En la cumbre de este año de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se alcanzó un consenso histórico para reconocer los derechos laborales de los trabajadores de plataformas, uno de los sujetos más dinámicos del mercado de trabajo a nivel global. El convenio 193 reconoce “la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva para los trabajadores de apps”, además de darle protección social, fijando “estándares mínimos de seguridad social y salud en el trabajo”. La iniciativa beneficia a repartidores y choferes, entre otros rubros de esta actividad, que está cambiando el panorama de las relaciones laborales en todo el mundo. En la Argentina, estas empresas están sosteniendo el nivel de empleo, tanto entre lo usan como un segundo ingreso como quienes deben recurrir tiempo completo a esa ocupación, expulsados del mercado formal. Cualquiera sea el caso, el tema de las condiciones de trabajo es una de las preocupaciones crecientes, y hay muchas iniciativas para intentar defender los derechos de estos empleados.
Además, crecen los gremios y organizaciones que hacen esta tarea de forma colectiva, pese a los prejuicios que intentó instalar la gestión libertaria respecto al rechazo de estos trabajadores a las estructuras sindicales. A nivel regional avanzan las iniciativas que buscan mejorar las condiciones en las que se desarrollan millones de personas, sobre todo jóvenes.
El intento de dejar afuera de cualquier tipo de regulación a los millones de argentinos que trabajan en plataformas parece chocar con su decisión de organizarse. La reforma laboral aprobada por el gobierno de Javier Milei excluyó a repartidores y choferes de aplicación, lo que no impide que diversas iniciativas busquen mejorar sus condiciones diarias. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo sancionó a una de las empresas emblemas, Pedidos Ya, por las condiciones de contratación de varios de sus empleados.
El tema se judicializó, y hace unos días la Corte Suprema de Justicia bonaerense ratificó la potestad de la cartera que comanda Walter Correa de realizar estas inspecciones y aplicar las sanciones que considere adecuadas, lo que fue visto como un avance en materia de regulación. Desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA) analizaron de la manera positiva esta definición judicial, aunque aclararon que es el principio de un camino, y no el final. “Eso no modifica las relaciones laborales con las que debemos enfrentarnos todos los días, no modifica nada en materia de derechos laborales ni de reconocimiento del trabajo, que es para nosotros, el punto más crítico por el que peleamos”, sostuvo Leandro Hidalgo Robles, referente de la zona sur del gran Buenos Aires del gremio. La situación en esa empresa es “una de las denuncias que llevamos adelante desde hace mucho tiempo”, le dijo a Data Gremial.
El fallo judicial da luz verde al camino iniciado por el gobernador provincial Axel Kicillof, que mediante un proyecto de ley contempla la creación del Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales y establece un esquema de registro, información y fiscalización para las empresas que organizan o intermedian tareas a través de aplicaciones.
Asimismo, la propuesta prevé que las mismas empresas contraten, “a su exclusivo cargo y costo, un seguro de accidentes personales con cobertura por muerte accidental, invalidez y asistencia médica y farmacéutica de emergencia, además de una aplicación provincial que facilite el acceso de los trabajadores a servicios de seguridad y emergencias”. “Lo que se tiene que modificar justamente para el reconocimiento de nuestro trabajo, es la legislación a nivel nacional y en un sentido contrario al de la reforma laboral”, dijo Hidalgo Robles sobre esta y otras propuestas, y recalcó que las iniciativas deben ir “por el reconocimiento del trabajo de los repartidores y no por la legalización del fraude laboral que es esta súper explotación y precarización por parte de las empresas”. En este sentido, recalcó que su anhelo es “conseguir un Convenio Colectivo de Trabajo que sea acorde a nuestra tarea”.
Otras propuestas
Más allá de lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, organizaciones como el SITRAREPA insisten con la necesidad de una legislación nacional, que regule todo el sector, y evite las condiciones de precarización. Una de las últimas propuestas en este sentido la presentó la diputada nacional y sindicalista judicial Vanesa Siley, autora de la denominada Ley de Cuidados para la Persona que Trabaja en Servicios de Plataformas Digitales. Se trata de una iniciativa que ya había acercado en 2024 y que establece un régimen específico de derechos para quienes trabajan repartiendo, entregando o retirando bienes a través de apps como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify, sin perjuicio de la aplicación de las normas laborales cuando corresponda. El proyecto establece libertad horaria para que cada trabajador o trabajadora determine libremente su jornada. “Se considera tiempo de trabajo desde que se loguea en la app hasta que se desconecta”, estipula la iniciativa legislativa en sus fundamentos. Además marca la creación de estaciones sanitarias en la vía pública para repartidores, coordinadas con municipios y CABA, el lanzamiento de un botón de emergencia, es decir el derecho a una app de seguridad que puedan activar ante situaciones de inseguridad en la calle durante la jornada y se establece la compatibilidad con planes sociales.
El proyecto de ley también define lo que cataloga de transparencia algorítmica, es decir el derecho a saber qué parámetros usan los algoritmos que deciden sobre su trabajo, acceso al empleo y elaboración de perfiles y la prohibición del bloqueo arbitrario: ninguna empresa puede desconectarte Hidalgo Robles de la app sin haberte dado derecho a descargo previo. Sobre la propuesta, adelantó que “estamos analizando su contenido, como el resto de las propuestas que van surgiendo, y cuando tengamos una postura la vamos a hacer pública”.
Para conocer su opinión Siley y otros legisladores mantuvieron reuniones con trabajadores de plataformas y representantes de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM). El proyecto cuenta, entre otras adhesiones, con las firmas de los diputados nacionales Sergio Palazzo y Hugo Yasky.
Situación regional
A nivel regional, los trabajadores de aplicaciones comenzaron a contar con nuevas protecciones laborales en distintos países, aunque todavía persisten “fuertes vacíos en materia de derechos, seguridad social y control sobre los algoritmos que determinan ingresos, tareas y hasta la continuidad laboral”. Así lo advierte el nuevo informe Derechos y regulación del trabajo en plataformas en América Latina, elaborado por la organización Derechos Digitales, que analiza las legislaciones adoptadas en Chile, México, Uruguay y Colombia. El estudio examina especialmente la protección de datos personales, la transparencia algorítmica, la no discriminación, la libertad sindical y las condiciones de trabajo.
La expansión de plataformas de reparto y transporte modificó en los últimos años una parte importante del mercado laboral regional. Bajo modalidades presentadas habitualmente como flexibles o autónomas, los trabajadores quedan sometidos en muchos casos a sistemas automatizados que asignan viajes o pedidos, calculan remuneraciones, evalúan su desempeño y pueden bloquear o desactivar sus cuentas.
El informe, al que tuvo acceso Data Gremial, destaca que América Latina comenzó a responder con regulaciones específicas. Chile abrió ese proceso en 2022 y posteriormente avanzaron México, Uruguay y Colombia, aunque con modelos diferentes para definir la relación entre las empresas y quienes prestan servicios mediante las aplicaciones. Uno de los principales problemas sigue siendo precisamente la definición del vínculo laboral. Derechos Digitales advierte que persisten categorías ambiguas entre trabajadores dependientes e independientes, una distinción decisiva para determinar el acceso efectivo a derechos laborales y sistemas de protección social.
A ese debate se suma un aspecto cada vez más relevante para el movimiento sindical: quién controla los algoritmos utilizados por las empresas. Las aplicaciones pueden tomar decisiones que afectan directamente los ingresos y las condiciones laborales sin que los trabajadores conozcan completamente los criterios utilizados. Frente a esa situación, algunas de las nuevas legislaciones comenzaron a incorporar obligaciones vinculadas con la transparencia algorítmica, la protección de datos y la intervención humana ante determinadas decisiones automatizadas.
La discusión regional coincide además con un cambio significativo a nivel internacional. En junio pasado, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la primera norma internacional específicamente destinada al trabajo decente en la economía de plataformas. El convenio reconoce que las plataformas generaron nuevas oportunidades de empleo e ingresos, pero al mismo tiempo señala la existencia de déficits de trabajo decente y establece estándares para proteger a quienes desarrollan estas actividades.
Entre otros aspectos, aborda la determinación correcta de la relación laboral, la libertad sindical y negociación colectiva, la seguridad social y las decisiones tomadas mediante sistemas automatizados. Sin embargo, su aprobación no implica que esas disposiciones ya tengan vigencia automática en los países de la región. Como ocurre con los convenios de la OIT, los Estados deben avanzar en sus respectivos procesos de ratificación para quedar jurídicamente obligados por la norma.