídico que le da el artículo 75 de la Ley de Contrato del Trabajo, donde se establece que los trabajadores deben contar con “seguridad y responsabilidad”. “Ningún trabajador debería ser obligado a operar equipos o realizar tareas sin contar con la estructura logística que exigen las normas”, explicaron desde el gremio estatal respecto de esta situación. “Por esta novedad disminuyeron las frecuencias de vuelo, por ejemplo, y el 6 de noviembre vamos a realizar una medida a nivel nacional, donde se va a ver afectada la operatividad, y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano vamos a hacer un paro ‘a la japonesa’ con controles exhaustivos en vuelos y equipos, dado que, si somos esenciales, no nos dejan parar. Así vamos a protestar”, adelantó Belelli. El caso comenzó a cobrar notoriedad a partir del cierre de los aeropuertos y podría escalar en los próximos tiempos. “El Gobierno mantiene el equilibrio fiscal no utilizando los recursos que se generan en áreas en las que se requiere inversión. Acá estamos hablando de seguridad aérea, que debería ser una prioridad para que el funcionamiento sea el adecuado”, resaltó Belelli.
Impuesto a los combustibles
Estas maniobras de desvío se hicieron notables cuando el personal de Vialidad Nacional denunció la situación de los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) se alertó que el desvío de recursos se venía dando desde el comienzo de la gestión, y se comenzó a calcular la cantidad de recursos que no llegaron al mantenimiento de los caminos nacionales. Incluso, en agosto pasado, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que una porción de los fondos recaudados para la infraestructura vial “es dispuesta por Economía para ordenar las cuentas públicas”, argumentando la complejidad económica heredada. Esto fue una admisión de hecho que ratifica las denuncias del gremio; sin embargo, la Justicia nunca avanzó. “Las presentaciones que fuimos haciendo fueron cajoneadas, junto con otras que hicieron diputados de la oposición”, recordó Fabián Catanzaro, secretario adjunto de la FEPEVINA. Ante la consulta de Data Gremial, el dirigente recalcó que “la ejecución presupuestaria de este año del Impuesto a los Combustibles es bajísima, y en el proyecto de presupuesto 2027 se repite el esquema, confirmando lo que van a recaudar, pero avisando que van a girar menos de lo que determina la ley”.
En un reciente informe, FEPEVINA denunció que mientras el Estado recaudó 5,3 billones de pesos en Impuestos a los combustibles entre enero y septiembre, “sólo devolvió 178.388 millones de pesos en obras viales”, lo que representa “apenas 3 de cada 100 pesos recaudados en el surtidor llegan a la ruta, la peor marca de los últimos tres años (4,8 por ciento en 2024, 6,4 por ciento en 2025)”. A pesar de recaudar el Impuesto a los Combustibles Líquidos en forma suficiente para poner en orden los fondos adeudados, “la deuda del organismo sigue creciendo. Las provincias son las principales afectadas: Buenos Aires representa el 18 por ciento del total de la deuda. La deuda con provincias crece mientras se recauda el ICL. Los recursos existen”.
En un reciente informe, FEPEVINA denunció que, mientras el Estado recaudó 5,3 billones de pesos en impuestos a los combustibles entre enero y septiembre, “sólo devolvió 178.388 millones de pesos en obras viales”, lo que representa que “apenas 3 de cada 100 pesos recaudados en el surtidor llegan a la ruta, la peor marca de los últimos tres años (4,8 por ciento en 2024 y 6,4 por ciento en 2025)”. A pesar de recaudar el Impuesto a los Combustibles Líquidos en forma suficiente para poner en orden los fondos adeudados, “la deuda del organismo sigue creciendo. Las provincias son las principales afectadas: Buenos Aires representa el 18 por ciento del total de la deuda. La deuda con provincias crece mientras se recauda el ICL. Los recursos existen”.
Hospital Garrahan
Uno de los puntos más altos de esta maniobra se dio en el Hospital Garrahan, donde, en el marco de la larga pelea por mejoras salariales y por garantizar el presupuesto para su normal funcionamiento, los gremios denunciaron el desvío de fondos. Esto derivó en un amparo judicial que obligó a las autoridades a informar sobre el uso de los recursos. En el marco del pedido formal de acceso a la información pública, que había sido denegado durante dos años, se estableció que 58.107 millones de pesos se habían desviado a bonos del Estado y títulos financieros: 40.899 millones de pesos en “Bonos, títulos y letras” y 17.208 millones de pesos en el Fondo Común de Inversión. En un comunicado, los trabajadores denunciaron esta situación mientras se recortó un 37 por ciento el presupuesto del hospital: “Es como si en tu casa faltara para el supermercado, pero al mismo tiempo hubiera millones en plazo fijo... y encima siguieran metiendo más plata al plazo fijo. Cuando te dicen que no hay plata para salarios ni insumos, la pregunta es: ¿Y esos 58 mil millones de pesos invertidos en bonos a 13 años?”.
Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras. A esto se suman 400 millones de dólares de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgado para mejorar el tren San Martín. No obstante, el ministro de Economía Luis Caputo lo redirigió hacia el “Programa de apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y Crecimiento”.