Con un par de decisiones conocidas esta semana, el gobierno nacional profundizó su alineamiento con la política sanitaria de los Estados Unidos. Desde la visita de su secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., se comenzaron a acercar las posturas, empezando por la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se concretó hace unos días. Además, se dejó de aplicar de forma obligatoria la vacuna contra el Covid-19, como parte de los cuestionamientos hacia la entidad internacional. Ahora, el país dio un paso más, y como parte del acuerdo de libre comercio con el país del norte anunció un proceso de desregulación de las patentes de los medicamentos.
En concreto, se eliminaron una serie de restricciones que se imponían para que los laboratorios multinacionales cobren por la producción local de los productos, lo que permite tener algunos fármacos más baratos, desde genéricos hasta terapias de alto costo. La medida sorprendió porque no estaba en el radar mediático, y puso en alerta a varios sectores. Por un lado, especialistas en salud pública creen que la primera consecuencia será un aumento de algunos medicamentos. En tanto, en la industria farmacéutica y el sector minorista de farmacias temen que la aplicación de patentes afecte el nivel de actividad, y con ello el empleo “podemos ser la próxima industria textil”, alertaron.
Mediante una resolución conjunta entre los ministerios de Economía y Salud, y el del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se decidió la desregulación del sistema de patentes para medicamentos, una medida que según la cartera sanitaria busca “la modernización” de estos mecanismos. Según se informó, la gestión de Javier Milei avanzó en la “modernización del régimen de propiedad intelectual aplicado al sector farmacéutico mediante la derogación de una normativa vigente desde 2012 que imponía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes”. A partir de la resolución Conjunta 1/2026, la Argentina adopta “un esquema alineado con estándares internacionales, donde las solicitudes de patentes serán evaluadas caso por caso según los criterios generales de la ley: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
La reforma fortalece “el rol técnico del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), permitiéndole analizar cada innovación sin restricciones adicionales que, en la práctica, limitaban el desarrollo y la llegada de nuevas tecnologías farmacéuticas al país”. En este nuevo marco, la ecuación dicen en el Ministerio de Salud "es clara": más protección a la innovación es igual a más empresas que traen sus terapias a Argentina y a un acceso más rápido a los mejores tratamientos.
En concreto, se eliminan las llamadas Guías de Patentabilidad, creadas en el 2012 para permitir la producción de algunos tratamientos en el país sin pagar derechos de patente. Esto no sólo permitió un mayor acceso a la salud de millones de personas, sino además robusteció la industria farmacéutica, que ahora puede perder parte de su actividad. “Hay mucha incertidumbre”, le dijo a Data Gremial un referente del sector, que espera que haya más señales desde el gobierno para saber cómo se implementará esta desregulación.
Más allá de esto, admitió que “la industria nacional siempre se mantuvo a distancia de Estados Unidos y Europa, y el dique de contención con estas guías”. Sin ellas, se puede caer el nivel de actividad, y con ello el empleo. “El sector se puede convertir en la industria textil, o la industria de los alimentos o cualquier que no pueda competir con las importaciones. El Estado se lava la mano pero mantiene altos los impuestos”, aseguró esta misma fuente. En el país, la cámara de laboratorios nacionales CILFA emitió un documento donde expresa su postura, y si bien no se enfrentó de manera directa con la medida del gobierno alertó sobre las consecuencias que puede traer la medida.
Advertencia
Para los laboratorios nacionales, es clave lo que pueda hacer el INPI a partir de este nuevo paradigma. “Confiamos en la idoneidad y la capacidad técnica del INPI para que continúe realizando el análisis de patentabilidad de manera rigurosa y sobre bases científicas, concediendo patentes a auténticas innovaciones farmacéuticas y rechazando las patentes de evergreening”, afirmaron desde CILFA, mediante un comunicado.
Según su mirada, “la cuestión trasciende el interés privado de las empresas que CILFA representa y afecta, lisa y llanamente, el interés público en materia de salud y acceso a los medicamentos”. “Resulta imprescindible mantener una política pública clara y sólida que preserve la competencia en el mercado farmacéutico, de modo que los pacientes y el sistema de salud puedan acceder a medicamentos genéricos y biosimilares a menor precio, sin dilaciones artificiales e indebidas de años”, afirmaron.
Desde la entidad recordaron que “los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en 2.214 millones de dólares anuales, a precios de septiembre de 2024. Si a esa suma se agregan los ahorros generados por nuevos lanzamientos o por moléculas no incluidas en el estudio de FIEL, el ahorro puede estimarse en el orden de los 3.321 millones de dólares para el año 2025”. Esto implica “no solo mayores ahorros para los gobiernos nacional, provinciales y municipales, así como para las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, sino también una expansión de la cobertura a más pacientes, gracias a la posibilidad de los financiadores de tratar a más personas con menos recursos”.
Seguridad social
Otro de los temas que genera alerta es cómo impactará el cambio en el precio de los medicamentos. Un incremento puede poner en jaque la ya deteriorada seguridad social, que componen las obras sociales sindicales. En este sentido, ya hay alarma sobre como la reforma laboral le quitará recursos a estas entidades, algo que puede empeorar si suben los gastos en tratamientos, que suelen tener un péso importante en sus cuentas.
Además, si los laboratorios recienten su actividad, podrían salirse de acuerdos como el que tienen con el PAMI, donde sostienen un precio diferenciado para que los jubilados accedan a sus fármacos. “Esto es un cambio de época, se le pega a la línea de flotación de la salud”, le dijo a Data Gremial otra fuente cercana al sector de la dispensa. En el caso de la obra social nacional, recordó que “se mantiene por aporte de laboratorios y farmacias, sin eso hay millones de personas indefensas”. Otro punto que preocupa es el atraso en la llegada de nuevas terapias, por el aumento del gasto en patentes.
En un documento emitido luego de la resolución, el Ministerio de Salud defendió la iniciativa vinculada a las patentes. En este sentido, marco que los beneficios concretos para los argentinos serán varios. "Más y mejores medicamentos: Un sistema de patentes más claro y previsible acelera la llegada de nuevos tratamientos, incluyendo terapias innovadoras que hoy demoran en ingresar al mercado local", explicaron.
Además, hablaron de mayor inversión en salud: la seguridad jurídica es clave para atraer inversiones en investigación, desarrollo y producción farmacéutica, generando empleo y desarrollo tecnológico. "La Argentina deja de ser una excepción regulatoria y se alinea con estándares internacionales, facilitando su inserción en cadenas globales de innovación", se dijo, Protección total del acceso actual: "La medida incluye una salvaguarda clara: ningún producto que ya está en el mercado puede ser retirado ni requerirse retribución. Los medicamentos disponibles hoy seguirán disponibles sin cambios". Por último, se destacó que habrá más competencia en el largo plazo: "Un sistema moderno de propiedad intelectual promueve un ecosistema más dinámico, donde conviven innovación, producción local y acceso".