Lamb Weston es una tradicional empresa de alimentos, conocida por la producción de papas fritas congeladas. Hace unos días, anunció el cierre de su planta en la localidad bonaerense de Munro, lo que dejó al menos 100 despidos. Con el correr de los días, la incertidumbre se apoderó de los trabajadores, ya que la firma no dio mayores precisiones de cómo seguirá el tema. Ante esto, desde la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) emitieron un documento, donde alertaron por situaciones similares en todo el sector, afectado por las políticas libertarias. Los 100 cesanteados se suman a los más de 240 mil registrados por un reciente informe, empleados registrados que perdieron su trabajo.
De esta forma, desde que llegó Javier Milei la pérdida de puestos laborales se intensificó, y llegó en el sector formal a los 424 mil. Esto significa que al primer día del año, se perdieron unos 317 empleos por día, es decir, más de tres Lamb Weston diarios. El sector industrial, como vienen denunciando los gremios, es uno de los más afectados, a partir de la apertura indiscriminada de las importaciones y la falta de medidas que protejan a las fábricas pequeñas y medianas. Para los gremios, el panorama no cambiará, y se profundizará en un año donde el crecimiento de la economía se estima será menor que el proyectado.
El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) analiza las cifras oficiales de despidos del sector formal, que suelen tener más protección, pero que en la era libertaria se vio igual de castigado por la crisis laboral. Así, la entidad –que depende de la UBA y el CONICET –publicó su tradicional reporte de empleo, donde se destaca “una caída mensual de 11.300 puestos de trabajo en septiembre y acumula una baja de 57 mil puestos respecto del mismo mes del año pasado”. “Desde noviembre de 2023, la pérdida es de 242 mil puestos de trabajo”, confirmó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
En una mirada de más largo plazo (desde enero de 2012), “esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de agosto de 2022”. En cuanto al empleo público, el número del mes de septiembre de 2025 (3.400.000) fue 0,4 por ciento inferior al valor de septiembre de 2024 (-13. mil) y 1,7 por ciento inferior al de noviembre de 2023 (-58 mil). En cuanto al sector privado, para septiembre de 2025, “6.220.000 de trabajadores eran asalariados formales en empresas privadas (excluyendo el empleo en casas particulares)”.
En comparación con agosto, “hay una pérdida de casi 10.600 puestos (-0,2 por ciento), mientras que en el interanual la caída es de 30 mil puestos (-0,5 por ciento). En relación a noviembre de 2023, se perdieron 154.000 empleos (-2,4 por ciento)”. En 2025, el gobierno de Milei festejó “la sensible baja o estabilidad” del desempleo de 0,3 puntos porcentuales ubicándose al 6,6 por ciento para el tercer trimestre de este año. Sin embargo, el informe del IIEP alerta que esto fue gracias “al crecimiento del cuentapropismo y el trabajo informal que suplieron la caída del empleo formal”.
Según el reporte, “ya son cinco meses consecutivos de baja del empleo asalariado formal total, desde mayo a septiembre de 2025”. Uno de los sectores con mayor pérdida de trabajo formal es la industria. El sector, presenta una “tendencia decreciente” desde septiembre de 2023. Desde ese mes, durante dos años, se perdieron casi 48 mil puestos en el sector, de los cuales alrededor de 21 mil corresponden a lo que va de 2025 y 4 mil al último mes.
Estado de alerta
La destrucción de puestos de trabajo formales –y su posterior reemplazo por empleos precarizados o informales –arecen ser la matriz más importante del modelo laboral del gobierno nacional. Por eso la preocupación de los gremios industriales, que son los más afectados por esta transformación. Luego de la crisis de Lamb Weston, la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se manifestó contra la situación que atraviesan trabajadores de distintas empresas del sector, donde se registran “despidos masivos, suspensiones y retrasos en el pago de haberes”.
Desde el sindicato alertaron que este escenario “impacta de manera directa en las familias y configura un panorama social complejo”. Además de la firma de Munro, se cargó contra “la continuidad de una actitud hostil por parte de Granja Tres Arroyos, que mantiene deudas salariales y de aguinaldo en plantas de Entre Ríos y Buenos Aires”.
“Los conflictos que enfrentan los diferentes gremios afiliados a la entidad ya fueron denunciados por los sindicatos de base a las diferentes sucursales del Ministerio de Trabajo y en los próximos días se esperan audiencias ante las autoridades laborales competentes”, recordó la entidad que lidera Héctor Morcillo. El gremio apuntó contra “el sector empresario por trasladar el ajuste a los trabajadores y advirtió que impulsará todas las acciones administrativas, legales y gremiales necesarias para defender la continuidad laboral y la recomposición de salarios”.
Aun no adelantó las modalidades pero se estima que sería paralización de plantas por turnos o bien paro continuo. Otro conflicto del sector de los alimentos se da en Alijor, donde el STIA Filial Buenos Aires decidió continuar la medida de fuerza en reclamo del pago de salarios adeudados y de una propuesta salarial acorde a la realidad económica actual, tras calificar de “irrisoria” la oferta empresaria y denunciar la falta de diálogo y la priorización de ganancias por sobre los derechos y la estabilidad de los trabajadores.
Otros datos
En tanto, el IIEP además sumó datos del impacto de la baja de los puestos laborales registrados, como los vinculados a la seguridad social. Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social, desde diciembre de 2023 a julio de este año la cantidad de personas que aportaron al sistema “se redujo de los 11.067.737 a los 10.374.389”. Desagregado por las características de la inserción laboral de estas personas, “se observa que las mayores reducciones se dan en quienes hasta ese momento tenían un empleo registrado (191.238 aportantes menos) y los autónomos (52.354 aportantes menos). Por otro lado, la cantidad de monotributistas aumentó: son 45.995 más que en 2023”.
Según especialistas previsionales, el 60 por ciento de lo que ingresa a las arcas de las jubilaciones corresponde a aportes y contribuciones patronales. El 40 por ciento restante ingresa de los impuestos, entre ellos el IVA. Dentro de ese 60 por ciento, además de los aportes y contribuciones, están las multas e intereses de empleadores que no formalizaron a sus trabajadores o que no pagaron a la seguridad social lo que debían.
Con la reforma laboral, se busca reducir un 3 por ciento de las contribuciones patronales para financiar el fondo de desempleo, y a esto se le suma que, en el Decreto 70 y la Ley de Bases, se condonaron multas e intereses que pagaban los empleadores que no tenían regularizados a sus empleados. Por lo cuál esto genera una rotura de la recaudación completa para sostener el sistema.