Todos los días, llueva o salga el sol, un verdadero ejército de repartidores sale con sus bicicletas o motos a recorrer las calles del país con un único objetico: llegar a un salario digno. Para eso, deben recorrer cada vez más kilómetros, víctimas de un algoritmo que a la vieja usanza del patrón de estancia decide quién ganará más, o quien deberá esperar su turno. Sin que haya una oficina o un encargado a quien reclamarle. La realidad diaria de unos 350 mil repartidores es la postal más clara del modelo laboral del actual gobierno, que impuso en estos casi tres años de gestión cambios profundos en el mercado del trabajo.
Así lo marcan los indicadores socio-laborales del primer trimestre del día, recientemente relevados y analizados por el Instituto de estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, que en base a esos datos oficiales dejó en claro que el sujeto social de esta era es el precarizado.
Es que a partir de las cifras, estableció que rigen en la Argentina de Javier Milei “formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional”. Esto se da en momentos que no aumenta la desocupación, por la posibilidad de ingresar en estos empleos de baja calidad con facilidad, y la pobreza se mantiene en niveles “estables”, que para un país productor de alimentos siguen siendo vergonzantes.
El trabajo del IEF fue realizado por su Monitor de Indicadores Sociales, en base a los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
A partir de esto, determinó que en los últimos años nuestro país “ha experimentado cambios en el mercado de fuerza de trabajo, con un crecimiento de las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional (asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia) y una caíd a tendencial de los ingresos”.
En paralelo, agregó el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial, “se ha registrado un crecimiento de las tasas de actividad y empleo, lo que implica que una proporción cada vez más alta de la población participa activamente del mercado de fuerza de trabajo”. “Ello se explica por cambios demográficos (la caída de la natalidad el más visible de ellos) y, fundamentalmente, por la necesidad de cada vez más personas de obtener una ocupación ante la caída de los ingresos de los hogares”, resaltaron. Así, en comparación con 2016 la tasa de actividad “subió tres puntos porcentuales (del 44,2 al 47,2 por ciento) y la tasa de empleo pasó del 40,8 al 44,2 por ciento”.
El aumento de la tasa de empleo, superior al incremento de la tasa de actividad, explicó el IEF, provocó que en los últimos años “se haya producido una leve caída de la tasa de desocupación, que pasó del 7,7 por ciento en 2016 al 6,4 por ciento en 20244”.
Sin embargo, se aclaró, “al mismo tiempo creció la cantidad de ocupados demandantes de empleo, que pasó del 14 por ciento al 16,7 por ciento en el mismo período”. De esta manera, “a pesar de haberse reducido la desocupación abierta la cantidad de personas que busca activamente trabajo es mayor: en la actualidad uno de los fenómenos más importantes a tener en cuenta es el de los trabajadores que, aun estando ocupados, buscan activamente otro o más trabajo”. En materia de informalidad laboral, se observa una “fuerte disparidad entre las provincias del NOA y NEA, con niveles muy superiores a la media nacional, mientras que en la Patagonia y en la Ciudad de Buenos Aires el empleo no registrado “es significativamente más bajo”.
Claro ejemplo
Si un sector muestra que estas “formas precarias” de sumarse al merado laboral están a la orden del día es el de los trabajadores de aplicaciones. Vuelto el “sujeto social” de la era libertaria –lugar competido por los endeudados, aunque más que excluyentes pueden ser categorías complementarias –muestran cómo se fueron deteriorando las condiciones de empleo, de la mano de un mercado cada vez más volátil. Actualmente, según cifras del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa), son 350 mil las personas que trabajan como repartidores de plataformas en Argentina, cerca de la mitad concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En un reciente informe, el gremio alertó sobre los bajos ingresos, uno de los principales problemas señalados por los trabajadores. Según SiTraRepa, durante los fines de semana un pedido puede pagarse en promedio alrededor de 3.100 pesos, mientras que durante la semana puede bajar hasta los 2 mil pesos. En algunas zonas se llega a abonan 1.200 pesos por viaje y en Mendoza, de acuerdo con el testimonio sindical, existen pagos de alrededor de 900 pesos.
A diferencia de un salario convencional, destacó el análisis sindical al que tuvo acceso Data Gremial, “el ingreso mensual depende de la cantidad de pedidos realizados, las horas de conexión y los costos que debe afrontar cada trabajador, entre ellos combustible, mantenimiento de motos o bicicletas, teléfono y datos móviles”. El SiTraRepa también cuestionó una modalidad de pedidos múltiples que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es, ante tres entregas provenientes de un mismo comercio, la primera puede pagarse al 100 por ciento, la segunda al 50 por ciento y la tercera al 3 por ciento.
“Las tarifas son arbitrarias”, cuestionó el reporte. Todo esto deja al empleado víctima del algoritmo, el cual registra variables como cantidad de pedidos, horarios de conexión, aceptación de viajes, demoras y desempeño. A partir de esos parámetros, los repartidores pueden ser ubicados en diferentes rankings que condicionan el acceso a determinados horarios o pedidos de mayor valor.
Cuestión de género
Como sucede en casi todos los sectores, en materia laboral existe una importante brecha de género, a partir de una diferente en la inserción en el mercado entre varones y mujeres. Según el IEF, la división sexual del trabajo ha llevado a las mujeres a “asumir la mayor parte de las responsabilidades no remuneradas relacionadas con el cuidado del hogar y la familia”. Ese trabajo “reduce el tiempo disponible para emplearse en puestos de jornada completa, lo que genera que sus ingresos sean inferiores a los de los hombres”. Además, la doble jornada (trabajar fuera y dentro del hogar) “limita su acceso a beneficios laborales como bonificaciones, premios salariales o ascensos”.
Esto genera, en muchos casos, que dentro de un mismo espacio de trabajo, las mujeres “cobren menos que los hombres aunque realicen las mismas tareas, lo que se conoce como brecha salarial”.
De esta forma las mujeres suelen ser contratadas en empleos asociados al cuidado y asistencia, como la educación, la salud o la administración pública, sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad, pero con los salarios más bajos en comparación con otros trabajos, lo que “profundiza la desigualdad económica entre hombres y mujeres”.
Este fenómeno se llama segregación horizontal. Un ejemplo es el sector de trabajadoras de casas particulares, predominantemente femenino, con salarios bajos y altos índices de informalidad, lo que les priva de derechos laborales básicos. Por otro lado, la segregación vertical refleja “la dificultad de las mujeres para ascender a puestos de mayor responsabilidad y mejor remunerados, quedando relegadas a roles administrativos u operativos con menos jerarquía y salarios más bajos”.
En el caso de los repartidores, aunque inicialmente la actividad estuvo asociada principalmente con jóvenes que buscaban su primer ingreso, desde SiTraRepa aseguran que el universo cambió, incluyendo cada vez más mujeres, que ya representarían según datos provisorios más del 25 por ciento de los repartidores. Aunque la franja predominante se encuentra entre los 25 y 35 años, también existen trabajadores mayores de 50 y 60 años.