La Municipalidad de Bahía Blanca informó esta semana que licitará obras entre la intersección con la Ruta Nacional 3, en la zona de El Cholo, y la rotonda de Bosque Alto, un camino nacional que generó denuncias de los usuarios por los problemas que genera la falta de mantenimiento. Ante la falta de inversión de la Dirección de Vialidad Nacional, la gestión comunal avanzará con una obra de mantenimiento y reasfaltado sobre un tramo de poco más de siete kilómetros, uno de los sectores más deteriorados del acceso a esa localidad del sur bonaerense.
Este tipo de acuerdos fue habilitado por la dependencia nacional, que desde el inicio de la gestión libertaria prácticamente abandonó las tareas de mantenimiento en todo el país. Esto generó que en la actualidad, siete de cada 10 rutas bajo su jurisdicción estén en estado “regular o malo”, lo que significa un peligro para la seguridad vial y un costo adicional para la ya golpeada economía argentina.
Así lo denuncio un nuevo informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que reveló datos de todas las provincias, y denunció el “deterioro acumulado, la falta de mantenimiento y la paralización de las inversiones destinadas a la red vial”. La entidad, que participó del inicio del plan de lucha de las tres centrales obreras, además alertó sobre un nuevo avance privatización en el sector.
Desde que asumió Javier Milei, con su motosierra a cuesta, se puso bajo fuego a la Dirección de Vialidad. Con la baja de la obra pública, el mantenimiento de las rutas quedaron paralizadas, algo que se mantiene hasta ahora. Esto generó que FEPEVINA no sólo denunciara a las autoridades y su plan de ajuste, sino que comenzara a revelar datos sobre el estado de los caminos, ante la falta de información.
En su reporte de junio, se confirmó el deterioro sostenido que se inició en diciembre del 2023. “Actualmente más del 70 por ciento de la red vial nacional presenta tramos en estado regular o malo”, una proyección elaborada a partir del seguimiento realizado por el gremio sobre el terreno y de los últimos registros oficiales disponibles.
Esto genera “altos costos de operación vehicular”. Además, el informe al que tuvo acceso Data Gremial detectó “seccionales altamente congestionadas con bajo Índice de Servicialidad Presente (ISP), deteriorando la capacidad y el nivel de servicio”. Por el mal estado de las rutas, FEEPEVINA recalcó que “la velocidad media se redujo a 60 kilómetros por hora”. Uno de los problemas que se detectaron más frecuentemente fueron las banquinas sin control de acceso: “Giros anárquicos que aumentan la potencialidad de accidentes”.
El deterioro de las rutas argentinas bajo jurisdicción nacional “no solo incrementa los costos de circulación y transporte, sino que también reduce la velocidad promedio de circulación, aumenta la congestión y eleva el riesgo de siniestros viales”. Según el documento, la infraestructura vial constituye “un factor determinante para prevenir accidentes y minimizar sus consecuencias sobre la vida de las personas”. Todo esto tiene un impacto económico. “Por cada peso no invertido oportunamente en mantenimiento vial, se deben gastar entre 3 y 5 veces más en la rehabilitación posterior”, explicó el reporte de FEPEVINA.
Además, las pérdida anuales estimadas por el gremio por esta realidad “fluctúan entre el 1 y el 3 por ciento del PBI por sobrecostos de operación vehicular y reconstrucciones evitables, sin contar el impacto indirecto por pérdidas de producción, desincentivos a la inversión y accidentes adicionales”.
El documento sostiene que la situación atraviesa a todas las provincias y vincula “el deterioro de la infraestructura con el proceso de desfinanciamiento que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad”, al que califica como “el más profundo de las últimas décadas”. Además, alerta sobre las consecuencias que esta política puede tener para la seguridad vial, el transporte de cargas y la actividad productiva.
Presupuestos y despidos
Otro de los puntos centrales del relevamiento apunta a la ejecución presupuestaria, en medio del ajuste, y el despido de personal, sostenido en la idea de cerrar el organismo, algo que se anunció pero las movilizaciones de los trabajadores y gremios y la justicia frenó. Sobre el primero de los temas, FEPEVINA sostiene que, al cierre del primer semestre de 2026, solo se había devengado el 33,6 por ciento del presupuesto asignado a Vialidad Nacional y apenas el 27,5 por ciento había sido efectivamente pagado, pese a que ya había transcurrido la mitad del año.
El documento agrega que los programas vinculados a obras de seguridad vial y mantenimiento de puentes y alcantarillas “registran 0 por ciento de ejecución, mientras que dos de cada tres pesos previstos para infraestructura permanecen sin utilizar”.
En cuanto a la dotación del personal, el informe describe “un fuerte retroceso en la estructura operativa de la Dirección Nacional de Vialidad”. Según FEPEVINA, desde marzo de 2024 se produjo “un proceso sostenido de despidos, retiros voluntarios y jubilaciones que redujo significativamente la dotación del organismo, afectando especialmente a ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas, perfiles considerados estratégicos para el mantenimiento de la red vial”.
De acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento, la planta pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a aproximadamente 4.340 en la actualidad, mientras que la proyección elaborada por la entidad advierte que podría descender hasta los 3.800 agentes si continúan las desvinculaciones previstas. “La combinación de reducción presupuestaria, paralización de obras, pérdida de personal especializado y debilitamiento institucional configura un escenario que compromete la capacidad del Estado para garantizar el mantenimiento de la infraestructura vial nacional”, concluyó FEPEVINA.
Protesta
Ante este panorama de ajuste sobre ajuste de una estructura con más de 70 años de vida como Vialidad Nacional –cuyos trabajadores estuvieron en la Guerra de Malvinas construyendo y manteniendo las pistas de aterrizaje, por ejemplo –FEPEVINA viene resistiendo y denunciando este plan sistemático de achicamiento.
Por eso, la entidad participó junto a otros gremios estatales de la jornada de lucha del miércoles pasado en el Congreso, donde dejaron plasmado su preocupación por la situación general del país y la particular de su actividad. “Participamos de esta y de otras medidas de fuerza que se hagan en el marco de un plan de lucha, nuestro rol tanto en el Frente de Gremios Estatales como en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) es profundizar aquellas medidas y planes de lucha que decidan las centrales obreras”, le dijo a Data Gremial el secretario Gremial y de Prensa de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro.
Respecto al informe, el dirigente marcó que además de las cuestiones de fondos, trabajaron con la entidad estrellas amarillas para determinar el aumento de los accidentes viales vinculados al mal estado de las rutas, ante la falta de estadísticas oficiales. “Se han triplicado los muertos. Estamos hablando de alrededor de 7 mil muertos por año en todo el país sobre las rutas nacionales”, remarcó Cattanaro. Todo esto genera alarma, y por eso la promesa de sostener los reclamos, junto a otros sectores. “Desde los gremios tenemos que profundizar estas medidas para tratar de generar algún efecto real y concreto con esto”, dijo.
Respecto a la movilización de esta semana, Catanzarro se esperanzó que “sea recordada como un día de quiebre, de movilización del movimiento obrero contra el gobierno de Javier Milei”. En este sentido, el FEPEVINA reclamó “profundizar esta dirección, San Cayetano es una movida histórica, anunciada cada año, hay que ponerle mucho énfasis en lo que va a pasar un día antes, en el Congreso, cuando se tratará la ley de extranjerización de la tierra. Generar una unidad concreta que genere resistencia”.